Ley de creación de la Reserva Nacional de General Pizarro

10/12/2010

“Esto representa el logro de un sueño para cuyo cumplimiento se trabajó mucho. Es una vuelta de página que nos lleva a un nuevo capítulo que comenzamos a andar", afirmó el ministro de Ambiente.
La Cámara de Senadores de la Provincia de Salta sancionó la Ley que posibilita la creación de una Reserva Nacional en General Pizarro

Mediante esta norma, la provincia cede a la Administración de Parques Nacionales la jurisdicción de cerca de 8000 hectáreas en el Departamento de Anta, con la condición de crear allí una Reserva Nacional.

“Esto representa el logro de un sueño para cuyo cumplimiento se trabajó mucho. Es una vuelta de página que nos lleva a un nuevo capítulo que comenzamos a andar. Es importante continuar trabajando para consolidar el área protegida y la gestión territorial, dada la importancia de la zona como productora de agua, por la riqueza de sus bosques, por permitir la conectividad entre las yungas al Oeste y el chaco al Este, y contribuir a la conservación de las serranías de Santa Bárbara y Maíz Gordo. Este es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Salta, la Administración de Parques Nacionales, Fundación Vida Silvestre, el Municipio, y un sinnúmero de personas y ONG que se pusieron al hombro este desafío” afirmó Francisco López Sastre, ministro de Ambiente.

Actualmente se trabaja con finqueros de la zona para crear reservas o áreas protegidas privadas, con las comunidades wichí, con el municipio y con las ONG que participaron de todo este proceso. Conjuntamente con la Fundación Vida Silvestre y la Administración de Parques Nacionales se está avanzando en la elaboración de un Plan Estratégico.

Cronología
En 1995 la Provincia de Salta, declara a los lotes 32 y 33 del Departamento de Anta Área Natural Provincial Protegida mediante decreto 3397/95. El objetivo era preservar una diversidad de ambientes de llanura, pedemonte, serranías, chaco de llanura, selva de transición y selva de montaña de esa zona.

El 6 de Abril de 2004, por iniciativa del Gobierno de la Provincia de Salta de ese momento, promulga por decreto N° 809 la ley N° 7274 que desafecta los lotes fiscales N° 32 y 33 del Departamento de Anta, quitándole la categoría de Área Natural Protegida, autorizando al Poder Ejecutivo a vender dichas tierras mediante licitación pública. La ley establece que el importe total que se obtenga de esta venta será destinado a la ejecución de obras de infraestructura vial, para el mejoramiento de las rutas provinciales N°5 y 30. La reserva fue rematada el día 23 de Junio de 2004 y fue denunciado el inicio de desmontes. La comunidad salteña, las comunidades aborígenes y la organización Greenpeace reaccionaron con actos, escraches y bloqueos para evitar los desmontes de quienes comenzaron a producir soja.

El 14 de octubre de  2005 la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia de Salta firmaron un convenio en el que se comprometen, entre otras cosas, a la creación de una nueva área protegida nacional en General Pizarro, departamento de Anta. Nunca se continuaron las gestiones administrativas para la cesión de estas tierras.

En agosto de 2010 el ministro de ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco López Sastre, se reunió con la presidenta del directorio de Áreas Protegidas Nacionales (APN), Patricia Gandini, para dialogar sobre la reserva de Pizarro y solucionar un conflicto de más de cinco años. La reunión giró en torno al proyecto de ley que el Gobierno de la Provincia elaboró para formalizar la cesión de jurisdicción de los lotes de la ex reserva Pizarro, que fueron vendidos a particulares por la anterior gestión y comprados por Áreas Protegidas Nacionales en 2006.

El 18 de octubre de 2010, el Gobernador Urtubey envió a la legislatura provincial la ley de cesión de jurisdicción que terminó de resolver el trámite administrativo para que se constituya la Reserva Nacional General Pizarro.

El martes 07 de diciembre senadores salteños votaron a favor de la cesión de jurisdicción de estas tierras lo que permitirá, entre otras cosas, la entrega de tierras a la comunidad indígena y el desarrollo conjunto de acciones de conservación y desarrollo sustentable.

 

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