Año nuevo con ideas viejas

La reciente emisión de un DNU multiplicado y posteriormente la llamada “Ley Ómnibus” vinieron a trastocar el clima habitual en estas semanas festivas. El Poder Ejecutivo abre de este modo un escenario de altísima conflictividad social, económica, pero por sobre todo política.
Si reunimos ambas medidas “extraordinarias” se consumaría una reforma constitucional de facto, nada en Argentina volvería a ser igual. Ambas medidas, en conjunto, se cuelan en todos los espacios de la sociedad, prácticamente no hay zona libre de su influencia, ni los clubes de fútbol escapan a esta revolución legalista implantada a fuerza de decretos.
Sabemos que un 29 % de la población escogió esta alternativa de cambios en la primera vuelta que es la que realmente cuenta ya que la segunda vuelta no es electiva (ya no elegimos) sino optativa entre dos opciones en las que ganó Milei con 55.6 % de los votos. Esta escala ya ayuda a relativizar el escenario triunfalista que exhibe el actual elenco de gobierno. Los cambios en la sociedad se hacen en forma consensuada. La misma noche que anunciaron las medidas comenzó el repicar de cacerolas y la gente se reunió espontáneamente frente al Congreso. No en vano: el Congreso Legislativo es el órgano de gobierno que, eventualmente, podría convocar y convalidar una reforma estructural de ese tipo sin avasallar las instituciones del Estado.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) cuestionó el DNU que anunció Milei, tras considerar que la derogación y modificación de tantas leyes "no se puede hacer a través de un instrumento excepcional", y advirtió que "se pone en riesgo la libertad cuando el mismo órgano hace y aplica la ley" cuestionando que, de aplicarse, vulneraría el principio de división de poderes sobre el que asienta la república como sistema. El abogado Eduardo Barcesat, conocido constitucionalista, fue contundente al condenar como “violencia institucional” y “avasallamiento del estado de derecho” a las medidas que, a su juicio, no pueden tener curso legal porque colisionan nada más y nada menos que con la Constitución Nacional que prohíbe expresamente tomar medidas unilaterales al Poder Ejecutivo.
El argumento que esgrime el Presidente consiste en redoblar la apuesta, amenazando con una crisis drástica de la economía presentando un escenario apocalíptico acerca del futuro y prometiendo que, de admitirse el disparate jurídico institucional que propone, “en 35 años seremos como Irlanda”.
El paquete que envuelve las medidas del DNU y la Ley ómnibus tiene de todo menos originalidad: las viejas recetas del liberalismo fiscal que enarbola el FMI flamean a sus anchas en cada medida económica y financiera. Nada es novedoso ni hay ingenio en la aplicación o estrategias flamantes para estimular la producción. Es un avance impresionante del mundo empresarial hacia la sociedad para restar derechos y sumarse prerrogativas que ya se ensayaron en los gobiernos del Proceso, Menem y la Alianza del ministerio de Cavallo con los resultados que todos conocemos: menos que cero.
Lo que preocupa seriamente es el escenario de altísima conflictividad social que causarán estas medidas puestas en funcionamiento. Una de ellas, por ejemplo, declara que tres o cuatro personas reunidas en la calle ya constituyen una manifestación y caen dentro del esquema represivo que un decreto ministerial de la señora Bullrich advierte que está prohibido. Manifestarse está prohibido. Una pena que la Constitución Nacional (artículos 14, 19 y 32) garantiza este derecho y además, otorga la libertad de resistir medidas de gobierno arbitrarias.
El 2024 traerá cambios, indudablemente. Con este programa de gobierno las instituciones que son el sostén de la república ya se han puesto en alerta. Se ha llamado a sesiones extraordinarias al Congreso. Ya han solicitado medidas de amparo judicial a la Corte Suprema para anular el DNU y la Ley Ómnibus. Los reclamos se van a multiplicar ya que no existe área de la vida pública que no se haya visto afectada por alguna ley o derogación de leyes vigentes que propone este conjunto de directivas que mantienen fuerza de ley hasta tanto sean tratadas por la Legislatura, y aprobadas, modificadas o rechazadas.
El Congreso ahora tiene la palabra.
* por Alejandro Bovino Maciel (Diciembre 2023 - Buenos Aires)