Se reabrirá causa contra los auditores generales por incumplimiento «deberes de funcionario público»

Así lo dispusieron los jueces de la Sala III de la Cámara de Acusación, Adolfo Figueroa y Edgardo Francisco Albarracín, el 28 de febrero pasado, luego de que la Fiscal Penal Nº 2, María Inés Loyola, apelara la resolución que dispuso el archivo del expediente “NN (funcionarios responsables de la Auditoría General de la provincia a determinar), por omisión de los deberes de funcionario público”, que se inició tras la investigación de quien hoy es candidato a diputado provincial en 2º término por el Partido Propuesta Salteña, Gonzalo Guzmán.
De este modo, tanto los auditores generales, Miguel Ángel Torino, Ramón José Muratore, Luis Costa Lamberto y Sergio Gastón Moreno, como así también el escribano de Gobierno, Víctor Manuel Fernández Esteban; podrían ser pasibles de una multa de hasta 12 mil 500 pesos y de la inhabilitación especial de 1 mes y 1 año.
Sucede que, en virtud del recurso de apelación de la Fiscal, los jueces Figueroa y Albarracín determinaron que “la Auditoría de Gobierno si bien había detectado un altísimo nivel de incumplimiento por parte de la Escribanía de Gobierno de sus obligaciones en materia de control de la declaraciones juradas de los funcionarios públicos, de comunicación a los funcionarios públicos de tal deber legal y de la publicación de los nombres de los funcionarios que omitieron presentar su declaración jurada, no realizó las correspondientes auditorías de seguimiento que debió realizar, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales de que imponen tal obligación”.
En este sentido, “cabe resaltar que el Artículo 169 de la Constitución de la Provincia establece que a la Auditoría General le corresponde efectuar el control de la presentación, del registro y del archivo de las declaraciones juradas y de evaluar el grado de cumplimiento de tal exigencia legal”.
La Cámara consideró en su sentencia que “la conducta punible sobre los auditores generales puede materializarse en tanto y en cuanto obviaron cumplir con el mandato legal derivado del ejercicio del cargo al igual que la Escribanía de Gobierno que no controló la presentación, el registro y el archivo de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos”.
Por ello, los jueces Figueroa y Albarracín determinaron que los auditores generales, prima facie, habrían incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público que el Código Penal reprime con multa de hasta 12 mil 500 pesos e inhabilitación especial de 1 mes y un año”, explicó Guzmán.
“Esta es sólo una muestra de que a nuestros funcionarios les importa poco el cumplimiento de las normas”
Para el candidato a diputados provincial en segundo término por el Partido Propuesta Salteña, Gonzalo Guzmán, “la causa seguida contra los auditores generales revela la poca importancia que nuestros funcionarios le dan a las normas que regulan la “ética pública” como es el caso de las normas que establecen la obligación de presentar declaraciones juradas.
“En este caso específicamente, no se respetaron ni se cumplieron las pautas que regulan la obligación de los funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas de su patrimonio en los 30 días posteriores a la toma de posesión en sus cargos”, explicó Guzmán al tiempo que detalló que “ni la Escribanía de Gobierno, ni la Auditoría General de la provincia hicieron uso de sus facultades para revertir tal situación”.
“Jamás la Escribanía de Gobierno publicó lista alguna de los funcionarios incumplidores o accionó para cumplir con la Ley 3.382 que, en su Artículo 6º, manda a remover del cargo a quien no transparente su situación patrimonial. Tampoco la Auditoría General controló la presentación, registró y archivó las declaraciones juradas a pesar de que así lo exigen la Constitución Provincial”, se explayó el candidato.
Sucede que, para Guzmán, “tal falta de compromiso no tiene otra explicación que la carencia de independencia de los funcionarios a cargo de los organismos involucrados en esta situación, que olvidan que deben estar al servicio de los ciudadanos y no de quienes detentan el poder político”.
Justamente por ello, es que “debemos trabajar arduo para recuperar nuestras instituciones, porque sin calidad institucional no es posible ni la democracia ni la república”, manifestó Guzmán no sin antes reflexionar que “hoy resulta preocupante la situación en la que se encuentran organismos de control claves”.
Finalmente, el candidato a diputado provincial reflexionó que “la actual conformación de la Auditoría General es 100% oficialista” y consideró que “por eso, difícilmente cumpla  con el importante rol que la Constitución le asigna que es, nada más y nada menos que, controlar en qué y cómo gasta la plata de los salteños el gobernador, Juan Manuel Urtubey”.
Gonzalo Guzmán

Sr Director

Así lo dispusieron los jueces de la Sala III de la Cámara de Acusación, Adolfo Figueroa y Edgardo Francisco Albarracín, el 28 de febrero pasado, luego de que la Fiscal Penal Nº 2, María Inés Loyola, apelara la resolución que dispuso el archivo del expediente “NN (funcionarios responsables de la Auditoría General de la provincia a determinar), por omisión de los deberes de funcionario público”, que se inició tras la investigación de quien hoy es candidato a diputado provincial en 2º término por el Partido Propuesta Salteña, Gonzalo Guzmán.

De este modo, tanto los auditores generales, Miguel Ángel Torino, Ramón José Muratore, Luis Costa Lamberto y Sergio Gastón Moreno, como así también el escribano de Gobierno, Víctor Manuel Fernández Esteban; podrían ser pasibles de una multa de hasta 12 mil 500 pesos y de la inhabilitación especial de 1 mes y 1 año. Sucede que, en virtud del recurso de apelación de la Fiscal, los jueces Figueroa y Albarracín determinaron que “la Auditoría de Gobierno si bien había detectado un altísimo nivel de incumplimiento por parte de la Escribanía de Gobierno de sus obligaciones en materia de control de la declaraciones juradas de los funcionarios públicos, de comunicación a los funcionarios públicos de tal deber legal y de la publicación de los nombres de los funcionarios que omitieron presentar su declaración jurada, no realizó las correspondientes auditorías de seguimiento que debió realizar, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales de que imponen tal obligación”. 

En este sentido, “cabe resaltar que el Artículo 169 de la Constitución de la Provincia establece que a la Auditoría General le corresponde efectuar el control de la presentación, del registro y del archivo de las declaraciones juradas y de evaluar el grado de cumplimiento de tal exigencia legal”. La Cámara consideró en su sentencia que “la conducta punible sobre los auditores generales puede materializarse en tanto y en cuanto obviaron cumplir con el mandato legal derivado del ejercicio del cargo al igual que la Escribanía de Gobierno que no controló la presentación, el registro y el archivo de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos”. 

Por ello, los jueces Figueroa y Albarracín determinaron que los auditores generales, prima facie, habrían incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público que el Código Penal reprime con multa de hasta 12 mil 500 pesos e inhabilitación especial de 1 mes y un año”, explicó Guzmán. “Esta es sólo una muestra de que a nuestros funcionarios les importa poco el cumplimiento de las normas” Para el candidato a diputados provincial en segundo término por el Partido Propuesta Salteña, Gonzalo Guzmán, “la causa seguida contra los auditores generales revela la poca importancia que nuestros funcionarios le dan a las normas que regulan la “ética pública” como es el caso de las normas que establecen la obligación de presentar declaraciones juradas. 

“En este caso específicamente, no se respetaron ni se cumplieron las pautas que regulan la obligación de los funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas de su patrimonio en los 30 días posteriores a la toma de posesión en sus cargos”, explicó Guzmán al tiempo que detalló que “ni la Escribanía de Gobierno, ni la Auditoría General de la provincia hicieron uso de sus facultades para revertir tal situación”. 

“Jamás la Escribanía de Gobierno publicó lista alguna de los funcionarios incumplidores o accionó para cumplir con la Ley 3.382 que, en su Artículo 6º, manda a remover del cargo a quien no transparente su situación patrimonial. Tampoco la Auditoría General controló la presentación, registró y archivó las declaraciones juradas a pesar de que así lo exigen la Constitución Provincial”, se explayó el candidato. 

Sucede que, para Guzmán, “tal falta de compromiso no tiene otra explicación que la carencia de independencia de los funcionarios a cargo de los organismos involucrados en esta situación, que olvidan que deben estar al servicio de los ciudadanos y no de quienes detentan el poder político”. Justamente por ello, es que “debemos trabajar arduo para recuperar nuestras instituciones, porque sin calidad institucional no es posible ni la democracia ni la república”, manifestó Guzmán no sin antes reflexionar que “hoy resulta preocupante la situación en la que se encuentran organismos de control claves”. 

Finalmente, el candidato a diputado provincial reflexionó que “la actual conformación de la Auditoría General es 100% oficialista” y consideró que “por eso, difícilmente cumpla  con el importante rol que la Constitución le asigna que es, nada más y nada menos que, controlar en qué y cómo gasta la plata de los salteños el gobernador, Juan Manuel Urtubey”. 

Gonzalo Guzmán

(0387) 154580048

Prensa Clara López Cataneo

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