Dudoso contrato con consultora por tema adicciones

Para estudios y propuestas sobre el tema adicciones, el Gobierno paga $ 144.000 por año a una consultora de dudosa existencia. En la Secretaría de Adicciones no la conocen. El domicilio denunciado corresponde a un estudio jurídico. El teléfono denunciado es de un domicilio particular. La contratación presenta dudas sobre su legalidad.


“Posiblemente nos encontremos ante la presencia de un grave hecho que es necesario investigar y dar respuestas”, manifestó la diputada provincial Virginia Cornejo (PPS), ante la situación detectada por la contratación, por parte de la Secretaría General de la Gobernación, de una consultora para abordar el problema de las adicciones en la provincia.

En febrero de este año, la legisladora solicitó por nota al Secretario General, Ernesto Samson, copia del contrato suscripto con la Consultora PEAL SH y sus respectivas prórrogas, ya que la misma venía operando desde el año 2008. También solicitaba copia del informe de asistencia técnica por los años 2008 y 2009, al que hacen referencia los Decretos 3341/09 y 224/10. Asimismo, requería copia de los estudios y conclusiones provistos por la consultora como consecuencia de la ejecución del contrato; nombre y profesión de los integrantes de la consultora; montos percibidos y a percibir según el contrato y sus prórrogas; forma de selección y contratación de la sociedad, con número de expediente de las actuaciones.

“Llama la atención que, existiendo en el ámbito de la Administración Pública estamentos que deben ocuparse de la temática de las adicciones, como el Ministerio de Salud Pública o la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral contra las Adicciones, la contratación la haya efectuado la Secretaría General de la Gobernación”, dijo la diputada Cornejo.

El cometido de la Consultora PEAL SH, según los considerandos del contrato, eran efectuar “…un estudio integral tendiente a lograr la participación en la construcción de una política de Estado participativa y ética, generando en la comunidad una conciencia colectiva en la resolución de la problemática de las adicciones y las consecuencias que éstas causan en la población, basándose en la inclusión y justicia social”. “El contrato fue firmado en agosto de 2008 y no vemos los resultados en la implementación de las políticas concretas”, manifestó la legisladora de Propuesta Salteña.

La solicitud de información de la diputada Cornejo al Secretario General de la Gobernación no tuvo respuesta, razón por la cual en marzo presentó un proyecto de Resolución en la Cámara en el mismo sentido.

Informe de la Secretaría General de la Gobernación

Respondiendo al pedido cursado por la Cámara de Diputados, la Secretaría General de la Gobernación proveyó un informe sin acompañar copia del contrato con la consultora y sus prórrogas, solicitados en el primer punto de la resolución aprobada. En cambio, presentó  una nota de julio de 2009, con la firma de Delia E. Nabarro, en la que la consultora eleva a la Secretaría General un informe de Asistencia Técnica 2008 – 2009 y solicita prórroga del contrato por 12 meses.

“Consideramos que estos informes, de dudoso rigor científico, no aportan nada novedoso a lo que ya se conoce de la problemática de las adicciones, dada las generalizaciones y las vaguedades de los mismos en cuanto a diagnóstico y propuestas”, afirmó la diputada Cornejo. Estos informes son citados en los decretos 3341/09 Y 224/10, que autorizan las prórrogas del contrato.

Los escritos llevan la firma de Delia E. Nabarro, que no figura como integrante de la Consultora, ya que, según la Secretaría General de la Gobernación, la integran Alejandra María Cabrera, licenciada en Psicología; Lis Gloria Sempertegui, profesora (sin especificar especialidad) y Fabiana Camacho, operadora territorial.

Sobre los informes, la legisladora hace hincapié en la pobreza de sus contenidos. “El primero de ellos, presentado el 24 de julio de 2009, sólo consta de 6 fojas con conceptos generales y vagos; el segundo, de 20 fojas, también incurre en los mismos defectos y las propuestas y recomendaciones realizadas son sumamente generales y a mi entender no constituyen un aporte sustancial en la materia”.

Informa también el Secretario General de la Gobernación, que los montos del contrato con PEAL SH son de $ 12.000 mensuales, o sea $ 144.000 por año. En cuanto al proceso de selección y contratación seguido, se hizo por contratación directa, a partir del expediente 139-4963/08.

Dudas en el procedimiento

La diputada Virginia Cornejo resaltó que, en el caso de esta contratación, hay varios puntos que no quedan claros, como el hecho de que el Gobierno, a través de la Secretaría General de la Gobernación, contrate a una consultora privada a la que le paga $ 144.000 por año, para efectuar un estudio que bien podría realizarse en las áreas oficiales correspondientes, como el Ministerio de Salud Pública o la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral contra las Adicciones.

Llama la atención también que se haya recurrido a la modalidad de “contratación directa – libre elección por negociación directa”, con el argumento de que se contrata a empresas o personas “especializadas de probada competencia” (Art. 13 inc. d, Ley de Contrataciones). Queda la duda sobre si está debidamente justificado que las personas que integran PEAL SH son “personas especializadas de probada competencia”.

¿Una consultora fantasma?

Se pudo detectar que el domicilio de la Consultora, indicado en el informe y coincidente con el informado por el Registro de Proveedores (10 de Octubre 37), no corresponde a consultora alguna, sino que en el mismo funciona un estudio jurídico particular. Asimismo, el teléfono denunciado por la Consultora (4290061) corresponde a un domicilio particular del barrio Santa Ana, según la guía telefónica oficial.

“¿Cómo es que un informe de la Consultora es firmado por una persona que no integra la misma?” se pregunta la diputada Cornejo. Agrega que “la misma persona solicita al Secretario General de la Gobernación la prórroga del contrato en julio de 2009”. Otro dato llamativo es que el segundo informe provisto “no lleva la firma de nadie”.

La diputada Virginia Cornejo se mostró sorprendida ante el hecho de que “a la Consultora PEAL SH no la conocen en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, ni la actual secretaria ni el anterior funcionario; sin embargo está contratada y viene trabajando desde agosto de 2008.¿Cómo es que el organismo que debería poner en práctica la política del Gobierno en el tema adicciones no conoce la existencia de esta Consultora?”.

Otra cosa que llama la atención es que se contrata por la Secretaría General de la Gobernación, pero el contrato lleva la firma del Secretario de la Función Pública.

Competencias

Entre sus atribuciones, la Secretaría General de la Gobernación tiene las de asistir al Gobernador en la formulación e implementación de políticas culturales.

Según la Ley de Ministerios, compete a Desarrollo Humano asistir al Gobernador en todo o concerniente a políticas referidas al desarrollo del ser humano y su integración social, prevención, asistencia y recuperación de los estados de vulnerabilidad social y asistencia social ante situaciones de necesidad y urgencia.

El Ministerio de Salud Pública debe asistir al Gobernador en todo lo concerniente a la salud de la población.

De esto se infiere cuáles áreas constituyen el ámbito natural para celebrar un contrato de consultoría de la naturaleza del suscrito con PEAL SH, en el caso de que en tales ámbitos oficiales no existiese el personal técnico o profesional idóneo para llevar adelante las tareas encomendadas a la Consultora.

Prensa PPS

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