La recuperación como alternativa al encarcelamiento: un programa que apuesta al tratamiento y la reinserción social

La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, y el ministro de Salud Pública de la Provincia, Federico Mangione, firmaron un convenio de cooperación institucional para la implementación conjunta del “Programa Interinstitucional de Intervención Judicial y Terapéutica en Personas con Consumos Problemáticos”.

La iniciativa interinstitucional está dirigida a personas mayores de 18 años bajo pautas de conducta, suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional o medidas alternativas a la prisión efectiva, en los casos donde exista un vínculo clínicamente relevante entre el consumo de sustancias psicoactivas y el conflicto con la ley penal, con el objetivo central de reducir la reincidencia.

El esquema de trabajo se canalizará de manera coordinada entre la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (OMAS) de la Corte de Justicia —dependiente de la Oficina Judicial Penal (OfiJu)— y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la cartera sanitaria.

El programa contempla una fase inicial de evaluación interdisciplinaria y selección de antecedentes a través de la OMAS y el Ministerio. Posteriormente, los participantes completarán un ciclo estructurado de dos meses de duración, el cual incluye:

• Talleres grupales psicoeducativos semanales y entrevistas individuales de apoyo terapéutico y sociofamiliar.
• Grupos reducidos de un máximo de 10 integrantes por cohorte para garantizar un adecuado manejo grupal.
• Sede presencial: Los encuentros se desarrollarán en el dispositivo de orientación ubicado en calle Sarmiento 491.
• Objetivos específicos: Brindar herramientas de autorregulación emocional, prevención de recaídas y fortalecimiento de redes de contención social y laboral.
• Confidencialidad: Integrar la supervisión judicial con el cuidado de la salud, limitando la información al ámbito judicial a los datos estrictamente necesarios de asistencia y participación, preservando la reserva clínico-terapéutica y cumpliendo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326).

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años, renovables automáticamente, reafirmando el compromiso interinstitucional de ofrecer respuestas eficaces y humanizadas orientadas a la inclusión social.

Herramientas judiciales para la reinserción

A través de este convenio, los jueces penales cuentan con una nueva herramienta al momento de decidir. Así, dentro del marco de medidas como las pautas de conducta (reglas obligatorias para mantener la libertad), la suspensión del juicio a prueba (que frena el proceso penal y evita antecedentes), las condenas de ejecución condicional o las medidas alternativas al encierro, los magistrados podrán disponer la incorporación de las personas a este dispositivo específico orientado a la rehabilitación y la reinserción social.

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