La Corte Suprema de la Nación limita extensión de cautelares y ratifica la ley de medios

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en la cual limitó la vigencia de las medidas cautelares al solicitarle a un magistrado que establezca el tiempo que demorará en pronunciarse sobre el artículo 161 de la ley de comunicación audiovisual y ratificó la plena vigencia de la ley de medios. En un fallo, dividido por cinco a dos votos, el alto tribunal se pronunció de esta manera sobre la medida cautelar dispuesta por el juez Edmundo Carbone, de suspender la aplicación del articulo 161 de la ley de comunicación audiovisual, que había sido raticada por la Sala II Cámara Civil y Comercial.



La Corte Suprema señaló que «si la sentencia en la acción de fondo demorara un tiempo excesivo, se permitiría a la actora
excepcionarse por el simple transcurso del tiempo de la aplicación del régimen impugnado, obteniendo de esta forma por via del pronunciamiento cautelar» . Y agregó que esto resultaría «un resultado análogo al que se lograría en caso de que acogiera favorablemente su pretensión sustancial en autos».

«Por esta razón y para evitar ese efecto no deseado, se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la
vigencia de la medida cautelar». «Si el tribunal no utilizara ex oficio este remedio preventivo, la parte recurrente podría promover la solicitud de la fijación de un plazo. Ello es así, pues si la índole provisoria que regularmente revisten las medidas cautelares se desnaturalizare por la desmesurada extensión temporal».

Dijo que la presente medida cautelar «no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley y se encuadra dentro de los
criterios tradicionales empleados por los tribunales de la Nación durante años». En relación al artículo 161, la Corte señala que «corresponde distinguir entre las regulaciones generales relativas a límites relativos a la cantidad de licencias, la obligación de desinvertir  y el plazo de un año para cumplir con esas disposiciones».

En ese sentido, el tribunal señaló que «la validez de la desinversión forzada no es materia sometida a la decisión de la
esta Corte Suprema, sino el plazo de un año para cumplirla, que ocasionaría un peligro en la demora valorado en relación con la
duración del proceso».

Télam

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