Robo de bebés: Videla desafía a la Justicia

Videla desafía a la Justicia sobre el robo de bebés
El ex dictador, quien será sometido a juicio el próximo lunes, solicitó ser representado por un defensor oficial al considerar que el delito prescribió, por lo que pidió la renuncia de sus abogados. En 2005 el Tribunal había declarado la imprescriptibilidad de ese delito.
A cuatro días de comenzar el juicio oral y público por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura, el represor Jorge Rafael Videla realizó una jugada política: les pidió a sus abogados particulares que renuncien a representarlo y, a cambio, pidan que lo patrocine un defensor oficial.
Ayer, uno de sus dos letrados, Luis Boffi Carri Pérez, oficializó la renuncia y en las próximas horas seguiría los mismos pasos su socio Rodolfo Casabal Elía.
Boffi Carri Pérez presentó un escrito mediante el cual “cumpliendo expresas instrucciones” de Videla, renunció a ejercer ese rol porque “en la etapa procesal que va a comenzar” el imputado “no desea ser asistido por abogados particulares”.
Al justificar su renuncia, el abogado sostuvo que cuando aceptó asistir a Videla no sólo asumió la defensa del dictador, sino también del derecho, ponderando los principios de la Constitución Nacional, entre ellos la irretroactividad de la ley más severa.
“La defensa de los principios jurídicos expuestos no puede ser llevada a cabo frente a nuevas doctrinas que no concuerdan, a mi modo de ver, con nuestro ordenamiento legal”, consignó el letrado, en alusión al fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2005 que ratificó la posición de la Cámara Federal de Apelaciones que declaró imprescriptible el delito de robo de bebés, y permitió llevar a Videla y otros represores a los tribunales.
El próximo lunes, en un juicio que será televisado, el ex dictador, el también ex presidente de facto Reinaldo Bignone y otros seis procesados, entre ellos el ex oficial de la marina Jorge Acosta, comenzarán a ser juzgados por la sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años.
En el mismo escrito, Boffi Carri Pérez solicitó que “se proceda a designar Defensor Oficial que asista a don Jorge Rafael Videla”.
En el juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6 están procesados también los ex jefes militares Rubén Franco, Antonio Vañek, Santiago Riveros y Juan Azic y el médico Jorge Magnacco.
Durante la última dictadura, recién nacidos, hijos de padres asesinados o desaparecidos, fueron entregados a militares o civiles, que mediante falsedades ideológicas en partidas o documentos de identidad, los anotaban como propios.
Según la organización Abuelas de Plaza de Mayo, de los aproximadamente 500 nietos apropiados, hubo 102 en los que las víctimas recuperaron su identidad biológica.
Videla, detenido en Campo de Mayo, fue condenado en diciembre último a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 opositores políticos en el penal General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Bignone, en tanto, fue condenado en abril de 2010 a 25 años de prisión por privaciones ilegales de la libertad y aplicación de torturas a prisioneros políticos, en perjuicio de 56 víctimas, cometidas en Campo de Mayo.

videla

El ex dictador, quien será sometido a juicio el próximo lunes, solicitó ser representado por un defensor oficial al considerar que el delito por el que será juzgado prescribió, por lo que pidió la renuncia de sus abogados. En 2005 el Tribunal había declarado la imprescriptibilidad de ese delito.

A cuatro días de comenzar el juicio oral y público por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura, el represor Jorge Rafael Videla realizó una jugada política: les pidió a sus abogados particulares que renuncien a representarlo y, a cambio, pidan que lo patrocine un defensor oficial. 

Ayer, uno de sus dos letrados, Luis Boffi Carri Pérez, oficializó la renuncia y en las próximas horas seguiría los mismos pasos su socio Rodolfo Casabal Elía.

Según medios nacionales, Boffi Carri Pérez presentó un escrito mediante el cual “cumpliendo expresas instrucciones” de Videla, renunció a ejercer ese rol porque “en la etapa procesal que va a comenzar” el imputado “no desea ser asistido por abogados particulares”. Al justificar su renuncia, el abogado sostuvo que cuando aceptó asistir a Videla no sólo asumió la defensa del dictador, sino también del derecho, ponderando los principios de la Constitución Nacional, entre ellos la irretroactividad de la ley más severa. 

“La defensa de los principios jurídicos expuestos no puede ser llevada a cabo frente a nuevas doctrinas que no concuerdan, a mi modo de ver, con nuestro ordenamiento legal”, consignó el letrado, en alusión al fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2005 que ratificó la posición de la Cámara Federal de Apelaciones que declaró imprescriptible el delito de robo de bebés, y permitió llevar a Videla y otros represores a los tribunales.

El próximo lunes, en un juicio que será televisado, el ex dictador, el también ex presidente de facto Reinaldo Bignone y otros seis procesados, entre ellos el ex oficial de la marina Jorge Acosta, comenzarán a ser juzgados por la sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. En el mismo escrito, Boffi Carri Pérez solicitó que “se proceda a designar Defensor Oficial que asista a don Jorge Rafael Videla”. 

En el juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6 están procesados también los ex jefes militares Rubén Franco, Antonio Vañek, Santiago Riveros y Juan Azic y el médico Jorge Magnacco. 

Durante la última dictadura, recién nacidos, hijos de padres asesinados o desaparecidos, fueron entregados a militares o civiles, que mediante falsedades ideológicas en partidas o documentos de identidad, los anotaban como propios. 

En declaraciones a Tiempo Argentino, la organización Abuelas de Plaza de Mayo, de los aproximadamente 500 nietos apropiados, hubo 102 en los que las víctimas recuperaron su identidad biológica. 

Videla, detenido en Campo de Mayo, fue condenado en diciembre último a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 opositores políticos en el penal General San Martín de la ciudad de Córdoba. 

Bignone, en tanto, fue condenado en abril de 2010 a 25 años de prisión por privaciones ilegales de la libertad y aplicación de torturas a prisioneros políticos, en perjuicio de 56 víctimas, cometidas en Campo de Mayo.

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