Tucumán: por "presunto caso de comercialización de drogas", intervienen un municipio
09/06/2025
El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, decidió este lunes mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) intervenir la ciudad de Juan Bautista Alberdi y designó como normalizador a Guillermo Norry.
La medida se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que habilita la intervención de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional, y establece un plazo de intervención no mayor a 180 días.
La intervención se originó cuando la semana pasada trascendió la difusión de un audio que involucra a funcionarios del municipio -entre ellos el hoy exintendente Luis Campos- con presuntos casos de comercialización de drogas.
El audio filtrado viralizó una supuesta conversación telefónica donde se escucha decir, “La droga la manejo yo”. En conversación con un supuesto empresario de la construcción se escucha: “Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Necesitás un Al Capone para gobernar, no necesitás un Lassie.”
Es así que en horas de la madrugada arribaron a la ciudad de Alberdi los ministros del Interior, Darío Monteros, su par de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el titular de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa, el fiscal Adjunto, Raul Ferrazzano, el jefe de Policía, comisario Joaquín Girvau y el propio Norry.
El instrumento legal prevé que la intervención se extienda por hasta 180 días, tiempo durante el cual se deberá llamar a elecciones puesto que aún no se cumplió la mitad del mandato. De todas formas se debe reunir la Legislatura para aprobar la decisión del PE y convertirlo en ley.
La lectura fue supervisada por la escribana Olga Inés Navarro, a cargo del Registro de Gobierno.
Por cuerdas separadas, en la madrugada de hoy y por una orden judicial, efectivos de la Policía y de Gendarmería allanaron los domicilios del ahora ex intendente Luis Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán; además de tomar los edificios de la Intendencia y del Concejo Deliberante.
En su primer acto administrativo, el interventor dejó sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal, como paso inicial para restablecer el orden institucional y garantizar el funcionamiento legal del municipio.
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