Rechazan un amparo por el que se pretendía la transferencia de 25 licencias de remises

El Juez de la Cámara Civil y Comercial Sala III, Marcelo Domínguez, rechazó un recurso de amparo a través del cual se pretendía que la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) autorizara la transferencia de 25 licencias de remises a un particular titular de una empresa del rubro. El empresario pretendía que el magistrado declarara la nulidad de 25 resoluciones de la AMT por las que se rechazaron las respectivas transferencias de otras tantas licencias individuales.

 

La Autoridad Metropolitana de Transporte, creada por Ley 7322, tiene a su cargo la planificación, organización, actuación, regulación, fiscalización y control, necesarias para garantizar la normalidad en la prestación del servicio público propio e impropio de transporte por automotor de personas en la Región Metropolitana de Salta.

El magistrado sostuvo que la AMT, al disponer la caducidad de las licencias de remises otorgadas, decidió la aplicación de una sanción contemplada dentro de las facultades de este ente, por lo que consideró que no resultaba válido el camino del amparo para revertir esta situación. Citó en este aspecto la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta en el sentido que «la viabilidad del amparo requiere no sólo la invocación de un derecho indiscutible, cierto y preciso, de jerarquía constitucional, sino también que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima y que el daño no pueda evitarse o reparase adecuadamente por medio de otras vías”.

No puede sostenerse, a criterio del Juez de Cámara, que las decisiones de la AMT en este caso, puedan ser consideradas “arbitrarias o manifiestamente ilegales” y consideró para ello que el actor del amparo “pretende le sean reconocidas 25 licencias de remises, con pie en supuestas transferencias de licencias de otros tantos primigenios titulares”, cuando la ordenanza 12277 aplicable al momento de otorgamiento de las mismas establece en su artículo 142 que las licencias individuales «no podrán ser transferidas, ni aún entre agencias autorizadas en el sistema”, previendo que la única excepción a esta intransferibilidad es el caso de se lo haga en forma conjunta con la agencia.

Observó además el Juez de Cámara que con las transferencias concretadas a favor del actor Hugo Orlando Díaz, se intenta soslayar la exigencia de intransferibilidad de las licencias individuales de remises “y ello por supuesto que lo sabía desde el momento que celebró los contratos de transferencia e inclusive hizo firmar a los titulares un contradocumento para asegurarse en cualquier momento la vuelta a su nombre. Pero no se trata de actos jurídicos particulares que no trasciendan el ámbito de incumbencia de los mismos, sino que, como se dijo, impactan en un servicio público, de suerte tal que su inoponibilidad a la Autoridad es más que evidente, como acertadamente se resolvió de su parte”.

El accionar de Díaz, evidencia según sostuvo el magistrado, un abuso del derecho y no es posible dejar que los derechos subjetivos se desentiendan de la Justicia o se desvíen del fin para el cual han sido reconocidos y apuntó que “hay abuso de derecho cuando se lo ejerce contrariando el objeto de su institución, a su espíritu y a su finalidad; cuando se lo desvía del destino para el cual ha sido creado. Es decir que el ejercicio de un derecho guarda necesaria subordinación con la buena fe, lo cual traduce que no se puede sobrepasar sus límites”.

En consecuencia, el derecho adquirivo invocado como argumento del amparo “no es tal, en tanto se contrapone con la legislación vigente, tanto al tiempo de la celebración de los contratos de transferencia” y adviertió el Juez que esto es un desproósito ya que “si sabía que no podía acumular tal cantidad de licencias, no puede por la vía de las cesiones presentadas conseguir el fin que la legislación no otorga”. Y acotó que el amparo no ha sido concebido para este tipo de situaciones, todo lo cual lo llevó a rechazar la acción presentada.

Cabe acotar que por las anomalías detectadas en las cesiones, se promovió acción penal, causa que es tramitada actualmente en el Juzgado de Instrucción Formal de Quinta Nominación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

A %d blogueros les gusta esto: