Villada: “Estamos dispuesto a tomar el toro por las astas para que todos los vecinos puedan acceder a los servicios públicos”

De esta manera el candidato a diputado provincial por Primero Salta y presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada, se refirió a las gestiones que realiza para que los vecinos de la ciudad puedan obtener el Certificado de Viviendas Familiares que entrega la Administración Nacionales de la Seguridad Social (Anses). A tales fines se llevará adelante este miércoles a horas 9.00, un encuentro, en el edificio legislativo junto al director de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Norte de la ANSES, Federico Nuñez Burgos y miembros del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con la finalidad de brindar información.

Ese certificado es otorgado a personas que viven en asentamientos radicados en terrenos pertenecientes al Estado o a particulares, teniendo como función que quienes habitan esas superficies puedan acreditar su domicilio a través de un documento valido tanto por autoridades nacionales, provinciales, municipales y empresas privadas.

Durante un encuentro con vecinos del barrio 20 de Junio, Villada se refirió al Decreto Nacional N° 358/17 que crea el mencionado instrumento “el Certificado de Viviendas Familiares, es una herramienta muy útil y proactiva para dar una solución a la injusticia que viven muchos habitantes de nuestra ciudad, que no pueden acceder a los servicios públicos”.

Cabe resaltar que Villada es autor de la Resolución sancionada por el Concejo Deliberante mediante la cual se declara de Interés Municipal el mencionado Certificado. Además en el articulado de la iniciativa insta al Departamento Ejecutivo Municipal a generar y promover la difusión del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y del Certificado de Vivienda Familiar, creada por el Decreto Nacional N° 358/17, a los fines de ayudar a organizar la demanda y brindar apoyo logístico a la ANSES y a las organizaciones sociales que trabajan en el marco del ReNaBaP. También se establece que desde el organismo legislativo se hará conocer la Resolución a las empresas prestadoras de los servicios públicos, específicamente Agua del Norte, Gasnor y Edesa, a los fines de garantizar la inclusión de estos barrios a los servicios públicos.

Consiente de las dificultades que atraviesan muchos vecinos de la ciudad, el candidato a diputado provincial señaló “muchos fueron estafados por privados que no terminaron el trámite de loteos, otros se asentaron en terrenos fiscales, y tienen inconvenientes para obtener los servicios básicos. Mediante este documento, que es válido no solo por las autoridades públicas, sino también por las empresas privadas se puede solicitar el acceso al agua, al gas y a la luz”.

El Certificado de Viviendas Familiares se entrega desde junio a través del Anses a personas que viven en asentamiento radicados en territorios pertenecientes al Estado Nacional o particulares. La función principal de ese documento es que las personas puedan acreditar su domicilio a través de una certificado que es considerando valido por autoridades públicas nacionales, provinciales municipales y empresas privadas. El cual se desarrolló de manera conjunta con la ayuda de organizaciones sociales quienes están recorriendo los barrios para ubicar familias y personas que hoy en día no tienen como certificar su domicilio y por tanto quedan excluidos de tramites fundamentales

Entre los principales beneficios de CVF se encuentra la posibilidad de que las familias soliciten y accedan a servicios públicos como agua corriente, electricidad, cloacas o conexiones a la red de gas natural. Asimismo, sirve para declarar el domicilio legal o fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP, lo que permite realizar trámites para solicitar la Clave Único de Identificación Tributaria (CUIT), Y/o la Clave única de Identificacion Laboral (CUIL) y solicitar prestaciones de salud y previsionales.

La implementación del certificado se logró luego de realizar un relevamiento a un total de 4100 barrios populares en todo el país, 145 en la provincia de Salta y 43 en el departamento capital. Los cuales fueron identificados entre agosto de 2016 y mayo de 2017 por un relevamiento preliminar llevado a cabo por la jefatura de Gabinetes de Ministros y organizaciones sociales. Se trata de barrios con un mínimo de ocho familias y donde más de la mitad de los habitantes no tiene títulos de propiedad no acceso al menos de dos servicios básicos.

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