Rechazan planteo contra la designación de los auditores

La Corte de Justicia rechazó la acción de amparo presentada para que se declare la nulidad de la resolución del Senado provincial por la que se había designado a los miembros de la Auditoría General de la Provincia por el período 2011-2015. La demanda había sido promovida por la diputada provincial Virginia Cornejo contra la designación de Gustavo Alejandro De Cecco, Abdo Omar Esper, Ramón José Muratore y Marcos Segura Alzogaray Mendía producida en diciembre de 2010.

La Corte de Justicia fundamentó su resolución en que la razón de ser del amparo “no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer un remedio adecuado contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución” y agregó que “no se trata de un remedio apto para irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción, alterando el normal juego de las instituciones vigentes”.

La ley 7103 establece que la Cámara de Diputados creará una Comisión permanente integrada por siete miembros con participación de la minoría, y en tal sentido fue este cuerpo legislativo el que seleccionó por unanimidad –destaca la Corte- los nombres de Gustavo Alejandro De Cecco y Abdo Omar Esper propuestos por el Partido Justicialista y Ramón José Muratore en representación del bloque del Partido Renovador de Salta.

El proceso de designación establece que posteriormente será el Senado Provincial quien designará a los auditores y que los dictámenes de la Comisión de Diputados no son vinculantes. En este sentido, la Corte de Justicia precisó que no “procede sustituir la valoración discrecional que de manera exclusiva y excluyente compete al Senado, pues, de otro modo, implicaría invalidar el juicio de oportunidad, mérito y conveniencia que le es propio, arrogándose el Poder Judicial una función que no le corresponde”.

Y recordó además los precedentes sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del Senado de la Nación que éste es un ámbito pacíficamente excluido del control jurisdiccional, ya que se trata de un espacio propio y exclusivo de ese órgano que compone uno de los poderes públicos del Estado.

Siguiendo este criterio, la Corte de Justicia de Salta puntualizó que la Auditoría General de la Provincia es un órgano con independencia funcional administrativa y financiera “en la que sus funcionarios deben cumplir con la función asignada con la neutralidad e imparcialidad que se requiere para ello, y con la consiguiente responsabilidad en su desempeño”.

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