#NiUnaMenos

Desde el miércoles funcionarán a pleno dos Defensorías Oficiales de Violencia Familiar y de Género y un Centro de Mediación Comunitaria del Ministerio Público de la Defensa

Desde el próximo miércoles, de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30, cualquier persona víctima de violencia familiar y/o de género podrá presentarse voluntariamente en General Güemes 254 en donde ya funcionarán a pleno dos Defensorías Oficiales que fueron inauguradas hoy por la Defensora General de la provincia, María Inés Diez, en el mismo mes en el que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Además, en ese mismo domicilio, se podrán resolver conflictos civiles y familiares en el Centro de Mediación Comunitaria del Ministerio Público de la Defensa.

“Aquí brindaremos asistencia integral a víctimas de violencia familiar y/o de género quienes, a partir de ahora y en el marco de una iniciativa modelo y pionera en el país, tendrán garantizado el acceso gratuito, rápido y transparente a los servicios legales que les asisten y a una más ágil adopción de medidas de protección en su favor”, dijo hoy la Defensora General de la provincia, María Inés Diez, al momento de dejar inauguradas y listas para funcionar -desde el próximo miércoles- dos Defensorías Oficiales de Violencia Familiar y de Género que funcionarán en pleno centro salteño.

Y es que “las estadísticas que dieron espíritu al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2565/15, transparentan una realidad social que bien califica como flagelo y en la que debemos trabajar con más ahínco”, consideró Diez para luego detallar que, por día, en el Distrito Judicial Centro, se radican 40 denuncias por violencia familiar y/o de género.

“Las presentaciones más frecuentes se vinculan con la petición de medidas de protección para las denunciantes y para sus hijos, de modo tal que, a fin de reforzar ese sistema, resulta adecuado implementar medidas que garanticen, de manera eficaz, una asistencia técnica y jurídica amplia”, se explayó la magistrada.

“Estas son políticas públicas tendientes a facilitar el acceso de los salteños al servicio de justicia y, en particular, a las víctimas y familiares de delitos graves. A partir de ahora, en Capital, nuestros defensores oficiales asesorarán a las víctimas en todas las cuestiones relacionadas con el hecho violento y sus consecuencias jurídicas y conexas; velarán por el respeto de sus derechos y su estado físico y psíquico; serán parte legítima de su defensa estando facultados para actuar ante todos los órganos judiciales de cualquier fuero o instancia, ante organismos de poder público y ante instituciones privadas en toda clase de asuntos que les concierna; requerirán información o copia de actuaciones relativas a la investigación de un delito cometido en su perjuicio y tendrán participación legal en el proceso penal como querellantes particulares”, enumeró Diez.

Información importante | Derechos y garantías de las víctimas de violencia de género

* A obtener una respuesta oportuna y efectiva,

* A ser oída personalmente por el Juez y por la autoridad administrativa competente,

* A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte,

* A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando sus derechos se encuentren amenazados o vulnerados,

* A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización,

* A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional formado con perspectiva de género,

* A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones,

* A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa,

* A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y

* A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

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