La justicia provincial tramita una causa contra Juan Carlos Romero

La Sala II del Tribunal de Juicio tramita la causa identificada como “Romero, Juan Carlos; Romero, Juan Esteban; Medina, Raúl; Funes, Ricardo por negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”. Dicha causa está radicada en la Sala II desde el 4 de diciembre pasado.

El año anterior, como se sabe, la justicia provincial ratificó su competencia luego que el Juez Federal 2 se declarara competente invocando la competencia federal en razón del territorio. Dicho conflicto de competencia aún no fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esto no impide sin embargo que en la Justicia provincial prosiga el trámite preparatorio por lo que la citada Sala II resolvió dar inicio a los actos preliminares.

Así se denomina el capítulo del Código Procesal Penal donde está el artículo 437 al que se dio cumplimiento. Dicho artículo expresa: “Integración y citación a juicio. Recibida la causa e integrado el Tribunal conforme las disposiciones legales, se notificará inmediatamente al Fiscal y todas las partes para que, en el término común de diez (10) días, comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y elementos secuestrados, interpongan las recusaciones, deduzcan las excepciones y opongan las nulidades que estimen corresponder. Resueltas las recusaciones, el Tribunal dará trámite a las excepciones deducidas y nulidades opuestas.”

Vale decir en consecuencia que el decreto firmado por el juez Ignacio Colombo significa imprimirle a la causa el trámite en la etapa preparatoria del juicio. Cuando el expediente es remitido al Tribunal de Juicio, éste lo recibe y previo a todo trámite cita a las partes a compulsar el expediente para examinar las actuaciones.

En esta causa la defensa técnica de Juan Carlos Romero y Juan Esteban Romero está a cargo de Andrea Astudillo. Carlos Humberto Saravia representa a Raúl Romeo Medina. César Alejandro Neri representa a Ricardo Funes. El Fiscal Penal 9, Rodrigo Miralpeix representa al Ministerio Público Fiscal. Como querellante, se constituyó la Fiscalía de Estado.

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