Desestimaron el pedido de juicio político a los miembros del Tribunal de Cuentas Capitalino

En Sesión Especial el Concejo Deliberante desestimó el pedido de Juicio Político solicitado por el ingeniero Arturo Farfán a los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, la decisión fue tomada por 11 votos a favor y 9 en contra. En lo referido al pedido de Juicio Político contra el concejal Tomás Salvador Rodríguez, se declaró inaplicable la Ordenanza Nº 7227. En este caso la decisión fue aprobada de forma unánime.

Los concejales de los diferentes bloques políticos presentaron y argumentaron posturas disímiles en relación al tratamiento que debía tener el requerimiento, resultando aprobados finalmente los dictámenes elaborados por la concejal Socorro Villamayor (FPS). En el caso del Tribunal de Cuentas, el dictamen sostiene que no existen indicios de causas graves que permitan prima facie tener por configurada la causal de mal desempeño prevista por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 7227. En tanto que en lo referido al concejal Rodríguez, se sostiene que dicho norma no puede ser aplicada. Cabe resaltar que la citada Ordenanza sólo hace referencia a medidas disciplinarias para el intendente municipal y los miembros del Tribunal Administrativo de Faltas y del Tribunal de Cuentas.

En el momento de la votación se manifestaron en contra del inicio del proceso a los miembros del Tribunal de Cuentas los concejales Gastón Galíndez, Eliana Chuchuy, Frida Fonseca Lardies, Fernando Echazú, Tomás Salvador Rodríguez, Matías Cánepa (todos del PJ), Socorro Villamayor (FPS), Ángela Di Bez (SST), Romina Arroyo (SD), Abel Moya y Mario Moreno (ambos del FPV).

Durante el desarrollo de la Sesión Especial se expusieron diferentes posturas, existiendo cuatro dictámenes para su tratamiento. Al momento de la votación fue rechazado el que llevaba las firmas de los concejales Gastón Galindez (PJ), Mario Moreno (FPV) y Romina Arroyo (SD); luego de lo cual se abordó y aprobó el elaborado por la concejal Socorro Villamayor (FPS).

Previo a la votación, los ediles de las diferentes bancadas argumentaron las razones de su voto. El concejal Gastón Galíndez se manifestó por la desestimación de la denuncia por carecer de sustento técnico, jurídico y fáctico, además del rechazo y el archivo de la misma. Consideró la inadmisibilidad del pedido de Juicio Político al Tribunal de Cuentas, ya que la presentación no cumple con la inclusión de pruebas documentales, elemento fundamental para el desarrollo del proceso. Respecto al pedido sobre el concejal Tomás Rodríguez sostuvo que “al entender un Juicio Político como un proceso de carácter político, consideramos que no es la vía para intentar aplicar una sanción, porque este cuerpo no acusa, no es juez, ni aplica penas y no podría hacerlo porque corresponde que sea la Justicia la que haga ese proceso”.

A su turno, la edil Socorro Villamayor (FPS) declaró inaplicable la Ordenanza Nº 7227 respecto al pedido de Juicio Político contra el concejal Rodríguez y manifestó que “amerita que se lo analice en una nueva Sesión, para ver si corresponden sanciones disciplinarias en el marco del artículo N° 19 de la Carta Orgánica Municipal”. Respecto al Tribunal de Cuentas desestimó el pedido de Juicio Político solicitado por el señor Farfán por considerar que no se conocen las causas que puedan configurar el mal desempeño.

Por su parte la concejal Ángela Di Bez (SST) se manifestó por la desestimación de la denuncia contra el Tribunal de Cuentas, al sostener que no se puede juzgar a la totalidad de los vocales y que hacerlo significaría la desestabilización de derechos y garantías constitucionales. Luego argumentó que “somos un órgano legislativo que se estaría poniendo en un rol policial”. Además se expresó a favor de una sanción para el concejal Tomás Rodríguez y argumentó que “el que ampara la desaparición de fondos, ampara delitos y la Constitución Provincial en su artículo N° 183 determina las facultades disciplinarias del Concejo Deliberante, e indica que se puede corregir a cualquier miembro del mismo, en cualquiera de sus funciones”.

El Partido Obrero, por su parte, solicitó iniciar Juicio Político a todos los miembros del Tribunal de Cuentas y consideró inviable la aplicación de la figura de Juicio Político respecto al concejal Tomás Rodríguez, sin perjuicio de continuar analizando el contenido de la denuncia formulada por Farfán.

Sobre estos puntos el concejal Arturo Borelli (PO) argumentó que “el Tribunal es un control externo y puede requerir cualquier información a cualquier oficina, el Concejo no estaba obligado a rendir cuentas, pero el Tribunal podría haber realizado una auditoría”. Más tarde agregó que “hay indicios para abrir un Juicio Político, que es una primera instancia, nosotros manifestamos que la Presidencia del Concejo actuó sin rendir cuentas y el Tribunal de Cuentas podría haber actuado y no lo hizo”.

Finalizada la votación, tomó la palabra el concejal Tomás Salvador Rodríguez, sosteniendo que: “se puso en cuestionamiento mi nombre y tengo derecho a defensa. Me siento orgulloso de haber participado de la gestión que contó con la mayor producción legislativa y que realizó una serie de 50 plenarios junto a organizaciones intermedias, y que además realizó la aprobación de Ordenanzas que son importantísimas como Salta Libre de Humo, la Ordenanza del Presupuesto Participativo y la que crea el Banco Municipal de Becas”. Por último recordó el trámite realizado junto con el Departamento Ejecutivo Municipal para la implementación de un sistema administrativo contable y luego agregó que: “tengo la tranquilidad moral de que hice las cosas dentro de la ley, considero que hay cuestiones en contra de este cuerpo y espero que se esclarezcan”.

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