Desde enero a la fecha se recibieron 900 denuncias por abusos policiales, piden que se oficialice el Comité para la Prevención de la Tortura

La delegación del INADI Salta expresó su preocupación por el retraso que lleva la oficialización del Comité para la Prevención de la Tortura. Según estadísticas de la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, durante el 2020 las Fuerzas de Seguridad fueron uno de los diez ámbitos más consultados por la población. Asimismo la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke informó que desde enero a la fecha, fueron recibidas 900 denuncias por abusos policiales en la provincia de Salta.

El objetivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promover la aplicación de directivas, recomendaciones y criterios a las autoridades competentes. También se ocupa de generar herramientas integrales para eliminar los casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios; todo ello se enmarca dentro de los lineamientos de trabajo que lleva adelante el INADI a nivel nacional.

Con el fin de lograr el pleno ejercicio de los derechos y libertades inherentes a cada una de las personas sin ninguna distinción, es necesario partir del reconocimiento de las desigualdades sociales, atendiendo al hecho de que estas inequidades se traducen en consecuencias diferenciales para determinadas personas y grupos de personas: por ejemplo, la situación socioeconómica de pobreza y exclusión social, la racialización, el rango etario y el género son variables amplificadoras de la desigualdad. De este modo, las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos se intensifican considerablemente para aquellas personas que se encuentran socialmente identificadas por estas variables. En este sentido, no es lo mismo ser joven que ser joven e indígena, o que ser joven, indígena y estar en situación de pobreza.

Allí radica la importancia de detenernos en el fenómeno de la discriminación y su entrecruzamiento con la violencia institucional. La discriminación niega el principio de igualdad establecido por los derechos humanos y asigna prejuicios y estereotipos negativos sobre la base de factores como el color de la piel, el aspecto físico, la situación socioeconómica, el género, la edad y la nacionalidad, entre otros. Cuando hablamos de discriminación, racismo y xenofobia, hacemos hincapié en el reconocimiento de un conjunto amplio de prácticas, discursos y procedimientos sociales e institucionales que, sobre la base de pretextos o asignación de atributos, dan como resultado la restricción de los derechos de las personas. Entre esas prácticas se encuentra el hostigamiento y maltrato institucional (violencias), ejercido con particular virulencia sobre los grupos históricamente discriminados.

Por todo ello sostenemos que es fundamental el trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales en materia de prevención de la violencia institucional, teniendo en cuenta que muchas veces son los marcos regulatorios emitidos por los gobiernos los que habilitan a las fuerzas de seguridad a ejercer prácticas vulneratorias de los derechos y garantías de las personas. Esta tarea incluye tanto el diseño de estrategias institucionales para la prevención de la violencia institucional, como la promoción del respeto a los derechos humanos, para que sean reconocidos y ejercidos por todas las personas. Además, es necesario el fortalecimiento de la justicia para sancionar a las personas responsables de este tipo de delitos y reparar a las víctimas, rompiendo el patrón común de la impunidad.

En este sentido, el INADI reafirma su compromiso con el principio de la igualdad de derechos e insta al fortalecimiento institucional que de cuenta de garantías para la prevención de hechos de violencia institucional, entendiéndolo como un fenómeno complejo que abarca desde la detención “por averiguación de antecedentes” hasta las formas más extremas de violencia como la tortura física y psicológica o el asesinato.

Dónde denunciar:

Si sos víctima de violencia institucional o conocés a alguien que fue o es víctima de violencia institucional comunicate con:

  • Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Comunicate al 0800-122-5878 ó al 1140917352. También podes escribir a DNPCVI@jus.gov.ar
  • INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
    Racismo). Comunicate a la línea 168 – 0800@inadi.gob.ar
  • Ministerio de Seguridad de la Nación. Comunicate a la línea 134; podes enviar un correo electrónico a: denuncias@minseg.gob.ar ; y descargar el formulario de denuncia anónima
  • Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta. Denuncias web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales

fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nación – INADI
* foto ilustrativa

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