Juan Carlos Romero deberá declarar en los próximos días como imputado en una causa por el delito de peculado por la operación inmobiliaria realizada en los terrenos conocidos como “La Ciénaga”.
Romero agotó todas las instancias previas intentando evitar sentarse en el banquillo de los acusados realizando interpretaciones variadas sobre el alcance de los fueros que tiene en su condición de senador nacional. Pero su abogada, Andrea Astudillo Rizzi, omitió la última de las alternativas legales: recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de contar mal los plazos para presentar el recurso.
Astudillo Rizzi intentó, sin éxito, cuestionar judicialmente la cédula de notificación, estrategia que tampoco dio resultado ya que la Corte local rechazó de plano el pedido.
Y aunque en el resto de los casos Romero podrá seguir pataleando hasta llegar a la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en La Ciénaga ya no pudo estirar más la cuerda y deberá, por fin, aclarar cuál fue su participación en el delito tipificado como “peculado”.
El peculado es quedarse con dinero público. Ni más ni menos.
Romero tiene abiertas otras cinco causas más, todas referidas a negociaciones incompatibles con la función pública.
Romero fue gobernador durante doce años y por su condición debiera haberse visto imposibilitado de proseguir con su actividad empresaria, pero fue justamente durante este lapso que el grupo que integra e individualmente creció hasta convertirse en uno de los más poderosos por su envergadura económica.
La semana próxima, Romero se sentará al banquillo de los imputados. Habrá pasado de ser gobernador y senador nacional a imputado.
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