Delitos de Lesa Humanidad: juzgan a cuatro ex jefes policiales por el homicidio agravado de un trabajador

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta inició esta ayer el juicio seguido al jefe de la Policía provincial, Joaquín Guil; su segundo, Virtom Modesto Mendíaz; el ex jefe de la Dirección de Personal de esa fuerza, Roberto Arredes; y el ex comisario José Manuel Reinoso, por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y el homicidio cometidos en perjuicio de Calixto Zalazar, trabajador del Matadero Municipal.

El debate, tal como estaba previsto, comenzó a las 10.30 con la presencia virtual de los acusados, quienes en principio se abstuvieron de prestar declaración, según lo informado por la defensa oficial, que representa a Mendiaz, Guil y Arredes, y el abogado Marcelo Arancibia, defensor de Reinoso.

Previamente, el presidente del tribunal Mario Marcelo Juárez Almaraz -quien interviene junto a los vocales Federico Díaz y Marta Liliana Snopek, con Gabriela Catalano como cuarta jueza- dio a conocer a través de la secretaria del tribunal, María Inés Heredia Galli, la acusación formulada por el fiscal general Carlos Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila. Los representantes del MPF participaron de la audiencia por medios remotos y de forma presencial, respectivamente.

En tal sentido, se expuso que los acusados, quienes ocupaban cargos jerárquicos en la Policía de Salta al momento del hecho, tuvieron participación en calidad de autores mediatos del homicidio de Zalazar.

Según la pieza acusatoria, la víctima fue secuestrada en los primeros días de septiembre de 1976 y su cadáver fue descubierto el 6 de ese mes en un terraplén de Villa Primavera, en la zona oeste de la ciudad. El cuerpo apareció envuelto en una bandera argentina y con una ametralladora en una de sus manos.

Sobre su muerte, la cual comenzó a ser investigada a partir de la denuncia de uno de sus hijos el 27 de agosto de 2009, la fiscalía pudo establecer que Zalazar fue detenido y alojado en dependencias de la ex Comisaría Cuarta, que funcionó como un centro clandestino de detención.

También se precisó que la muerte se produjo por un fuerte golpe propinado en la nuca, lesión sufrida durante su detención, y se determinó que los familiares de la víctima fueron amenazados por la policía a fin de que no hicieran la denuncia del caso, pues les indicaron que podrían correr la misma suerte.

Imputaciones

Como resultado de la investigación penal llevada adelante por el Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, encabezada por el fiscal Amad, se logró establecer la responsabilidad y correspondiente procesamiento de los cuatro imputados por los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.

También se le imputó el delito de “privación Ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas e imposición de tormentos”, acusación que fue enmarcada en delitos de lesa humanidad.

Tal calidad, después de distintos planteos realizados por la fiscalía y las defensas, fue confirmada en agosto de 2018 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso la realización del debate en el fuero federal.
Concluida la lectura de la acusación, las defensas de los acusados volvieron a plantear la incompetencia del tribunal. El juez Juárez Almaraz dispuso que la petición quede pendiente para ser resuelta una vez que se complete la etapa de prueba del juicio.

Los primeros testigos del debate comparecerán en la siguiente audiencia, fijada para el jueves próximo.

fuente: MPF Nación

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