Acta de Labor Parlamentaria, Cámara Baja provincial

Los presidentes de los bloques políticos elevan al presidente del Cuerpo Legislativo, Dr. Manuel Santiago Godoy, los proyectos que se tratarán en la Sesión Ordinaria del martes 15 de junio.


Con el siguiente orden-

1. Proyecto de Ley: Dejar establecido que la asignación familiar por hijo, dispuesta por Ley Provincial Nº 5.136 y modificatorias, no podrá ser inferior al monto establecido para la Asignación Universal por Hijo para Protección Social dispuesta por Decreto Nacional Nº 1.602/09 o el régimen que en el futuro lo sustituya. El autor del proyecto es el diputado Javier David del bloque Frente Salteño. El proyecto se estudia en las comisiones de Asuntos Laborales y Previsión Social; Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General. Expte. Nº: 91-23.432/10.

 

2. Proyecto de Ley: Los feriados correspondientes al 20 de Junio y 17 de Agosto son inamovibles en la Provincia de Salta. El proyecto se analiza en las comisiones de Legislación General; y de Cultura. El autor del proyecto es el diputado Carlos Sosa del bloque Renovador de Salta. Expte. Nº: 91-23.941/10.

 

3. Proyecto de Resolución: Crear la Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones. Este proyecto se analiza en la comisión de Labor Parlamentaria. Su autora es la diputada María Rosa Acuña del bloque Justicialista. Expte. Nº: 91-23.415/09.

 

4. Proyecto de Resolución: Rechaza el proceso de transferencia de los trabajadores de maestranza de las escuelas públicas al ámbito de los Municipios. El autor del proyecto es el diputado Claudio del Plá del bloque del Partido Obrero. Se estudia en la comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. Expte. Nº: 91-24.035/10.

 

II-

1- Proyecto de Ley: Implementar  las normas necesarias para la debida comercialización de los productos y alimentos, para los celíacos, diabéticos, hipertensos, fenictonuricos, y renales, en los comercios de venta de productos masivo de consumo. Comisiones: de Salud y de Legislación General. Este proyecto se analiza en las comisiones de Salud; y de Legislación General. Su autora es la diputada Mónica Petrocelli del bloque Justicialista. Expte. Nº: 91-22.970/09.

 

2- Proyecto de Ley: Creación de Foros Vecinales de Seguridad Preventiva y los Consejos Departamentales de Seguridad Pública. El autor del proyecto es el diputado Enrique Cea del bloque del Frente para la Victoria. El proyecto se estudia en las comisiones de Justicia; Derechos Humanos; y Legislación General. Expte. Nº: 91-24.155/10.

 

3- Proyecto de Ley: Modificar el artículo 5º de la Ley 7056  para la Creación del Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de General Güemes. Este proyecto se analiza en las comisiones de Legislación General y  Producción. Su autor es el diputado Marcelo Lazarte del bloque Justicialista. Expte. Nº: 91-24.146/10.

 

4- Proyecto de Ley: Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado con la Matrícula Nº 2.721 del departamento de Rosario de la Frontera, para ser destinado a la construcción del campo de deportes del Club Social Atlético Progreso. El proyecto ingresó en el cupo del bloque de la Unión Cívica Radical. Se estudia en las comisiones de Obras Públicas; Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General. Los autores del proyecto son los diputados Valeria Orozco (UCR) y Ángel Morales (PJ). Expte. Nº: 91-23.959/10.

 

5- Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que  ANSES proceda a la instalación de terminales de consultas de autogestión  en las ciudades de Colonia Santa Rosa y Pichanal (departamento Orán); en El  Galpón y Río Piedras (departamento Metán); y en el municipio de  Chicoana. El autor del proyecto es el diputado Marcelo Bernad del bloque Renovador de Salta. Este proyecto se analiza en la comisión de Asuntos Municipales. Expte. Nº: 91-24.051/10.

 

6- Proyecto de Ley: Ley Regulatoria de Residencias Geriátricas. El proyecto se analiza en las comisiones de Derechos Humanos; Salud; Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General. Su autora es la diputada Cristina Lobo del bloque Justicialista. Expte. Nº: 91-22.592/09.

 

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BREVES FUNDAMENTOS:

I-

1- Proyecto de Ley para dejar establecido que la asignación familiar por hijo, dispuesta por Ley Provincial Nº 5.136 y modificatorias, no podrá ser inferior al monto establecido para la Asignación Universal por Hijo para Protección Social dispuesta por Decreto Nacional Nº 1.602/09 o el régimen que en el futuro lo sustituya. El Estado Nacional ha tomado la decisión de establecer una asignación familiar universal por hijo que permita a todos aquellos que se encuentran desocupados o en empleo informal, acceder a un ingreso especial por hijo. Tal decisión se materializó con la sanción del Decreto Nacional Nº 1602/09. A tales fines se tuvo en cuenta que “los más diversos sectores políticos y sociales han expresado su predisposición favorable a la adopción de políticas públicas que permitan mejorar la situación de los menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.” La Ley Nº 24.714 que instituyó con alcance nacional y obligatorio un Régimen de Asignaciones Familiares abarca a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral y a los beneficiarios tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino como de regímenes de pensiones no contributivas por invalidez. En el mencionado Régimen de Asignaciones Familiares no se incluye a los grupos familiares que se encuentren desocupados o que se desempeñen en la economía informal. En virtud de ello, se sostuvo que era necesario contemplar la situación de aquellos menores pertenecientes a grupos familiares que no se encuentren amparados por el actual Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley Nº 24.714 creándose, a tal fin, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Corresponde en consecuencia y a los fines de no desvirtuar el sistema de asignación previsto equiparar el monto de las asignaciones por hijo de tal forma que se evite que los empleados públicos salteños queden en una situación desventajosa respecto de la medida nacional. Tal decisión resulta de extrema justicia ya que si bien no debe desconocerse que los empleados cuentan con un ingreso mensual retributivo de su trabajo, el concepto de asignación familiar y su naturaleza jurídica está destinado a lograr esa percepción especial dirigida a satisfacer mínimamente las necesidades de los hijos menores.

2- El proyecto de ley para que los feriados correspondientes al 20 de Junio y 17 de Agosto sen inamovibles en la Provincia de Salta, tiene como fundamento la pérdida de conciencia de la significación que tiene una fecha al ser designada feriado nacional, cuya finalidad es conmemorar hechos constitutivos de la argentinidad. La vigencia de la ley 24.445/1994 –cuyo artículo 4º establece el corrimiento de la conmemoración del Día de la Bandera nacional y el aniversario de la muerte del general José de San Martín al tercer lunes del mes respectivo- desvirtúa el sentido y el espíritu de la conmemoración, elevando el día conmemorativo de la muerte de dos grandes próceres a un mero fin de semana largo o mini vacaciones, desvirtuando de esta forma el fin reflexivo y conmemorativo de esas fechas. Todos sabemos y coincidimos en cuanto a la importancia del turismo para las economías regionales y el desplazamiento de estos feriados genera varios feriados largos. Pero lo que debemos decir, es que la historia nos viene demostrando que a lo largo del tiempo se han perdido las costumbres y el respeto sobre las fiestas patrias y las tradiciones nacionales.

3- Proyecto de Resolución para crear la Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones. El proyecto fundamenta que no habrá democracia real y participativa si no existe una ciudadanía plena por parte de las mujeres. La desigualdad de géneros es una realidad que ha llevado a los gobiernos democráticos a adoptar medidas concretas para garantizar a las mujeres una mayor igualdad de oportunidades y un ejercicio efectivo de sus derechos; declarados formalmente pero no efectivizados en la práctica. La desigualdad de géneros es una cuestión de orden público y es obligación de los gobiernos erradicarla, porque afecta a los derechos humanos e impide el completo ejercicio de la ciudadanía. Por ello a pesar de haberse sancionado numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, la equidad de género sigue constituyendo un desafío para los gobiernos, tal como expresan numerosas declaraciones y recomendaciones de los organismos internacionales. En nuestro país, la Constitución Nacional  prevé que se legisle y se promuevan medidas de acción positiva, garantizando la igualdad real de oportunidades y de trato (Art. 75º – Inc. 23). Aunque no se han alcanzado los rangos de igualdad esperados, en las últimas décadas han existido avances jurídicos en la conquista de la igualdad: legislación protectora en materia de violencia familiar, trata de personas, abuso infantil; divorcio vincular, patria potestad compartida, derogación del delito de adulterio, jubilación para amas de casa, delitos contra la integridad sexual, seguridad social para el servicio doméstico, programa de salud sexual y procreación responsable, programa de educación sexual, protección de alumnas embarazadas, cupo femenino, entre otros.

4- El proyecto de resolución para rechazar el proceso de transferencia de los trabajadores de maestranza de las escuelas públicas al ámbito de los Municipios, señala en sus fundamentos que la medida de traspaso del servicio de maestranzas de las escuelas al ámbito de los municipios, lejos de ser un refuerzo del federalismo -como sostiene el Gobernador de la provincia- significa que el Estado busca ahorrar costos y achicar presupuesto, eludiendo la responsabilidad del sostenimiento de la educación pública y multiplicar el trabajo en negro, mediante la creación de un nuevo “plan social” que viene a cubrir puestos que corresponden a la planta permanente del ministerio de educación,  es decir que están en las plantas funcionales de personal de las escuelas. A esto se agrega  que  se arrebatan derechos adquiridos para el pase a planta de cientos de trabajadores, que desde hace 8 años vienen cumpliendo tareas de maestranza por $150  al mes.

II-

1- El proyecto de ley para declarar de utilidad pública provincial la necesidad de implementar las normas necesarias para la debida comercialización de los productos y alimentos para los celíacos, diabéticos, hipertensos, fenictonuricos y renales, en los comercios de ventas de productos masivos de consumo; esta normativa se implementaría en Hipermercados, Supermercados, Autoservicios, etc. y la oferta por carta de menú en los bares, restaurantes y afines, de acuerdo a las normas vigentes en el Código Alimentario Argentino, y del  registro actualizado de los productos a que se refiere el artículo 1º y que sean aptos para enfermos celíacos,  diabéticos, hipertensos, fenicetonuricos, renales. El registro será publicado una vez al año y sus modificaciones en forma bimensual. Es necesaria una ley que proteja y de igualdad de oportunidades a las personas que padecen de estas enfermedades. Asimismo, ratificamos que dicha ley debe cumplir con 4 pilares fundamentales: Rotulado seguro de todos los productos de consumo humano; Detección y control de la enfermedad celíaca; Incorporación del diagnóstico y tratamiento de la EC en el PMO; y Educación, concientización y difusión de la problemática celíaca.

2- El proyecto de ley para implementar la creación de Foros Vecinales de Seguridad Preventiva y los Consejos Departamentales de Seguridad Pública; sostiene en sus fundamentos, ayudar a restablecer el vínculo fundamental entre la comunidad y la Policía, ofreciendo un mecanismo en el que los vecinos puedan estar y tratar con sus pares y la policías la problemática de la seguridad pública a través de la participación y dentro de un marco de respeto por las funciones propias, a través del diálogo. En este sentido, este mecanismo de Foros Vecinales y Consejos Departamentales permitiría la canalización formal y ordenada de la demanda social en materia de seguridad, fenómeno que se da de una u otra manera, informalmente y desordenada.

3- El proyecto de ley modificar el artículo 5 de la Ley 7.056 manifiesta en sus fundamentos la necesidad de brindar al Parque Industrial de Güemes las mismas facultades y alcances que tiene el Ente Autárquico Parque Industrial de la ciudad de Pichanal, entre otros (Ley 7.606). En otro sentido, también propone realizar una nueva revisión de nuestra legislación vigente y derogar leyes, decretos leyes, decretos y toda norma que tenga origen en los años de la dictadura.

4- El proyecto de ley para la expropiación de un inmueble de Rosario de la Frontera que será destinado a la construcción del Campo de Deportes del Club Social Atlético Progreso; indica que el 29 de Noviembre de 1949 nació en Villa Vivero, populosa barriada del sur de la ciudad de Rosario de la Frontera, el Club Atlético Progreso, el que hasta el día de la fecha no cuenta con cancha para practicar deportes, especialmente futbol, disciplina en la que cuenta con mas de trescientos niños y adolescentes y se destaca en todos los torneos organizados por la Liga Rosarina. Es por esto que se solicita la expropiación de dicho inmueble.

6- El proyecto de ley para la Regulación de las Residencias Geriátricas sostiene en sus fundamentos que ante el aumento de la demanda de este servicio por parte de la tercera edad, correlativamente se ha incrementado la oferta de Geriátricos. Como en toda actividad humana, a esta la desarrollan prestadores especializados con experiencia y cuidado, y también aquellos que priorizan la oportunidad de concretar un negocio, sin importarles demasiado el cuidado y la diligencia que tal menester requiere. Esta explosión de Geriátricos ha derivado en el funcionamiento de estas instituciones, muchas veces sin las instalaciones necesarias o, una vez habilitadas sin el mantenimiento adecuado, o, sin el personal necesario y capacitado que tal prestación requiere. El penoso tránsito de los adultos mayores, que muchas veces están solos, sin el apoyo de familiares o ante el olvido de los mismos, quedan a la merced de la buena voluntad de los directivos de estos Geriátricos, poniendo en peligro sus vidas o exponiéndose a un trato o a condiciones que no merecen. Esta situación no puede resolverse solo por el libre juego de la oferta y de la demanda, y aquí el Estado tiene que intervenir, dictando las normas, habilitando y controlando a estas instituciones,

 

 

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