Aguaray: el exintendente Jorge Prado, y los empresario Alos y Vera fueron declarados culpables por el robo de caños del Gasoducto GNEA

03/12/2021

El resto de los acusados, entre ellos el ex secretario de Haciendas del municipio de Aguaray, cuatro empresarios y dos hombres que trabajaron en la extracción de los caños, resultaron absueltos. El lunes se llevará a cabo el juicio de determinación de pena.

Tras cinco meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta dio a conocer anoche su veredicto respecto a la responsabilidad penal de las diez personas llevadas a juicio por los delitos de robo agravado y defraudación a la Administración Pública.

Como estaba previsto, el juez Abel Fleming (presidente) y sus colegas Gabriela Catalano y Domingo Batule iniciaron la audiencia a las 8.30, oportunidad en la que los acusados se dirigieron al tribunal antes que el cuerpo inicie la deliberación.

A excepción de Prado, quien trató de tomar distancia de la acusación realizada en su contra por el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, el resto de los imputados se declararon inocentes y agradecieron al tribunal y a la fiscalía por el buen trato recibido a lo largo del debate.

Pasado el mediodía, los jueces y la jueza volvieron a la sala y dieron a conocer su veredicto. En una larga exposición, que demandó casi 10 horas, dieron su parecer respecto a los hechos, las pruebas y la calificación jurídica del caso.

Como resultado de ello, declararon culpables del delito de robo agravado por ser cometido en banda y en despoblado, en calidad de coautores, al ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado; al titular de la empresa OSYP SA, Diego Alos; y al empresario Adrián Vera.

Por otro lado, descartaron la acusación por defraudación a la Administración Pública y, en cuanto a Vera, le sumaron el delito de falsificación de documentos.

En esta decisión el tribunal compartió la acusación planteada por la fiscalía en su alegato del 28 de octubre pasado, cuando requirió la declaración de responsabilidad penal de Prado, Alos y Vera por su participación en el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, considerado el mayor caso de corrupción en torno a una obra del Estado Nacional.

En otra coincidencia con la fiscalía, el tribunal dispuso la absolución de Dante Rodríguez, quien había llegado a juicio imputado por el delito de robo agravado de 14 caños en noviembre de 2019. La fiscalía había pedido la absolución por el beneficio de la duda, lo que fue ratificado por el tribunal.

Los jueces y la jueza también jueces dispusieron la absolución del ex secretario de Haciendas del municipio de Aguaray, Fredy Marcelo Céspedes; de los gerentes de la firma MyP Servicios Especiales, Miltón Saavedra y Bruno Degoy; del titular de la empresa COMARFIL S.A., Matías Rossi; y del encargado de la empresa Vera SA, Cristián Buczek.

También fue absuelto, por el beneficio de la duda, Andrés Ayala, gerente de la empresa PERTERSER S.R.L.

Resuelta la responsabilidad penal, el tribunal pospuso el juicio de determinación de pena para el próximo lunes, oportunidad en la que la fiscalía y las defensas alegaran respecto a las penas que propondrán para los tres imputados declarados culpables. Los jueces deberán analizar los pedidos y resolver en un segundo veredicto, tal como lo establece el Código Procesal Penal Federal, el cual rige para Salta y Jujuy desde junio de 2019.

Plan criminal

Concluido el veredicto, el fiscal Villalba se mostró conforme con la decisión del tribunal, ya que “los tres responsables principales del robo de los caños fueron declarados culpables y esto confirma lo que la fiscalía dijo desde el inicio del juicio: la puesta en marcha de un plan criminal para robarse los caños”.

En cuanto a las absoluciones dictadas, el representante del Ministerio Público Fiscal fue cauto y señaló que “vamos a evaluar más a fondo los argumentos esgrimidos por el tribunal y si entendemos que es necesario recurrir la sentencia se procederá en ese sentido”.

En sus fundamentos, el tribunal se refirió en duros términos a las conductas de Prado y Alos, a quienes calificaron como socios del “plan criminal” aludido por la fiscalía. Para el tribunal, estos dos acusados tuvieron como único objetivo la concreción del mayor saqueo posible de los caños del gasoducto GNEA.

El tribunal tildó a Vera de mentiroso y “vende humo”. Los jueces y la jueza resaltaron la falta de “resonancia afectiva” y la utilización que realizó de las personas con las que tuvo trato para aprovecharse de ellas en función de sus cometidos delictivos.

El tribunal entendió que el robo de los caños se trató de un único hecho, el cual se inició el 19 de diciembre de 2019, cuando Prado y Alos se reunieron en una estación de servicio de la capital de Salta para poner en marcha un primer tramo del plan delictivo.

Este plan consistió en la gestación de la Resolución Municipal N°1.215, la cual fue urdida con el único fin de darle “ropaje legal” al traslado de los bienes que tenían proyectados saquear de una planta petrolera instalada en la finca de Ñacatimbay, en la localidad de Aguaray. Ello se frustró por la férrea resistencia del administrador de esa propiedad.

En vista de ello, Alos y Prado redireccionaron la maniobra hacia los caños ubicados en el paraje de Tonono, ubicado en el municipio de Tartagal, para lo cual cambiaron la resolución a fin de justificar la extracción y traslado de esos caños, siempre bajo el falso argumento que se trataba de pasivo ambiental.

Esta maniobra les permitió el robo de 67 caños, pero volvió a naufragar el 7 de febrero de 2020, cuando se produjo el primer procedimiento y secuestro de un camión con caños robados del gasoducto. Ello derivó en que el ex intendente y el empresario mendocino volvieran a reorientar el saqueo, esta vez hacia el paraje El Desemboque.

En este segundo tramo del plan criminal, explicó el tribunal, Vera tuvo una intervención clave en materia de logística, pues se instaló en la zona y urdió todo lo necesario para el saqueo de otros 161 caños, de los cuales 123 fueron a parar a un predio de la empresa MYP y otros 5 a PERTESER SRL.

Para los jueces y la jueza, Prado, ALOS y Vera fueron los principales responsables del robo de 228 caños, aunque no descartaron -como también lo señaló la fiscalía- que hayan sido más. Fleming, en este punto, resaltó la inversión de 2 mil millones de pesos que demandó la obra del gasoducto, la cual estaba dirigida a beneficiar a 1.700.000 habitantes de la región norte y noroeste del país.

fuente: MPF Nación

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