Diputados del Bloque Justicialista apoyan el proyecto de equidad tarifaria impulsado por Salta

17/09/2016

Los argentinos y particularmente los salteños fuimos testigos de una puesta en escena, cual si fuese una obra de ficción, con respecto a la Audiencia Pública en la que supuestamente se escucharía la opinión ciudadana referida al aumento del gas que amenaza con hacer un daño inmenso en las vapuleadas economías familiares.

Lejos de brindar una detallada información previa acerca de las diferentes variables a tomar en cuenta para establecer un eventual aumento de la tarifa, el Gobierno Nacional se limitó a anticipar un incremento inicial del 203 % y un cronograma de subas semestrales, que a su vez fue presentado como una especie de oferta considerando las intenciones de aumento de 1000 % planteada inicialmente y luego reducidas al 400 %.

Con esta determinación que insinuaba una cosa ya juzgada, la audiencia poco más que se convirtió en un mero paso burocrático exclusivamente organizado para cumplir con lo establecido por la Ley, porque en definitiva de nada sirvió lo que expusieron los expertos, funcionarios o ciudadanos que con sus argumentos hicieron ver la inconveniencia de un incremento que, en el mejor de los casos, quintuplica los acuerdos salariales alcanzados este año en distintas paritarias.

Sin embargo ese fue solo uno de los aspectos escandalosos que tuvo esa paródica audiencia, ya que en días previos opinólogos cercanos al PRO se llenaron la boca por todos los medios nacionales y locales advirtiendo que no se debía politizar la cuestión tarifaria, invocando como  solución al problema esa recurrente metodología de pretender reducir cualquier cuestión de Estado a un mero procedimiento técnico ejecutado por un CEO.

Sin embargo esto no sucedió, esa audiencia pública se convirtió justamente en una manifestación política pero casi exclusivamente reservada para oradores del frente Cambiemos.

Aplicando un arbitrario sistema de selección se redujo en Salta el listado de más de 70 inscriptos a solamente siete, de los cuales tres son activos militantes del PRO, dejando de lado por ejemplo lo que podía llegar a aportar la Secretaría de Defensa del Consumidor, único organismo de probada capacidad y eficacia, que además ya venía trabajando sobre el tema y que tiempo atrás pidió la recategorización de Salta en el cuadro tarifario.

En conclusión los argentinos en un par de meses nos encontraremos pagando una tarifa con valores dolarizados que se ajustarán periódicamente hasta el 2019 y a lo que se sumará en breve el aumento de la tarifa de luz.

Este panorama pone un manto de sombras en el futuro de los usuarios salteños, quienes se verán en el dilema de pagar los servicios públicos o garantizar su subsistencia alimentaria, situación que vulnera inclusive derechos humanos.

Por todo lo expuesto es que el bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista comparte el criterio de los legisladores nacionales Javier David y Pablo Kosiner, quienes están bregando en el Congreso por un proyecto que apunta a concebir un cuadro tarifario con valores diferenciales basados en la “Equidad Federal y la Protección Social y del Empleo”.

Dicho proyecto, al cual adherimos plenamente, es sin dudas una salida alternativa en políticas de servicio públicos, que permite proteger socialmente a nuestros habitantes, cuidar el empleo en las pequeñas y medianas empresas y crear un sistema de tarifas social universal para aquellos sectores que se encuentran en una situación transitoria o permanente de vulnerabilidad socio económica.

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