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Familiares de víctimas de accidentes de tránsito quieren cambios en legislación existente

Familiares de víctimas de accidentes de tránsito quieren “prisión efectiva” para conductores irresponsables
Ante la comisión de justicia del Senado Nacional reclamaron cambios en la legislación para que los culpables cumplan su condena en la cárcel. Penalistas sugirieron algunas modificaciones para evitar futuros cuestionamientos constitucionales. El número de víctimas en accidentes de tránsito en Argentina equivale a como si se cayera un avión Jumbo por mes.
Los senadores que integran la comisión de Justicia y Asuntos Penales –que preside la peronista federal Sonia Escudero (Salta), comenzaron a debatir esta tarde, junto a familiares de víctimas de accidentes de tránsito y prestigiosos penalistas, un paquete de proyectos que plantean modificaciones en la legislación penal en materia de seguridad vial, fenómeno que se cobra cientos de víctimas por año en la Argentina. “Es la principal causa de muerte por razones externas en nuestro país”, recordó Escudero.
Los proyectos con estado parlamentario son cinco, tres de los cuales fueron presentados por la senadora por Santiago del Estero Ana María Corradi de Beltrán (FPV).
Otra de las iniciativas, presentada por Nancy Parrilli, plantea la modificación de diversos artículos del Código Penal, convierte en delitos lo que hoy son consideradas contravenciones e incorpora la pena de prestación de servicio comunitario. Otro aspecto –considerado controvertido desde el punto de vista constitucional- declara inaplicable la probation o suspensión del juicio a prueba en caso de  delitos contra la seguridad vial.
Los principales reclamos de los familiares de las víctimas apuntan contra la falta de cumplimiento efectivo de las condenas por parte de los conductores irresponsables o negligentes. Como las causas son consideradas homicidios culposos, en la mayoría de los casos no van presos. Pidieron a los senadores saldar lo que consideran una deuda pendiente y sanciones que sean ejemplificadoras. Asimismo, señalaron que aún hay aspectos de la Ley Nacional de Tránsito –sancionada hace 14 años- que no se cumplen, entre ellos la obligatoriedad de impartir educación vial en los tres niveles educativos, imperioso para lograr un verdadero cambio cultural.
Al respecto la presidenta de la comisión, Sonia Escudero, indicó que “es mucho lo que hay que hacer para combatir este flagelo, y no depende únicamente de una respuesta penal, sino que también tiene que ver con la educación y la concientización. No obstante, vamos a tratar de dar una respuesta desde el derecho penal, en especial atendiendo el planteo de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito quienes sostienen que los jueces argumentan que la legislación es ambigua o que no tienen las herramientas legales suficientes”.
En cuanto a los proyectos de ley en tratamiento explicó que “en líneas generales plantean modificar algunas conductas típicas, en algunos casos se propone convertir lo que hoy son contravenciones en delitos. Por otra parte, se busca el cumplimiento efectivo de las penas, y se introduce, también, la posibilidad de aplicar la pena de prestar servicio comunitario”.
La senadora por Salta, se refirió, asimismo, a algunos aspectos del proyecto de la senadora Parrilli que son “controvertidos desde el punto de vista constitucional, como es el caso de no poder aplicar la probation o suspensión del juicio a prueba en este tipo de delitos”. Además, señaló “observamos que la actual legislación no está dando las herramientas necesarias para que la sociedad pueda sentir que efectivamente hay justicia. Desde las distintas provincias estamos viendo con gran preocupación el aumento de muertes y de lesiones gravísimas como resultado de negligencia, imprudencias y por falta de control y cumplimento de las normas de tránsito”.
Participaron del encuentro: los representantes de la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa, José Aguerrido y Silvia González; de la Asociación Marcos por la Vida de la provincia de  Neuquén, Guillermo Álvarez; miembros del Grupo de Derechos Humanos y Justicia del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Norma Bonelli, Zulma Tarditi, Mónica Gangemi, Teresa Mellado y Fernando Solessio; los penalistas Víctor Hugo Benítez, y Fernando Díaz Cantón; el integrante de la sala I de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, Luis María Bunge Campos;  y la abogada de la Asociación de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito de la provincia de Catamarca (FAVIATCA), Natalia Andrada.
Cifras alarmantes
El juez Luis Bunge Campos sorprendió a todos al afirmar que “el número de víctimas en accidentes de tránsito en Argentina equivale a como si se cayera un avión Jumbo por mes”.
Por otra parte, según revelaron los familiares de las víctimas, las causas judiciales llevan entre 5 y 8 años de trámite. Asimismo, mencionaron los altos costos económicos generados por estos siniestros, mayormente en el sistema de salud, que significan un monto de 8 millones de dólares por año, aunque la Asociación Luchemos por la Vida sostiene que alcanzan los 10 millones de U$s.

Ante la comisión de justicia del Senado Nacional reclamaron cambios en la legislación para que los culpables cumplan su condena en la cárcel.

Penalistas sugirieron algunas modificaciones para evitar futuros cuestionamientos constitucionales. El número de víctimas en accidentes de tránsito en Argentina equivale a como si se cayera un avión Jumbo por mes.  

Los senadores que integran la comisión de Justicia y Asuntos Penales –que preside la peronista federal Sonia Escudero (Salta), comenzaron a debatir esta tarde, junto a familiares de víctimas de accidentes de tránsito y prestigiosos penalistas, un paquete de proyectos que plantean modificaciones en la legislación penal en materia de seguridad vial, fenómeno que se cobra cientos de víctimas por año en la Argentina.

“Es la principal causa de muerte por razones externas en nuestro país”, recordó Escudero. Los proyectos con estado parlamentario son cinco, tres de los cuales fueron presentados por la senadora por Santiago del Estero Ana María Corradi de Beltrán (FPV). Otra de las iniciativas, presentada por Nancy Parrilli, plantea la modificación de diversos artículos del Código Penal, convierte en delitos lo que hoy son consideradas contravenciones e incorpora la pena de prestación de servicio comunitario.

Otro aspecto –considerado controvertido desde el punto de vista constitucional- declara inaplicable la probation o suspensión del juicio a prueba en caso de  delitos contra la seguridad vial. Los principales reclamos de los familiares de las víctimas apuntan contra la falta de cumplimiento efectivo de las condenas por parte de los conductores irresponsables o negligentes. Como las causas son consideradas homicidios culposos, en la mayoría de los casos no van presos.

Pidieron a los senadores saldar lo que consideran una deuda pendiente y sanciones que sean ejemplificadoras. Asimismo, señalaron que aún hay aspectos de la Ley Nacional de Tránsito –sancionada hace 14 años- que no se cumplen, entre ellos la obligatoriedad de impartir educación vial en los tres niveles educativos, imperioso para lograr un verdadero cambio cultural. 

Al respecto la presidenta de la comisión, Sonia Escudero, indicó que “es mucho lo que hay que hacer para combatir este flagelo, y no depende únicamente de una respuesta penal, sino que también tiene que ver con la educación y la concientización. No obstante, vamos a tratar de dar una respuesta desde el derecho penal, en especial atendiendo el planteo de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito quienes sostienen que los jueces argumentan que la legislación es ambigua o que no tienen las herramientas legales suficientes”. 

En cuanto a los proyectos de ley en tratamiento explicó que “en líneas generales plantean modificar algunas conductas típicas, en algunos casos se propone convertir lo que hoy son contravenciones en delitos. Por otra parte, se busca el cumplimiento efectivo de las penas, y se introduce, también, la posibilidad de aplicar la pena de prestar servicio comunitario”. 

La senadora por Salta, se refirió, asimismo, a algunos aspectos del proyecto de la senadora Parrilli que son “controvertidos desde el punto de vista constitucional, como es el caso de no poder aplicar la probation o suspensión del juicio a prueba en este tipo de delitos”. Además, señaló “observamos que la actual legislación no está dando las herramientas necesarias para que la sociedad pueda sentir que efectivamente hay justicia.

Desde las distintas provincias estamos viendo con gran preocupación el aumento de muertes y de lesiones gravísimas como resultado de negligencia, imprudencias y por falta de control y cumplimento de las normas de tránsito”. 

Participaron del encuentro: los representantes de la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa, José Aguerrido y Silvia González; de la Asociación Marcos por la Vida de la provincia de  Neuquén, Guillermo Álvarez; miembros del Grupo de Derechos Humanos y Justicia del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Norma Bonelli, Zulma Tarditi, Mónica Gangemi, Teresa Mellado y Fernando Solessio; los penalistas Víctor Hugo Benítez, y Fernando Díaz Cantón; el integrante de la sala I de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, Luis María Bunge Campos;  y la abogada de la Asociación de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito de la provincia de Catamarca (FAVIATCA), Natalia Andrada. 

Cifras alarmantes 

El juez Luis Bunge Campos sorprendió a todos al afirmar que “el número de víctimas en accidentes de tránsito en Argentina equivale a como si se cayera un avión Jumbo por mes”. 

Por otra parte, según revelaron los familiares de las víctimas, las causas judiciales llevan entre 5 y 8 años de trámite. Asimismo, mencionaron los altos costos económicos generados por estos siniestros, mayormente en el sistema de salud, que significan un monto de 8 millones de dólares por año, aunque la Asociación Luchemos por la Vida sostiene que alcanzan los 10 millones de U$s.

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