Diputados lamentaron el resultado del Jury de Enjuiciamiento al Juez y Fiscal que intervinieron en el caso de la niña wichi

Diputados brindaron durante la última sesión su posición acerca de la declaración de inadmisibilidad a la solicitud de  un jury de enjuiciamiento al Juez y el fiscal que intervinieron en la causa que investiga la violación de una menor de edad en el paraje Alto La sierra.

La actuación del juez Héctor Mariscal Astigueta y del fiscal Armando Cazón en el caso ocurrido a fines del año pasado, motivó el pedido de juicio político para ambos funcionarios de parte del Juez de la Corte de Justicia, Abel Cornejo.

Tras reunirse la comisión de Jury, dictaminó la inadmisibilidad de la solicitud por cinco votos a favor y cuatro en contra, absolviendo de esta manera a ambos funcionarios judiciales. De los cuatro votos en contra de la inadmisibilidad, tres fueron emitidos por los representantes de la Cámara de Diputados, Alejandra Navarro, Raúl Medina y Pedro Mellado.

Ante este panorama los diputados solicitaron un segmento de la sesión para poder expresarse acerca del resultado del Jury.

El diputado Medina manifestó sentir tristeza por el accionar de la justicia que no buscó garantizar la seguridad de la niña violada. “Todas las marchas y contramarchas que se dieron en el caso, solo dejaron en evidencia el abandono absoluto de la Justicia para con la menor”, expresó el legislador.

El diputado Guillermo Martinelli sentenció que “lamentablemente hubo una violación y las seguirán habiendo porque la Justicia deja hacer” y cargó con la interpretación que hicieron miembros del Jury del Código Procesal Penal, invocando que cualquier denuncia debe ser iniciada por un fiscal, lo que en este caso correspondería al procurador general.

“No se debe asimilar una acusación criminal con un juzgamiento político del proceder de un funcionario, la interpretación que se hizo del Código fue una grosería”, aseveró Martinelli.

Por su parte el diputado Claudio Del Plá recordó que es la segunda vez que ante un caso similar el Jury se expide de idéntica manera, haciendo referencia al caso del Juez Soria.

También advirtió que la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recogió suficientes pruebas del mal accionar de los funcionarios cuando se constituyó en Alto La Sierra y Tartagal.

“Ni siquiera se abre una investigación, se los absuelve a libro cerrado con esta inadmisibilidad y además se adjudica un poder de veto al procurador de la provincia como el único que puede iniciar una demanda de este tipo”, expresó Del Plá, quien reivindicó el pedido de renuncia que hizo la senadora Gabriela Cerrano a los integrantes del Jury que representan dicho cuerpo legislativo.

Por el contrario el diputado Alejandro San Millán señaló su desacuerdo con la solicitud de renuncia a los senadores, pero dijo sentirse preocupado que no haya habido sanción alguna para ningún ministro, a quienes también los consideró responsables directos del caso.

MEDIA SANCIÓN A LA EXTENSIÓN DE LA EMERGENCIA SOCIAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO

La Cámara de Diputados dio media sanción a la extensión por dos años de la Emergencia Social por Violencia de Género actualmente vigente y que tiene como fecha de vencimiento el ocho de septiembre.

Este proyecto fue remitido por el Ejecutivo provincial con el objetivo de ahondar en las medidas de prevención y castigo para los casos de violencia machista contra la mujer.

La diputada Emilia Figueroa detalló el informe que el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Federico Uldry, brindó en la comisión Especial de la Mujer de la Cámara de Diputados.

Según lo manifestado por la legisladora, las diputadas reconocen que hubo avances en la materia en los últimos dos años, pero que todavía hay objetivos que alcanzar.

En ese sentido hizo referencia  la necesidad de más albergues para víctimas que se ven obligadas a dejar sus viviendas,  diseñar protocolos de acción cuando suceden diferentes situaciones de violencia, con el objetivo de clarificar y optimizar quienes y como deben intervenir en cada caso.

También expresó que se debe buscar penalizar en forma excepcional, tal como se hace con el femicidio, a aquellas manifestaciones de violencia de género que no significan un daño físico pero que generan consecuencias psíquicas y morales.

Finalmente destacó la falta de cobertura que existe en el interior, por lo que solicitó la creación de Consejos de la Mujer en todos los municipios e insistió en intensificar las capacitaciones en escuelas y organismos públicos.

La diputada Liliana Guitián alertó que estadísticamente hubo un retroceso en la materia ya que las denuncias por situaciones de violencia aumentaron en los últimos años un 420 %. Igualmente la legisladora deslizó la posibilidad que esto haya sido así a partir de la visibilización que tuvo este flagelo, lo que incentivó a las mujeres a presentar denuncias en la Justicia. Por último solicitó el diseño de más protocolos de prevención de casos e incorporar la tecnología para este fin.

La diputada Gabriela Jorge remarcó que desde que está en vigencia la emergencia hubo 30 femicidios, por lo que concluyó en que dicha medida estuvo lejos de revertir la situación. Además reclamó por políticas que fueron debatidas en el Encuentro de Mujeres realizado en Salta  tales como la educación sexual laica en los colegios y la asistencia económica a las víctimas de violencia.

La diputada Gabriela Martinich también remarcó algunas cuestiones en la que se deben profundizar las políticas de prevención, pero destacó que no todo depende de las mujeres, sino que también se necesita de los hombres para que las medidas aplicadas sean exitosas.

El proyecto se aprobó con el voto positivo de la mayoría de los diputados, a excepción del bloque del Partido Obrero que fue autorizado a abstenerse

MEDIA SANCIÓN A LA ADHESIÓN A LA LEY DE BLANQUEO

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que permite a la provincia adherirse a la Ley Nacional Nº 27.260 de Blanqueo de capitales.

El diputado Mariano San Millán explicó que la adhesión busca quedar en armonía con la normativa aprobada a nivel nacional, la cual exime de responsabilidades legales aquellas personas que decidan declarar bienes o dinero que permanecían en la clandestinidad sin realizar ningún tipo de aporte al fisco.

El legislador además señaló que con este proyecto se busca que dichos fondos vengan a la provincia, por lo que de ser invertido en emprendimientos que generen un desarrollo para la economía y puestos de trabajo no deberán pagar ningún cargo tributario.

Por el contrario si deciden mantenerlo al dinero en el circuito financiero, deberán abonar un 10 por ciento del porcentaje que deben pagar a nivel nacional en AFIP.

San Millán también describió cual será la mecánica que adoptará este blanqueo, y señaló que los fondos primero deben  ser certificados en AFIP, quienes harán la comprobación del origen de los mismos con el objetivo de descartar que provengan de alguna actividad ilícita.

Una vez ingresado en la ley de blanqueo la provincia aplicará idéntico criterio. Al igual que lo estipulado en la ley nacional, funcionarios públicos y sus familiares directos quedan exceptuados de los beneficios de la Ley.

El proyecto fue aprobado por mayoría, con votos negativos de parte del bloque del Partido Obrero, en tanto el bloque de Salta nos Une y el Pro apoyaron la iniciativa en general, pero solicitaron modificaciones en algunos artículos.

CONVIRTIERON EN LEY ACTAS CON OBRAS DEL PLAN BICENTENARIO

Diputados aprobaron y convirtieron en Ley dos proyectos que contenían actas municipales con obras a ejecutarse con fondos asignados por el Plan Bicentenario.

El primero de los proyecto contenía las actas de los municipios de La Merced, Cerrillos, Guachipas, El Potrero y Molinos.

El segundo incluía a El Galpón, Río Piedras, Iruya y Tolar Grande. En ambos casos pasaron al Ejecutivo.

En tanto un tercer proyecto se remitió al Senado en revisión y comprende las actas de Payogasta, Joaquín V. González y Apolinario Saravia.

Según lo expresado por el titular de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, solo faltan el tratamiento de tres municipios del departamento de Rivadavia y el del municipio de San Carlos para completar los 60 existentes en la provincia.

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