Icono del sitio

Tramitan una causa por desmontes que produjo un daño ambiental en el departamento San Martín

La jueza de Tartagal Claudia Yance tramita una demanda contra los productores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen donde se reclama el pago de $ 171.413.473 que serán destinados a mitigar el daño ambiental producido por el desmonte en dos lotes ubicados en el departamento San Martín.

La audiencia preparatoria fijada a partir de la demanda planteada por el Ministerio Público Fiscal debía celebrarse en abril pasado, pero los productores no comparecieron, por lo que la jueza dio por concluida la medida quedando en condiciones de proseguir con el trámite sumarísimo de la acción principal y dictar sentencia.

Los hechos que se imputan a los productores se produjeron entre 2012 y 2013 en la finca Chuchuy ubicada cerca de Hickman y comprende las matrículas 30746 y 30747 en el departamento San Martín abarcando 11.875 hectáreas.

El Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals y la fiscal Civil Griselda Nieto, presentaron ayer una demanda reclamando que se condene a los Karlen a pagar la suma inicial de $ 171.413.473 para mitigar el daño producido y poner en marcha un plan que surgió de un estudio integral ordenado por la jueza y que coordinó el Cuerpo de Investigadores Fiscales e incluyó a profesionales de la Universidad Nacional de Salta y de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Dirección de Bosques de la Nación.

Por este desmonte Karlen ya fue condenado por desobediencia judicial el año anterior por la vocal de la sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vázquez (http://www.justiciasalta.gov.ar/noticia-poder-judicial-salta.php?iIdNoticia=2600) ya que desoyó las órdenes para frenar el desmonte dictadas por la magistrada. Medio Ambiente de la Provincia había ordenado el cese del desmonte o aprovechamiento forestal en los lotes 30746 y 30747 del departamento General San Martín y clausura por 60 días de todo tipo de actividad, pese a lo cual se prosiguió con la actividad, iniciándose la causa judicial.

La jueza Yance le dio a la demanda el trámite de acción colectiva. El Ministerio Público Fiscal solicitó que se clausuren los lotes ya que el tiempo que demandará la recuperación ambiental se estima en veinte años, aproximadamente.

No es el primer trámite que por daño ambiental lleva adelante la jueza ya que intervino homologando un acuerdo, en la causa 25006, entre el Ministerio Público Fiscal y la firma Sierra San Antonio donde la empresa se comprometió a realizar un plan de reconstitución, rotación de cultivo soja maíz con cronograma de trabajo y además reforestación de cortina de baja densidad arbórea. “El acuerdo cumple el resguardo de interesas de incidencia colectiva y nada obsta su homologación”, dijo la jueza en aquella sentencia.

En el caso de los lotes de los Karlen, la devastación de flora y fauna afectó particularmente a dos especies que se encuentran en vías de extinción, pero también obligó a la migración de criollos y comunidades originarias, quienes podrían ser parte en el proceso dado el trámite de acción colectiva.

foto ilustrativa

Salir de la versión móvil