Avanza en el Senado la creación de un Servicio Cívico Voluntario

Con la presencia del Vicepresidente de la Nación Julio Cobos, las comisiones de justicia y asuntos penales –que preside la salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal)- y de seguridad interior de la Cámara alta avanzaron esta tarde en la discusión de varios proyectos que proponen la creación del programa nacional de servicio cívico comunitario.


La idea central es lograr la contención de jóvenes en situación de riesgo social a través de la capacitación en oficios y, al mismo tiempo, promover la finalización de los estudios primarios y secundarios. Para ello, procuran aprovechar la capacidad ociosa existente en las instalaciones que las Fuerzas Armadas poseen en las provincias.

La convocatoria obedeció a la decisión tomada por el cuerpo, el pasado 11 de agosto, de comenzar a tratar en comisión un paquete de proyectos tendientes a dar respuesta a las demandas ciudadanas de mayor seguridad. El objetivo es lograr su sanción a fines de septiembre. En principio, se dedicarán a cuatro temas puntuales: servicio cívico voluntario, emergencia nacional en seguridad, limitar los desarmaderos y la sanción de una nueva ley de armas.

En la tarde de ayer, las comisiones se abocaron al tratamiento de cuatro proyectos presentados por Laura Montero (Mendoza-UCR), Ernesto Sanz (Mendoza-UCR), José Pampuro (Buenos Aires-PFV) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis-Peronismo Federal) que, en líneas generales, coinciden en cuanto a objetivos y medios para alcanzarlos: “proponen la creación del Servicio Cívico Voluntario, a nivel nacional, destinado a los miles de niños y jóvenes que no estudian ni trabajan en la Argentina”, explicó la presidenta de la comisión de justicia y asuntos penales Sonia Escudero.

“No se va a solucionar el problema de la inseguridad, pero si puede convertirse en una política de Estado para contener a los adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para evitar que caigan en conflicto con la ley penal, aclaró Escudero. “La formación educativa estará a cargo de los ministerios de educación de las provincias, y se prevé la posibilidad de implementar una beca para ayudar a los jóvenes para que puedan culminar sus estudios”, agregó.

Fueron invitados el Vicepresidente de la Nación Julio Cobos, la coordinadora del Servicio Cívico Voluntario en Mendoza, Viviana Zabala, programa puesto en marca durante la gestión de Cobos como gobernador de esa provincia, y la subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa Sabina Frederic.

Tanto Cobos como Zabala, se explayaron en relación con la exitosa experiencia llevada a cabo en Mendoza con la participación del gobierno provincial, Nacional –a través del Ministerio de Defensa, y las Universidades. “Los docentes los puso la provincia, hubo una buena inserción -4500 chicos- y los niveles de aprobación fueron de un 84%”, describió Cobos, quien dijo que si bien los programas sueles ser “parches” ante la falta de políticas de Estado, se debe “apelar a la imaginación para lograr la inclusión de los jóvenes”. Pidió no entrar en la discusión acerca de los índices de pobreza, al tiempo que aseguró que “la realidad es que tenemos muchos chicos fuera del sistema educativo”.

El martes próximo, las comisiones continuarán con el tratamiento de estas iniciativas junto a expertos y funcionarios del Ministerio de Educación y Trabajo de la Nación. Además, comenzarán a debatir en torno a las iniciativas presentadas por Hilda Chiche Duhalde para declarar la emergencia en materia de seguridad ciudadana por el término de un año, y otra presentada por el jefe de la de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, para limitar la actividad de los desarmaderos.

Los proyectos

El proyecto de la senadora Hilda “Chiche” Duhalde propone declarar la emergencia nacional en materia de seguridad, por el término de un año, y que dispone la aplicación de una serie de medidas por parte del Gobierno Nacional.

Otro de los proyectos en discusión es una vieja iniciativa impulsada por la senadora Escudero, cuyo principal objeto es modernizar la ley de armas que data de la época de la dictadura. Tiene como objetivo limitar el acceso a las armas y modificar la estructura de financiamiento del RENAR, hoy administrado por un ente cooperador que integran fabricantes y comerciantes de armas.

El proyecto presentado por Miguel Pichetto que procura dar respuesta a uno de los hechos más comunes de inseguridad como es el robo de automotores. La iniciativa establece cláusulas sobre los lugares  que funcionen como desarmaderos de autopartes y que prohíbe su comercialización, transporte y almacenamiento.

 

 

 

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