Presentan un Hábeas Corpus por Trato Vejatorio que reciben las visitas al penal Federal del NOA

Un hábeas corpus para que se ordene el cese de «prácticas vejatorias» como inspecciones íntimas o desnudar a los niños antes de las visitas a familiares detenidos en el Complejo Penitenciario Federal del Noroeste, ubicado en la localidad salteña de General Güemes, fue presentado por fiscales ante el juez federal número 2 de Salta, Miguel Medina.

El fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, junto al fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani; y el fiscal ad hoc de ese organismo, Fernando Vallone, fueron los que hicieron la presentación, informó el sitio fiscales.gov.ar
«Es un tratamiento que configura una pena accesoria, que no deben soportar», señalaron los representantes del Ministerio Público en su presentación realizada ante el juez Medina.

El hábeas corpus surgió a raíz de las denuncias formuladas por las personas privadas de la libertad en ese penal a los miembros del Ministerio Público Fiscal, que entrevistaron a más de cien internos e internas en una inspección realizada el 8 y 9 de octubre.
En la ocasión, las personas detenidas en el penal situado a 55 kilómetros de la ciudad de Salta, en el departamento General Güemes, manifestaron que durante las requisas previas a la visita los niños son desnudados y las mujeres revisadas en sus partes íntimas, que para los fiscales constituyen «prácticas vejatorias».

Tras las entrevistas, los fiscales enumeraron los malos tratos que reciben los familiares de los detenidos, como la demora en la realización de los controles para ingresar; la quita del tiempo efectivo en la realización de las visitas; y el «excesivo rigor formal» para admitir el ingreso de determinados familiares.

A ellos le sumaron los tratos degradantes y humillantes durante la requisa previa a la visita, ya que los presos indicaron que «sus mujeres son abiertas de cantos y sus hijos pequeños desnudados para verificar si ingresan algo prohibido».
Ante esta situación, los detenidos «prefieren que no los vengan a visitar para resguardar a sus allegados de tales prácticas y malos tratos».
«El derecho a la visita, mecanismo fundamental en el proceso de reinserción social de la persona en situación de encierro, aparece desdibujado y se convierte por las prácticas abusivas del Servicio Penitenciario Federal en un instrumento de control autoritario de la población carcelaria», indicaron los fiscales.

Luego, precisaron que «con este tipo de controles violatorios de la dignidad humana se configura una omisión estatal de actuar como garante de las obligaciones asumidas para hacer efectivo el contacto de las personas privadas de su libertad con sus familiares».

Los representantes del Ministerio Público recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en 1996 contra la Argentina por la práctica de controles vaginales a las mujeres en la requisa previo al ingreso de la visita en penales.

Asimismo, explicaron que, de no tener recepción favorable el hábeas corpus, recurrirán al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

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