La Defensoría General de la provincia brindará asesoramiento jurídico a habitantes criollos de los ex lotes fiscales 55 y 14

Es para que puedan regularizar la situación dominial de las tierras que ocupan. A tal fin, la defensora general de la provincia, María Inés Diez, firmó hoy un convenio marco de cooperación con el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almarás.

El caso de los ex lotes fiscales 55 y 14 es uno de los principales conflictos territoriales vigentes en Argentina y tiene una importante connotación internacional, puesto que se extendió por 30 años. Ahora, y de acuerdo a la política de Estado asumida por el Gobierno de la provincia, debe resolverse pacíficamente. Para ello es necesario que cientos de familias criollas regularicen la titularidad de las tierras en las que habitan y, con ese espíritu, es que la defensora general de la provincia, María Inés Diez, firmó hoy un convenio de cooperación marco con el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almarás.

“La medida tiene a brindar garantías constitucionales y asegurar los derechos de las personas radicadas en la zona, en el marco de un proceso de gran sensibilidad social”, explicó la magistrada para luego reflexionar que “la existencia de familias criollas, de escasos recursos y con dificultades de distancia y de acceso a las oficinas públicas; hacen imprescindible una mayor presencia del Estado en el lugar, a fin de colaborar en los actos y trámites para la obtención de sus matrículas definitivas”. 

De esta forma, y según detalló Diez, funcionarios a su cargo brindarán asesoramiento jurídico y, para eso, se arbitrarán los medios necesarios para que puedan constituirse en la zona de los ex lotes fiscales 55 y 14, ubicados en el departamento Rivadavia, con personal que será designado específicamente para cumplir con esa tarea.

Por su parte -según se estipula en el convenio celebrado hoy-, el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario informará y convocará a los criollos residentes en el sector, en los días y horarios de concurrencia de los profesionales que viajarán hacía allí desde Tartagal con el único objetivo de asistirlos.

Es en ese contexto que “el convenio firmado hoy vendrá a resolver la evidente y pública situación de vulnerabilidad de una franja poblacional a la que, a partir de ahora, se le proporcionarán los medios necesarios para que obtengan un adecuado acceso a la justicia”, remarcó Diez.

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