Con un comunicado y un par de videos organizaciones sociales y de derechos humanos buscan concientizar sobre los últimos casos de abusos policiales

12/08/2020

Por medio un comunicado de prensa y con dos videos advirtieron sobre los echos acaecidos en los últimos tiempos y que involucran a la policía provincial.

El comunicado reza:

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, TRABAJADORES DE LA CULTURA, CIUDADANAS Y CIUDADANOS, NOS HEMOS CONVOCADO PARA DENUNCIAR QUE EL GOBIERNO DE GUSTAVO SÁENZ HA CONSOLIDADO EN SALTA UN RÉGIMEN REPRESIVO OTORGANDO SUPERPODERES A LA POLICÍA CON EL INCONSTITUCIONAL DECRETO 255 Y CON EL NOMBRAMIENTO DE JUAN MANUEL PULLEIRO, UN MILITAR QUE REIVINDICA LA DICTADURA DE VIDELA, COMO MINISTRO DE SEGURIDAD.

COMO RESULTADO DE ESTA POLÍTICA HAY EN LA PROVINCIA UN PROMEDIO DE 23 DENUNCIAS DE ABUSOS POLICIALES POR DÍA. El gatillo fácil, las golpizas y torturas en dependencias policiales y en los traslados de detenidos, los allanamientos de domicilios sin orden judicial, la represión a comunidades originarias, a las movilizaciones populares y trabajadores en reclamo de derechos, a los asentados en búsqueda de tierra y techo, a migrantes y trabajadores informales y el armado de causas judiciales configuran una situación de violación a los Derechos Humanos, a las normas constitucionales y a los tratados internacionales a los que como país hemos suscripto.

Es la misma política que, en el contexto de la crisis provocada por la pandemia, se está aplicando en todo el país, especialmente sobre los sectores más vulnerables. Sólo que en Salta se ha perfeccionado el método y la policía, como en Chile, dispara directamente a la cara. Así, en los últimos meses, le van sacando los ojos por lo menos a seis hombres, porque muchos no denuncian por temor.

En enero perdió el ojo por heridas con balas de goma Jorge Luna, un joven de 26 años de barrio Unión.

En febrero Luciano Cruz, 19 años, un albañil que salió de trabajar y antes de ingresar a su casa en barrio Norte Grande fue acribillado a tiros de goma por policías que le reventaron un ojo y lo dejaron tirado haciendo abandono de persona.

En mayo Adrián Mercado, un hombre de 31 años de Gral. Ballivián, al que le dispararon en el estómago y en el ojo por andar sin barbijo.

En junio Ariel Aguirre, 45 años, un vendedor ambulante que fue herido durante un brutal allanamiento en barrio La Paz y a quien también dejaron tirado haciendo abandono de persona.

En julio Carlos Jonathan Avalos, 24 años, un joven asentado que estaba con su bebé en brazos, durante un desalojo en la zona norte.

Y también en julio Néstor Avalos, un soldado de 25 años que en la noche del 30 de julio, estando en casa de su padre en barrio Norte Grande, salió a comprar a un kiosco. Le dispararon desde el interior de un móvil policial y lo dejaron tirado en la calle haciendo abandono de persona. Quedó con un ojo destruido y le truncaron la carrera militar.

Hechos que demuestran que no se trata, como alega el gobierno, de “casos aislados”, sino de una práctica sistemática de represión.

De estas atrocidades son responsables el gobernador Sáenz, su ministro Pulleiro y los legisladores oficialistas que han convertido en ley 8191 el decreto 255 que viola garantías constitucionales como el derecho a defensa y a un juicio justo.

POR ESTO EXIGIMOS:

-QUE LA LEGISLATURA SALTEÑA DEROGUE LA LEY 8191

-QUE LA CORTE DE JUSTICIA DE SALTA DEROGUE EL DECRETO 255.

-LA RENUNCIA INMEDIATA DE PULLEIRO.

-LA REPARACIÓN ECONÓMICA PARA LAS VÍCTIMAS QUE HAN QUEDADO MUTILADAS DE POR VIDA, AFECTADAS FÍSICA Y PSICOLÓGICAMENTE E IMPOSIBILITADAS DE LLEVAR UNA VIDA LABORAL NORMAL.

-JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS.

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