Sonia Escudero seguirá al frente de la comisión de Justicia

La senadora salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal/ Salta) fue ratificada esta tarde al frente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta. Además, seguirán en sus cargos Marina Riofrío (San Juan/ FPV) y Mario Cimadevilla (Chubut/UCR) como vicepresidenta y secretario, respectivamente.

En el encuentro, que tuvo lugar en el Salón Illia del Palacio Legislativo, se delinearon los principales temas de la agenda de la comisión para los próximos meses. En tal sentido, la senadora Escudero señaló que las modificaciones en la legislación en materia de lavado de activos será una de las prioridades para el cuerpo que preside. “Para dar cumplimiento al pedido de la Presidenta de la Nación durante la inauguración de las sesiones es preciso contar con un informe de los reclamos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, advirtió.

Asimismo, el cuerpo se abocará a la discusión de otras problemáticas de enorme actualidad como son los accidentes viales -una de las principales causas de muerte en la Argentina-, y, también, modificaciones en la ley de trata de personas.

Por otra parte, se giraron para la firma algunos dictámenes pendientes del año 2010: el primero es de autoría de la senadora María Eugenia Estenssoro, acerca de la extensión del plazo de prescripción de la acción penal en los casos de delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores. La iniciativa plantea que el plazo de prescripción comience a correr cuando el menor (víctima) cumpla la mayoría de edad.

También, se hicieron circular los despachos de comisión sobre dos proyectos de la senadora Escudero: uno plantea crear una base de datos a nivel nacional de información estadística criminal; el segundo, en tanto, propone la confección de un registro de intérpretes ad hoc a cargo del Consejo de la Magistratura, en respuesta a un problema detectado en la provincia de Salta ante la aparición de narcotraficantes de origen extranjero –principalmente de Europa del Este- y las dificultades que se suscitaron durante la tramitación de las causas ante la imposibilidad de contar con traductores diplomados.

El objeto de este último proyecto es asegurar la intervención inmediata de intérpretes en cualquier idioma extranjero y en los idiomas de los pueblos indígenas que habitan el país, de modo de garantizarles el derecho de defensa y respeto a la identidad étnica del indígena imputado, procesado, actor o demandado. Asimismo, se decidió incluir un artículo para disponer, también, de intérpretes que dominen el lenguaje de señas.

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