Robo de caños del Gasoducto GNEA: anulan la prisión domiciliaria al exintendente de Aguaray y lo envian a prisión

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta revocó el jueves pasado la prisión domiciliaria al exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, condenado en 2021 por el delito de robo agravado por ser cometido en banda y en despoblado en el caso del robo de 228 caños del Gasoducto GNEA en el norte provincial.

En un fallo unánime, los jueces dispusieron a su vez, el alojamiento del exjefe comunal en el Complejo Penitenciario Federal NOA 3, ubicado en la ciudad de General Güemes. La medida se cumplirá una vez que la unidad carcelaria confirme el cupo respectivo.

La resolución fue instada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes llevaron adelante la investigación y también la litigación del caso, que se inició a fines de 2019 tras la denuncia de vecinos de la localidad de Aguaray, que veían pasar camiones cargados con caños del Gasoducto, una obra pública que tenía previsto beneficiar a 1.700.000 personas del noroeste y noreste argentino, pero que resultó frustrada por estos robos.

Este aspecto fue resaltado por el fiscal general al rebatir ayer el pedido de la defensa, quien buscó mantener la prisión domiciliaria del exintendente. La medida le había sido impuesta transitoriamente por el tribunal luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 30 de abril pasado, que confirmó la condena de 6 años y 6 meses de prisión que le fue impuesta el 16 de diciembre del 2021. El tribunal oral dispuso esa modalidad de cumplimiento a la espera de la resolución de un recurso de reposición que había planteado la defensa contra el fallo de la Corte, que comunicó su rechazo el 15 de mayo.

El caso

El robo de caños del Gasoducto GNEA ocurrió entre diciembre de 2019 y abril de 2020. Los hechos se cometieron en los parajes El Tonono, en Tartagal, y El Desemboque, en General Mosconi, mientras que también hubo un intento en la finca Ñacatimbay, en Aguaray.

Por estos hechos, la fiscalía llevó a juicio a diez personas. El debate se desarrolló entre junio y diciembre del 2021. Cinco imputados fueron condenados y el resto resultaron absueltos, uno de ellos por pedido del mismo Ministerio Público Fiscal.

Además de Prado, resultaron condenados Diego Alos, dueño de la firma OSYPSA SA, por el delito de defraudación a la Administración Pública y robo agravado por ser cometido en despoblando y en banda. Recibió una pena de 6 años de prisión.

Por el mismo delito, Adrián Vera, dueño de una firma que llevaba su mismo nombre, también fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión. Andrés Ayala, gerente de PERTESER S.R.L., recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de robo en despoblado y en banda.

El último de los condenados fue Matías Rossi, titular de la empresa COMARFIL S.A., quien recibió una pena de 1 año de prisión condicional, en este caso por el delito de encubrimiento de un bien de procedencia ilícita, agravado por el ánimo de lucro.

Dante Rodríguez, quien había llegado a juicio imputado por el delito de robo agravado de 14 caños en noviembre de 2019, fue absuelto por pedido de la fiscalía en función del beneficio de la duda, lo que fue ratificado por el tribunal.

Por último, el tribunal también dispuso la absolución del exsecretario de Haciendas del municipio de Aguaray, Fredy Marcelo Céspedes; de los gerentes de la firma MyP Servicios Especiales, Milton Saavedra y Bruno Degoy, y del encargado de la empresa Vera SA, Cristián Buczek.

MPF Nación

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