El Consejo Interuniversitario Nacional convocó para este martes una nueva marcha federal universitaria para reclamar contra el ajuste en educación superior, la caída del presupuesto y el deterioro salarial de docentes y trabajadores no docentes. La movilización en todo el país tendrá su centralidad frente al Congreso nacional (Buenos Aires) y será la cuarta protesta nacional de las universidades contra el gobierno de Javier Milei.
La convocatoria está prevista para las 17 horas y reunirá a estudiantes, docentes, rectores y gremios universitarios. El eje central de la protesta será el reclamo por la crisis de financiamiento que atraviesan las universidades públicas y el pedido para que se aplique la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025 y actualmente suspendida por decisión judicial.
- Uno de los principales cuestionamientos de las universidades apunta a la caída del presupuesto destinado a la educación superior. Para 2026, el Gobierno nacional presupuestó $4,8 billones para el área, pero las proyecciones inflacionarias indican que eso representaría una baja real del 18,4% respecto de 2025 y del 42% en comparación con 2023.
Además, durante el primer cuatrimestre de este año el Gobierno destinó $1,5 billones a las universidades, cifra que representa una caída real del 7,9% interanual y del 30,7% frente a 2023. También se redujeron los gastos de funcionamiento destinados a servicios y mantenimiento de edificios, que registraron una baja del 40,8% respecto de hace dos años.
- Otro de los reclamos centrales está vinculado con los hospitales universitarios. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en los primeros cuatro meses de 2026 el Gobierno sólo ejecutó el 9,3% de los fondos destinados a esas instituciones. Esto implicó una caída real del 67,1% frente a 2025 y del 86,4% respecto de 2023.
- La situación salarial de los docentes también aparece como uno de los puntos más sensibles del conflicto. De acuerdo con datos de Conadu, en abril de 2026 un docente con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió un salario bruto de $332 mil.
Esa cifra representa una caída real del 8,8% respecto de abril de 2025 y una pérdida acumulada del 34,2% desde noviembre de 2023. A su vez, el presupuesto destinado al pago de salarios de docentes, autoridades y trabajadores no docentes cayó 26,3% frente a 2023.
Las universidades también alertan sobre la reducción de la inversión por estudiante. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el financiamiento universitario por alumno cayó a $2,4 millones, el nivel más bajo registrado desde 2004. Actualmente, el sistema universitario argentino cuenta con alrededor de 2,5 millones de estudiantes y más de 220 mil trabajadores entre docentes, autoridades y personal no docente.
- Otro de los ejes de la protesta será el reclamo para que se aplique la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025. La norma establecía una actualización automática de las partidas presupuestarias y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines de 2023. Aunque el Gobierno nacional vetó la ley en septiembre de 2025, el Congreso rechazó ese veto y ratificó la vigencia de la iniciativa. Sin embargo, el pasado 7 de mayo la Justicia suspendió su aplicación y habilitó al Gobierno a recurrir ante la Corte Suprema, que ahora deberá definir el futuro de la norma.
En este contexto, las universidades aseguran que la movilización busca visibilizar el impacto del ajuste sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y reclamar una respuesta urgente para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional.
En medio del conflicto con el sector - y lejos de una propuesta de acuerdo - el gobierno de Milei avanzó con nuevos recortes a todo el sector educativo por un total de $78.768 millones. La decisión fue oficializada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial del pasado lunes. En detalle, el nuevo ajuste fue aplicado en programas de la Secretaría de Educación, además de dejar sin efecto las transferencias que estaban estipuladas para realizar obras de infraestructura en las casas de estudio de todo el país.
Por otro lado, desde Casa Rosada también suprimieron el Fondo de Compensación Salarial Docente, que tenía por objetivo equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales. En este punto, la quita del Gobierno reflejó un total de $8 mil millones.
También hubo recortes en materia de infraestructura y equipamiento, por un total de más de $21.500 millones. En detalle, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas tuvo una baja de $6.649.536.538, con particular foco en las becas estudiantiles: perdieron más de $559 millones.
En referencia a las universidades nacionales, el gobierno de Milei recortó más de $5.000 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento. En este sentido, las obras permanecen suspendidas en trece casas de estudio de todo el país.
En Salta:
La decisión de acompañar la convocatoria federal fue acordada en una mesa intersectorial en pasado miércoles, en la que participaron autoridades de la Universidad Nacional de Salta, gremios docentes y no docentes, centros de estudiantes, el CONICET y el Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia”.
*con información de Ámbito