Imputan a dos mujeres por trata de personas que usaban un inmueble destinado a una Fundación

En el marco de una investigación penal iniciada por la Unidad Fiscal Salta, la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez hizo lugar el viernes a la imputación formalizada contra de dos mujeres por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por el número de víctimas.

La acusación fue instada por el fiscal general Eduardo José Villalba, quien lleva adelante la investigación, en la cual ahora se encuentran imputadas Rita Vaca y Cándida Isabel Martínez, aunque no se descarta que existan otras personas implicadas en el hecho.

Al presentar el caso, el fiscal reveló que las pesquisas se iniciaron tras recibir una denuncia verbal que daba cuenta de la actividad ilícita en un sector de un inmueble ubicado en calle Astigueta al 600, a pocas cuadras del centro capitalino.

El inmueble, según aclaró el representante del Ministerio Público Fiscal, es el mismo que fue decomisado el 14 de enero pasado, en el marco de una condena dictada por el juez Alejandro Augusto Castellanos, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, al homologar un acuerdo de juicio abreviado rubricado por el mismo fiscal Villalba y recaído sobre los dueños de la vivienda.

El fiscal señaló que aquella condena se dictó a raíz de una investigación abierta por el mismo delito ahora imputado a Vaca y Martínez, aunque en esa ocasión se lo atribuyó a los dueños de la casa, en la que habían montado un prostíbulo.

En el acuerdo condenatorio, la fiscalía logró de manera inédita el decomiso del inmueble, el cual fue entregado al Estado Nacional. El bien fue luego cedido al Ministerio de Desarrollo Social de Salta, el que, a su vez, entregó un sector a la fundación “Volviendo a Casa”, donde se llevaban adelante talleres y actividades de concientización sobre el delito de trata de personas.

El resto de la propiedad, en tanto, quedó como albergue de las numerosas víctimas que fueron rescatadas, quienes con el correr del tiempo emigraron, con excepción de dos de ellas, Vaca y Martínez, a quienes se les permitió quedarse dado que por los efectos de la pandemia del COVID-19 no pudieron conseguir otra vivienda.

Asimismo, se firmó entonces un acta, mediante la “cual se comprometieron a no incurrir en esta clase de actividades delictivas”. El fiscal señaló en la audiencia que esto, sin embargo, no sucedió, pues las dos acusadas, que habían señalado que se dedicaban a la prostitución, en realidad “su tarea era la de recaudar”.

La investigación

El fiscal aclaró que todo esto se pudo establecer gracias a un prolijo trabajo del personal de la División de Trata de la Policía provincial, que recopiló suficiente material probatorio en base a tareas de campo e inteligencia.

A pedido de la fiscalía, el miércoles pasado se llevó adelante el allanamiento de ese sector de la vivienda, como también de otra casa ubicada en la esquina, a pocos metros. Como resultado, siete víctimas fueron rescatadas y se detuvo a las dos imputadas.

Entre otras diligencias coordinadas por la auxiliar fiscal Nazarena Guzmán Alsina, el fiscal resaltó la colaboración en el caso de la psicóloga de la Unidad Fiscal Salta, Verónica Olguín, y de la directora general de Abordaje Integral de la Violencia por Motivos de Género, María Laura López Ahanduni, perteneciente al gobierno provincial.

“No estoy avanzando en contra del ejercicio de la prostitución, sino del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el que realmente estaba cometiéndose en dichos inmuebles”, explicó el fiscal, quien no descartó que las acusadas estén siendo regenteadas por otras personas implicadas.

Villalba describió los elementos secuestrados en ambas viviendas -los mismos accesorios utilizados para los servicios sexuales que allí se llevaban cabo- y citó algunos dichos de las víctimas, quienes apuntaron a una de las acusadas como la “encargada” de una de las habitaciones.

Señaló que el daño causado por el accionar de las acusadas en el bien jurídico protegido “es nada menos que la libertad [de las víctimas], la que pierden al quedar sometidas a esta clase de delitos, en el que ya no se ven cadenas ni se comete en un sótano”.

“Ahora, las cadenas son invisibles, como la pérdida de la libertad que sufren las víctimas, quienes son tan aisladas que, en muchas ocasiones, no salen nunca de los claustros donde son explotadas para el beneficio económico de otras personas”, agregó.

El fiscal recordó la obligación del Estado nacional, adquirida a través de compromisos internacionales, de investigar a fondo esta clase de hechos, como también de velar por las víctimas e incluso gestionar su asistencia.

Por último, al abordar las medidas de coerción, el fiscal fue consecuente con las premisas de este delito y, por el momento, desistió de pedir que ambas mujeres permanezcan privadas de su libertad, pues no descarta que también sean víctimas.

No obstante, solicitó que se les impongan medidas restrictivas, entre ellas someterse al proceso, no obstaculizar la investigación, la prohibición de salir del país y no acercarse al inmueble decomisado, que quedó recuperado y puesto a disposición de la cartera social provincial.
fuente: MPF Nación

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