Durante un reclamo dañaron el edificio del IPV ahoran deberán pagar por los daños causados

30/07/2019

La jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por siete personas que habían llegado a la audiencia imputadas por el delito de daños calificados.

La jueza les impuso por el término de dos años a Carlos Joaquín Guardo, Juan Carlos Salazar, Juan Manuel Ruiz, Iván Alexander Arrieta, Andrés Alberto Peralta, Jorge Miguel García y Gonzalo Antonio Lizárraga las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio y comunicar al tribunal todo cambio dentro de las 48 horas; prohibición de ejercer actos de violencia en contra de los denunciantes y las víctimas; entregar al IPV la suma de cinco mil pesos en carácter de reparación del daño, la cual será depositada en una cuenta bancaria, pagaderos en el caso de los imputados Carlos Joaquín Guardo y Juan Carlos Salazar en dos cuotas con vencimientos el 9 de agosto y el 9 de septiembre de este año; entregar al IPV, cada uno de los imputados, la suma de cinco mil pesos en carácter de reparación del daño pagaderos, en el caso de los imputados Iván Alexander Arrieta, Andrés Alberto Peralta, Jorge Miguel García, Juan Manuel Ruiz y Gonzalo Antonio Lizárraga en tres cuotas con vencimientos el 9 de agosto, 9 de septiembre y 9 de octubre de este año; entregar cada uno de los imputados mercadería por la suma de dos mil pesos al comedor comunitario El buen samaritano, de barrio Floresta de la ciudad de Salta (los imputados Carlos Joaquín Guardo y Juan Carlos Salazar, en dos entregas el 9 de agosto y el 9 de septiembre; el resto de los imputados, en tres entregas con vencimiento el 9 de agosto, 9 de septiembre y 9 de octubre); no cometer nuevo delito; abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; someterse a los controles de la Secretaría de Derechos Humanos para el seguimiento de las medidas impuestas.

El hecho por el que llegaron a la audiencia los siete imputados ocurrió en julio de 2013, en el edificio del Instituto Provincial de Vivienda. En esa oportunidad, miembros de organizaciones sociales se instalaron en la sede a modo de reclamo. Cuando personal de Infantería arribó al lugar se produjeron diferentes daños en las instalaciones.

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