Se profundiza el desmantelamiento de las políticas de prevención y atención a la violencia de género

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció el viernes pasado la eliminación de 13 programas para mitigar la desigualdad de género. Esta medida profundiza un proceso de desmantelamiento de las políticas públicas con enfoque de género. Entre 2023 y 2024, el presupuesto nacional para las principales políticas de prevención y atención a la violencia de género cayó un 85%.

Se trata de 13 programas destinados a la reducción de las brechas de género y la prevención de la violencia de género. Este anuncio se enmarca en una política más amplia y sostenida, como el cierre de áreas específicas, recortes presupuestarios, subejecuciones y despidos masivos, tal como alertó recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los programas que se cerraron se encuentran iniciativas diseñadas para intervenir en situaciones críticas, como el Programa de Apoyo Urgente e Integral ante Casos de Violencias Extremas y el Programa de Fortalecimiento de Dispositivos Territoriales de Protección, orientados a prevenir y a acompañar situaciones de violencia de género.

Frente a las señales de alarma que emitieron varias organizaciones, el Ministerio justificó la medida en supuestas “deficiencias de gestión” y “falta de estrategia integral”. Sin embargo, el Estado no presentó evidencia que respalde estas afirmaciones ni demostró esfuerzos previos por corregir dichas fallas. Lejos de proponer alternativas superadoras, se optó por desfinanciar y suprimir sin más, evitando contemplar que son programas que surgieron para dar respuesta a un problema estructural que persiste y que exige presencia estatal. En 2024, en Argentina hubo un femicidio cada 30 horas, según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La decisión de discontinuar 13 programas que, según la comunicación oficial, representaban un gasto de 6.000 millones de pesos no es un hecho aislado. Cabe destacar el fuerte recorte en las partidas presupuestarias destinadas a prevenir y atender la violencia de género, especialmente en el Programa Acompañar y la Línea 144, que ocurrieron en 2024.

En este escenario, la discusión sobre el margen para asistir a las víctimas de violencia no puede quedar desvinculada de las decisiones que un Estado puede adoptar para distribuir los recursos disponibles. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los miles de millones de pesos que el Estado dejó de recaudar del impuesto a las ganancias a magistrados/as y funcionarios/as de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (en 2023 esta exención fue de 285.728 millones de pesos en valores nominales), vemos que equivale a 4,2 veces lo que costó el programa Acompañar (67.755 millones de pesos, también en valores nominales).

La eliminación sin reemplazo vulnera obligaciones claras del Estado argentino en materia de derechos humanos, establecidas en tratados internacionales con jerarquía constitucional. También ignora las advertencias de organismos internacionales, que alertan que negar la violencia de género o desfinanciar las políticas que la abordan debilita seriamente la legitimidad institucional y la respuesta pública frente a una problemática de altísima importancia.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
*imagen ilustrativa

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