La justicia salteña deberá tratar las denuncias por desmontes

Lo dispuso la Corte Suprema de Justicia ante una presentación de comunidades indígenas, por el supuesto incumplimiento de la medida cautelar dictada por el Máximo Tribunal en diciembre del 2008, que ordenó el cese de la tala de árboles en algunos bosques de la provincia.


En esta nueva resolución, la Corte señaló que la Provincia de Salta dictó el decreto 2789/2009, en donde se dispuso que hasta tanto se realice la delimitación definitiva y la categorización final de las áreas boscosas que ocupan o utilizan las comunidades indígenas “dichas áreas serán consideradas de manera precautoria en la Categoría II (amarillo) prohibiéndose la ejecución de las autorizaciones de desmonte pendientes de realización en aquellas propiedades incluidas en esa categoría y que se encuentren sometidas a un reclamo formal por parte de tales comunidades”.

El desmonte fue denunciado por integrantes de la «Mesa de Tierras del Norte de Salta», quienes dicen que se habría violado la medida cautelar dictada por la Corte y afirman que habrían observado que los desmontes continuaron.

La organización solicitó además la intervención de un organismo independiente de la provincia, como el INTA o la Universidad Nacional de Salta, para que mediante el estudio de imágenes satelitales de los años 2008 y 2009 detecte los lugares en los que se hubieran realizado desmontes en los departamentos de Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria.

A su vez recordaron que la medida cautelar dictada por el máximo tribunal se fundó en el principio precautorio contemplado en la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), frente a la situación clara de peligro grave que se presentaba, y fue dispuesta a fin de evitar la degradación del medio ambiente, informó el sitio especializado, Medio y Medio.

Según la Corte, “en ese contexto, los extremos que se denuncian indican la ineludible intervención de la jurisdicción salteña para examinar si se configuran los presupuestos de aplicación del decreto provincial que se dice violado, como así también los diversos aspectos de índole local que se vinculan con la cuestión, tales como la revisión estricta de los actos administrativos de autorización de desmontes en las propiedades que individualizan los peticionarios”.

Por esa razón, el Máximo Tribunal entendió que el planteo referido a los desmontes posteriores a la medida cautelar “deberá realizarse ante las autoridades locales, pues se vincula directamente con las facultades inherentes al poder de policía asignado expresamente”.

“Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, en su condición de autoridad de aplicación de la ley 7543 (art. 36), es al que le compete —como se puso de resalto— asegurar el efectivo cumplimiento de la prohibición que se denuncia violada”, concluyeron los ministros.

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