Comenzó la etapa de testimoniales en el juicio de Lesa Humanidad

17/12/2014

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 18 víctimas que comenzó el 1 de diciembre pasado, en Salta, entró ayer en la etapa de testimoniales con la declaración de cinco testigos del secuestro y el homicidio de César Martínez, ocurrido en marzo de 1976, en tanto la apertura en el debate de la causa Ragone II quedó pendiente.

La segunda audiencia de este debate, que cuenta con seis acusados y está a cargo del TOF, integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi, comenzó cerca de las 16, en la sala de los tribunales federales salteños.

La etapa de testimoniales comenzó con la declaración de Susana del Carmen Durán, quien era la esposa del ex policía César Carlos Martínez y que relató los detalles del secuestro de su compañero, ocurrido en la madrugada del 18 de marzo de 1976, en su casa del barrio Vélez Sarsfield, en la capital salteña.

Se trata de la causa 3766/12, caratulada como "Guil, Joaquín y Gentil, Miguel Raúl S/Privación Ilegítima de la Libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en concurso real con el de Homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de autores mediatos".

La mujer contó ante los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF) de Salta que tres hombres ingresaron esa madrugada y se llevaron en una camioneta a su esposo, cuyo cuerpo dinamitado y calcinado apareció luego en el paraje El Gallinato, en la localidad salteña de La Caldera.

Luego declaró Guillermo Flores, que fue ministro de Bienestar Social de la provincia y empleado del área de Recaudaciones de Agua y Energía; Faustina Méndez, una vecina de Martínez que vio cuando se lo llevaban de su casa; el médico legal Manuel José Hernández, quien actuó en la certificación de la muerte de la víctima; y el ex policía Néstor Colque, quien revistaba en la subcomisaría de La Caldera en la época.

Hernández comentó que el de Martínez fue el único caso en su carrera en el que vio explosivos adosados a un cuerpo, y afirmó que no pudo establecer la causa de la muerte debido a que el tórax estaba prácticamente desaparecido por la explosión.

Además, señaló que había poca sangre sobre la zona desgarrada, lo que le hizo presumir que la persona podría haber fallecido ante de la explosión, pero no descarta que el cuerpo haya sido lavado antes de verlo en la morgue del hospital San Bernardo.

Durante sus exposiciones, tanto Hernández como Colque incurrieron en contradicciones con lo expresado en la etapa de instrucción y lo que consta en el expediente, propias del tiempo transcurrido, por lo que debieron refrescarles la memoria con la lectura de distintas fojas de la causa.

El proceso continua hoy, y se espera la habilitación en el debate de la segunda causa abierta por el secuestro, desaparición y asesinato del ex gobernador Miguel Ragone, ya que el TOF decidió el 1 de diciembre suspender la lectura de requerimiento de elevación a juicio hasta tanto se haya aceptado la inclusión de prueba.

Esto ocurrió por pedido de la defensa, que entendió que no se habían cumplido formalidades y los plazos correspondientes al momento de la iniciación del debate, por la incorporación repentina de esta causa a este juicio oral y público.

Martín Ávila, que representa como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo hoy a Télam que hoy a las 9 vencía el plazo de inclusión de prueba, por lo que la habilitación de esta causa se puede dar en las próximas audiencias, previstas para hoy y el 2 de febrero próximo, tras la feria judicial.

Recién en ese momento, se podrá dar lectura al requerimiento fiscal de elevación a juicio de esta causas y los acusados podrán acceder al derecho de hacer uso de la palabra.

Este juicio oral y público examinará finalmente nueve expedientes de los 11 inicialmente previstos, debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años.

A estos nueve expedientes se le suma la causa Ragone II, en la que los acusados son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro.

Además, están imputados el ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil; y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, que fueron jefes de la Policía provincial durante la última dictadura.

Los dos últimos siguen el debate por videoconferencia desde los tribunales federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, y desde Rosario, en Santa Fe, respectivamente, aunque a Mendíaz lo autorizaron a retirarse hoy, por razones de salud y porque no está involucrado en la causa que se trató durante la audiencia.

Guil, por su parte, siguió el debate desde una sala contigua, dentro de los tribunales federales salteños.

Otras víctimas de las causas comprendidas en este juicio son Rubén Yañez Velarde, Ramón Díaz Romero, René Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú y Lucrecia Barquet.

También Hugo Maza, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, Luis Obrero Destello Iñiguez Vázquez, Santiago Arredes, Margarita Martínez de Leal y el ex gobernador Ragone.

Los fiscales que actúan en este debate son Francisco Snopek y el ad hoc Juan Manuel Sivila, mientras que Gastón Casabella, junto a Avila, está a cargo de la querella conjunta de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia, y Matías Duarte representa a la querella de la familia Ragone.

De las 18 víctimas, cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976.

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