Virginia Cornejo solicita intervención de la Auditoría General

La diputada provincial Virginia Cornejo (PPS) solicitó formalmente a la Auditoría General de la Provincia que, con carácter de urgente, practique una auditoría financiera, de legalidad y de gestión de la operación de contratación de la Consultora PEAL S.H. y sus correspondientes prórrogas.

La solicitud incluye auditar la ejecución del contrato y evaluar la utilidad de la contratación para la Provincia.

Antecedentes

La legisladora de Propuesta Salteña efectúa este pedido luego de una serie de gestiones efectuadas, tendientes a dilucidar las cuestiones planteadas en la nota a la Auditoría.

En abril pasado, por iniciativa de la diputada Cornejo, la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría General de la Gobernación un informe respecto del contrato de consultoría que celebró con la Consultora PEAL SH.

“La contestación recibida en junio  no despejó las dudas que se ciernen respecto de la legalidad, conveniencia y utilidad de la contratación”, comentó la diputada Cornejo. Señaló también que subsisten las dudas respecto a la calidad y utilidad de los informes técnicos que la consultora ha presentado en el marco de este contrato y de su  gravitación en la elaboración de políticas públicas sobre la adicción a las drogas.

En el pedido de informes al Secretario General de la Gobernación, la Cámara de Diputados le solicitaba remitir el contrato de consultoría celebrado con PEAL SH y sus prórrogas.

Se solicitaba también copia del informe de asistencia técnica 2008-2009 proporcionado por la Consultora, citado en los Decretos 3341/09 y 224/10; copia de estudios y conclusiones entregados como consecuencia de la ejecución del contrato; datos personales y profesionales de los integrantes de la Consultora; montos percibidos y a percibir por la misma y proceso de selección y contratación seguido para la contratación. 

Respuesta insatisfactoria

A juicio de la diputada Cornejo, la respuesta del Secretario General de la Gobernación resulta insuficiente, ya que no acompañó las copias del contrato original y sus prórrogas. Sólo se proveyó una nota del 27 de julio de 2009, en la que la Consultora eleva un informe de asistencia técnica 2008-2009 y solicita prórroga del contrato por doce meses. La firmante de la  nota es Delia E. Nabarro, quien no es parte integrante de PEAL SH.

Con respecto a los estudios y conclusiones sobre la temática de las adicciones, la legisladora considera que los contenidos de los informes provistos son cuestionables en cuanto a su calidad y veracidad, ya que uno de ellos ni siquiera lleva firma de un responsable.

Legalidad de la contratación

Según informa la Secretaría General de la Gobernación, para celebrar el contrato con PEAL SH se recurrió a la modalidad de “contratación directa – libre elección por negociación directa”.  Encuadra la decisión en el inciso d) del artículo 13 de la Ley de Contrataciones, que prevé esta modalidad para “adquirir o ejecutar obras de arte, científicas o históricas y para restaurar obras de arte y otras, y cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia”.

La diputada Cornejo afirma que resulta fundamental, para determinar si el proceso de selección utilizado es el correcto, “analizar si se encuentra debidamente justificado que las personas que integran la Consultora son especializadas y de probada competencia”, ya que del informe proporcionado por la Secretaría General de la Gobernación no surge que se haya hecho tal constatación. Cabe decir que la Consultora está integrada por una licenciada en psicología, una profesora sin especificar especialidad y una operadora territorial.

Objeto y costo del contrato

El cometido de la Consultora PEAL SH, según los considerandos del contrato, eran efectuar “…un estudio integral tendiente a lograr la participación en la construcción de una política de Estado participativa y ética, generando en la comunidad una conciencia colectiva en la resolución de la problemática de las adicciones y las consecuencias que éstas causan en la población, basándose en la inclusión y justicia social”.

Al respecto, la diputada Cornejo manifestó que “El contrato fue firmado en agosto de 2008 y no vemos los resultados en la implementación de las políticas concretas”. Esta es una de las razones por las cuales ha efectuado la presentación ante la Auditoría General de la Provincia.

La legisladora recordó que este contrato significa para la Provincia una erogación anual de $ 144.000. “Este gasto puede ser evitado si se tiene en cuenta que se han creado las dependencias específicas para abordar el problema de las adicciones dentro del ámbito del Ministerio de Salud Pública, tales como la de Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral contra las Adicciones”, expresó Virginia Cornejo.

En la nota a la Auditoría General, la diputada del PPS solicita que “se remita a la brevedad la presente denuncia a la Oficina de Actuaciones Colegiadas, a fin de habilitar su tratamiento urgente por el Colegio de Auditores Generales”.

Prensa PPS

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