Solicitan al IPV modifique requisitos hoy restrictivos de acceso a la vivienda a mujeres en situación de violencia

El cuerpo legislativo municipal capitalino sancionó Sobre Tablas una Resolución mediante la cual se solicitará al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), de curso favorable a una petición elevada por la Fundación “Tomar Acción” mediante Exp. Nº 272236. La entidad pide se reconsidere la cláusula publicada en la página web del organismo que bajo el titulo Requisitos, obliga a las mujeres que inician la solicitud de vivienda presenten la sentencia judicial que otorga a su cargo la tenencia de sus hijos. Situación que se considera es restrictiva al no contemplar la situación de violencia sobre mujeres incluidas en el Decreto Nº 2654/14 del Poder Ejecutivo Provincial que declaró la emergencia en materia de violencia de género.

La Resolución de autoría de la concejal Romina Arroyo fue acompañada por el voto de los diferentes bloques políticos al momento de su tratamiento. La petición de la Fundación “Tomar Acción”, que preside Antonieta Plaza, se sustenta en la defensa de los derechos difusos del colectivo de mujeres en situación de violencia en Salta y según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Provincial y el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El escrito que elevó la Fundación al IPV pide además que se elabore un Protocolo de acción ante situaciones probadas de violencia de género y familiar, en pos de promover los vínculos familiares de ellas y de la promoción de los derechos de sus hijos (Convención Internacional de los Derechos del Niño, también de jerarquía constitucional). También la suspensión de los plazos de presentación de formularios FORMA 2010-REV: 03, hasta tanto se adecuen a las normativa provincial y nacional.

La concejal Arroyo destacó el trabajo de la Fundación “Tomar Acción” -dedicada a atender a las mujeres en situación de vulnerabilidad- en el Concejo Deliberante, todos los miércoles de 14 a 17, fruto de un convenio entre la institución que preside Antonieta Plaza y el cuerpo deliberativo.

Coincidió en la necesidad que el IPV atienda la petición de la Fundación, por la obligatoriedad de tener la tenencia judicial de los hijos, un requisito discriminatorio. Dijo que curiosamente el IPV lleva adelante el control técnico y de gestión de los refugios destinados a las mujeres víctimas de violencia y paradójicamente no permite el acceso a la vivienda a quienes sufren esa situación. Acompañó el pedido de la Fundación además teniendo en cuenta que hoy está vigente un Decreto provincial que declaró la emergencia en materia de violencia de género.

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