En 4 meses, 700 personas requirieron la intervención de las Defensorías Oficiales para Víctimas de Violencia Familiar y de Género en Salta

Mañana, a las 10.45, en General Güemes 254, la Defensora General de la provincia, María Inés Diez, dará a conocer –en números- el funcionamiento de esos organismos en toda la provincia.

Las primeras Defensorías Oficiales para Víctimas de Violencia Familiar y de Género se pusieron en funcionamiento el 2 de febrero de este año. Fueron las de Tartagal, Metán y Orán. Las de Salta Capital funcionan desde la primera semana de abril. En estos meses, casi 700 personas se acercaron hasta esos espacios en búsqueda de garantías de acceso a la justicia y el reconocimiento de sus derechos.

“En todas las dependencias recibieron asesoramiento, patrocinio y/o representación, según el caso. Nuestras estadísticas indican que, en estos 4 meses, 687 personas en total se acercaron a alguna Defensoría Oficial para Víctimas de Violencia Familiar y de Género. De ese total, 323 personas recibieron asesoramiento y se retiraron informadas de su situación y sus derechos y las otras 364 iniciaron actuaciones ante Juzgados competentes”, detalló la defensora general de la provincia, María Inés Diez.

Del número global es interesante desglosar la actividad de los organismos que funcionan en Salta Capital puesto que fueron inaugurados y comenzaron a trabajar a pleno hace apenas 2 meses. Durante este lapso de tiempo se acercaron hasta la calle General Güemes 254, 179 de las 687 personas asistidas, es decir, un 26% del total de requirentes de toda la provincia.

“Nuestros Defensores Oficiales para víctimas de Violencia Familiar y de Género asesoran a las personas, inician las actuaciones que fueren procedentes, intervienen en todos los procesos, requieren a favor de la víctima las medidas de protección que fueren necesarias, ponen en conocimiento del Ministerio Público Fiscal los hechos que constituyen delito de acción pública o solicitan al Juez que corra vista cuando la noticia criminis se produce en una audiencia, asesoran a las víctimas de hechos violentos que constituyen delitos dependientes de instancia privada sobre su derecho a radicar la denuncia e instar su persecución penal, se presentan junto a la víctima o en su representación como querellantes particulares en el proceso penal que se inicia cuando el hecho de violencia constituye delito e instan la acción civil en el proceso penal cuando esta es consecuencia del delito y si resulta conveniente a la víctima”, señaló Diez.

Y es que el enorme paso que se ha dado en Salta en materia de defensa de los derechos de las víctimas de violencia familiar y de género fue justamente la posibilidad de que sean estas las que se presenten bajo la figura de querellantes, puesto que antes se encontraban imposibilitadas de integrarse al proceso de modo activo y de manera gratuita.

Definiciones |

La Ley Provincial N° 7.403 define como víctima de violencia familiar a “toda persona que sufriere por acción, omisión o abuso, daño psíquico o físico, maltrato moral, financiero o económico notoriamente ilegítimo, sexual y/o en su libertad, aunque no configure delito, por parte de algún integrante del grupo familiar (…)” y especifica luego que “se considera como grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, sean convivientes o no, persistan o hayan cesado, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y afines o a quienes cohabiten bajo el mismo techo en forma permanente o temporaria”. 

La Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres conceptualiza que violencia contra las mujeres es “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal (…)”.

Esa misma normativa también define cuáles son los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres en razón del género. Estás son:

“1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física.

2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

La niña wichí tiene defensa especializada

Las Defensorías Oficiales para víctimas de violencia familiar y de género son las que posibilitan la defensa de los intereses de quienes padecieron situaciones de esta naturaleza, independientemente de los agravantes que cada caso presente.

Para que las Defensorías puedan intervenir es necesario que la persona víctima lo solicite. Se debe recibir el pedido expreso de defensa y a partir de ahí se suceden una cantidad de trámites que permiten llevar adelante el proceso para todas las partes involucradas.

En este sentido, el rol del Observatorio de violencia contra las mujeres ‘Rosana Alderete’ fue fundamental; puesto que en su abordaje a la niña wichi víctima, su madre, Francisca, manifestó su necesidad de que alguien le explique por qué los responsables del ataque a su hija permanecen en libertad.

El primer objetivo de la defensa será lograr que el expediente judicial amplíe la carátula para tratar el caso como una cuestión de género. 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

A %d blogueros les gusta esto: