La CIDH considera viable la solución amistosa entre originarios y criollos por las tierras en Rivadavia

La Ministra de Derechos Humanos expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los avances en la regularización de los exlotes 55 y 14, ubicados en el departamento Rivadavia. En Washington destacaron los avances logrados en los últimos años, que sientan la base para un acuerdo en el caso de la Asociación Lhaka Honhat, tras décadas de conflicto.

En el marco del 156° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Provincia dio a conocer los últimos avances vinculados con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por dicho organismo internacional sobre el caso Nº 12.094 de la Asociación Lhaka Honhat, correspondientes a los exlotes 55 y 14. La presentación fue realizada por la ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino.

El secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, quien estuvo en Salta hace dos meses para verificar los avances en el norte de la provincia, calificó de extraordinaria la evolución del proceso de regularización de tierras de las comunidades indígenas. Sostuvo que están dadas las condiciones para lograr un Acuerdo de Solución Amistosa del caso internacional Lhaka Honhat por los avances realizados durante la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey. En este sentido se pactaron dos reuniones de trabajo que se realizarán el 5 y 6 de noviembre próximo.

En este conflicto de tierras que data de hace más de tres décadas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en representación de la Asociación Civil Lhaka Honhat, realizaron una denuncia en 1998 ante la CIDH. Exige la relocalización de las unidades productivas de las familias criollas ubicadas en esas tierras. En junio de 2014, la Provincia de Salta dictó el Decreto Nº 1498/14 que reconoce y transfiere la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas a 71 comunidades indígenas y destina 243 mil hectáreas para las aproximadamente 400 familias criollas.

En Washington, la ministra Cansino y el secretario de Derechos Humanos, Martín García Cainzo, participaron de la delegación que representó a la Argentina en el 156° período de sesiones de la CIDH. Los funcionarios expusieron sobre los avances del proceso de regularización de tierras de los exlotes 55 y 14 en presencia del comisionado relator para la República Argentina de la CIDH, Paulo Vannucchi, el secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, María Claudia Pulido y el equipo técnico del organismo internacional.

Durante la reunión de trabajo, la coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos humanos de la Nación, Rosario Álvarez Garriga, se refirió a los avances con respecto a la última presentación de informes.

La ministra Cansino especificó en primer lugar los alcances del Decreto N° 1498/14 mediante el cual el Gobierno de la Provincia de Salta, reconoce y transfiere la propiedad de 643 mil hectáreas de los exlotes fiscales: 400 mil son de las comunidades originarias y 243 mil de pobladores criollos en condominio.

Cansino y García Cainzo enumeraron las inversiones económicas realizadas en la zona durante los últimos dos años y las principales obras de infraestructura, entre los que se destacan el Plan Operativo Anual (POA) II de la Ley de Bosques Nativos, que ya fue ejecutado. A partir del 31 de octubre se inicia la ejecución del denominado POA III destinado al relevamiento de biodiversidad y forestal de más de 400 mil hectáreas. También junto al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Salta se gestionaron y ejecutaron fondos que permitieron la realización de la mensura de la denominada zona norte.

Convenios con organismos nacionales

Los funcionarios detallaron el trabajo articulado que desarrollan con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación (MAGyP), a través de sus agencias y sectores.

Junto a PROSAP se logró la aprobación del proyecto Titulación y Desarrollo Productivo de la Zona Norte de los Lotes 55 y 14 a través de FONPLATA, que tiene como objetivo la construcción de una ingeniería de distribución de agua y asistencia técnica para los pobladores criollos del lugar, por un monto de $12 millones.

Con PRODERI se firmaron y depositaron los fondos de proyectos destinados a organizaciones locales por $2 millones para cada una (Lhaka Honhat y OFC). Asimismo se firmó el convenio con las organizaciones 20 de Septiembre y Real Frontera, por otros $2 millones para cada una, que está en proceso de depósito de fondos.

Se encuentra pronta a finalizar la ejecución de un convenio firmado entre la Provincia y el MAGyP por un monto de 500 mil pesos para la perforación de pozos someros destinados a familias criollas, que expresaron su voluntad de relocalizarse fuera del territorio reclamado por las comunidades.

Se especificó que la Provincia trabaja con el Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, en el proyecto de obra de defensa del río Pilcomayo, que tiene como fin controlar la dinámica del meandro, evitando que deje aislada a gran parte de la localidad Misión La Paz. Este proyecto implica una inversión de $20 millones.

Se informó también que junto al Ministerio de Desarrollo Social de Nación se trabajó en la construcción de viviendas para familias criollas relocalizadas y se avanzó en la elaboración de un convenio a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora Provincial por un monto superior a los $3 millones.

También se detalló que el Fondo de Reparación Histórica destinó más de 60 millones de dólares para mejorar la calidad de vida de las comunidades, a través de la construcción de establecimientos educativos, mejora de rutas, centros de salud, entre otras.

“Además se puso énfasis en el avance del acuerdo de relocalización. A la fecha ascienden a 90 los acuerdos, de los cuales la mayor parte se encuentra protocolizado y rubricado por Escribanía de Gobierno, e inscriptos en las cédulas parcelarias de los lotes a través de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia”, señaló la ministra Cansino.

Se explicaron las bases de un protocolo de consulta previa que elabora la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene su fuente en la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU, el convenio sobre pueblos originarios y los Protocolos de consulta previa del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se establecerá en forma conjunta con la Secretaría General de la Gobernación.

En lo referido a la tala ilegal en la zona, se especificó que junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Policía Rural se mantiene un acuerdo de vigilancia y los avances de posible acuerdo entre el Coordinador General de la UEP y Gendarmería Nacional para avanzar en los controles.

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