Un juez hizo lugar a la acción de amparo de Virginia Cornejo

La sentencia del juez Marcelo Domínguez ordena al Gobierno informar sobre los gastos de la campaña “Dos años, haciendo realidad la esperanza” y otros aspectos de la misma requeridos por la legisladora en diciembre del año pasado. La diputada Cornejo calificó a la medida como “de enorme valor institucional”.


El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la diputada Virginia Cornejo (PPS) contra la Secretaría General de la Gobernación.

En virtud de esta medida, se intimó al Secretario General de la Gobernación, Ernesto Samson a proveer, en el término de 20 días, la información requerida por la diputada Cornejo respecto de la campaña publicitaria oficial “Dos años, haciendo realidad la esperanza”, con motivo de cumplir dos años la actual gestión del Gobierno provincial.

Requerimiento y negativa

A principios de diciembre de 2009, la legisladora de Propuesta Salteña había requerido por nota al Secretario General de la Gobernación, Ernesto Samson, informe sobre los montos invertidos en la campaña; detalle de los medios de comunicación que intervinieron en la difusión de la misma; monto abonado a cada medio y beneficios de la campaña a la ciudadanía. También solicitaba se le remita una copia de los instrumentos legales dictados para autorizar los gastos.

Este pedido se efectuó en el marco de lo establecido en la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Provincial y el Decreto 1574/02. En estas normas se garantiza el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

El funcionario no respondió a este requerimiento, por lo que en febrero de este año la diputada Cornejo reiteró el pedido mediante nota, dado que la Cámara continuaba en receso. El Secretario General de la Gobernación rechazó el pedido, argumentando que la legisladora, por sí sola, no podía requerir el informe, ni siquiera amparándose en el Decreto 1574/02, que establece el estándar mínimo de acceso a la información de la Administración Pública. Ernesto Samsón consideró que el pedido debía tramitarse a través de una Resolución de la Cámara de Diputados y no en forma individual.

Derecho a la información

Llama la atención que el funcionario desconociera lo preceptuado en el Decreto 1574/02, que establece expresamente que la Secretaría General de la Gobernación es la Autoridad de Aplicación del mismo.

Este Decreto establece que toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Pública. También expresa que la solicitud de información debe ser realizada por escrito, con identificación del requirente “sin estar sujeta a ninguna otra formalidad” y que el pedido debe ser satisfecho “en un plazo no mayor de 30 días hábiles”.

Ante la negativa del Secretario General, la diputada Virginia Cornejo, con el patrocinio del abogado Gonzalo Guzmán, interpuso en marzo de este año la acción de amparo que originó la medida del juez Marcelo Domínguez.

El fallo

En el fallo, el magistrado señaló que “el derecho de acceder a la información no puede serle negada a los legisladores por su calidad de tales. Y si se permitiese que estas prerrogativas estén sujetas sólo a las reglas de las mayorías parlamentarias una votación desfavorable a un proyecto de interpelación o de un pedido de informes, prácticamente significaría – según el criterio de la demandada, que los solicitantes no tendrían otro medio legítimo para obtener la información que buscan”.

En otro párrafo del escrito, el juez indica que “si bien la mayoría puede estar de acuerdo en disponer una interpelación o un pedido de informes en los términos del art. 116 de Constitución de la Provincia, esto no puede significar que los legisladores que se encuentren en minoría en un tema determinado, no se informen por vías idóneas de los asuntos públicos, formen su opinión, la den a conocer y desarrollen su función parlamentaria”.

El juez Domínguez manifiesta también que “Todo legislador es, en lo esencial, un control y un contrapeso a los proyectos y a las eventuales exorbitancias del poder administrador” y que “la negativa de la demandada a proporcionar la información pedida es injustificada y no reposa en instrumento normativo, a la par que lesiona el principio de publicidad de los actos de gobierno y la amplitud con que el derecho de acceso a la información pública se encuentra contemplado en el art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.”

Con base en estas consideraciones, se hizo lugar a la acción de amparo y se resolvió intimar al Secretario General de la Gobernación para que, en un plazo perentorio, provea la información requerida por la diputada Cornejo.

Precedente de gran trascendencia institucional

La diputada Virginia Cornejo expresó su beneplácito ante el fallo del magistrado y consideró que “es muy bueno, porque el Poder Ejecutivo va a tener que dar explicaciones del enorme gasto que hizo en propaganda política propia con los fondos de todos los salteños”. La legisladora expresó satisfacción por que “por sobre todo, se trata de un precedente de enorme valor institucional”.

Prensa PPS

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