Quieren darle más poder al procurador en la Justicia Penal

 

Las comisiones de Justicia y Legislación General de la Cámara de Diputados están abocadas al análisis y consulta de tres proyecto de ley del presidente de ese cuerpo, Manuel Santiago Godoy, los que propician una nueva reforma al Código Procesal Penal de Salta (CPP).


Dos de ellos están orientados a potenciar la aplicación del sistema acusatorio en el fuero penal y, por ende, otorgarle mayor poder al Ministerio Público. Se trata de iniciativas que van en consonancia con la teoría del procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, de hacer desaparecer los juzgados de Instrucción Formal para que a la larga sean los fiscales los encargados de investigar todos los delitos de acción pública.

 

El proyecto I sugiere la reforma de los artículos 27 y 352 del CPP, los que se refieren a las facultades que tiene el juez Correccional y de Garantías para juzgar los delitos con penas no mayor de cinco años, y en qué casos corresponde la aplicación del procedimiento sumario. El proyecto II propicia la transformación de la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciaria en Fiscalía General del Fuero Correccional del Distrito Judicial del Centro.

El proyecto III contempla la creación de la ley de procedimiento penal juvenil. Pero son los dos primeros los que encendieron una luz roja, pues, a juicio de expertos, con esta propuesta se le quiere ir dando al Ministerio Público todas las facultades para que una sola persona, es decir procurador general de la Provincia, se convierta en una suerte de “amo y señor de la Justicia”.

Godoy plantea la necesidad de reducir el número de juzgados de Instrucción Formal, lo que es interpretado como el paso previo para hacer desaparecer definitivamente la figura del magistrado que hoy tiene a su cargo la investigación de los delitos graves. En sus fundamentos, el legislador del PJ sostiene que la aplicación del sistema acusatorio para los delitos leves, impuesto hace 5 años, dio resultados alentadores.

“Llegó el momento de profundizar este modelo, aumentando la cantidad y gravedad de los delitos que deben ser investigados por los fiscales”, señala Godoy. Asegura que, según informes de la Procuración, el proceso de racionalización que se hizo permitió que del total de las denuncias por delitos leves, sólo el 30 por ciento llegue a juicio.

“Esto fue posible gracias a la vigencia de la causal de archivo por falta de mérito, derivada de la última reforma del CPP”, grafica. De lo expuesto, surge que hoy los juzgados correccionales tienen un capacidad ociosa del 70 por ciento, por lo que considera que esos tribunales están en condiciones de atender la criminalidad intermedia. “Este es un fenómeno que permanece escasamente considerado por el sistema cuando se trata de causas sin detenidos”, afirma Godoy.

A su criterio, el objetivo es expandir gradualmente el sistema acusatorio para que los jueces de Instrucción vayan dejando en manos de los fiscales la investigación de determinados delitos graves, tales como robo, hurto calificado, apremios ilegales, privación ilegítima de libertad agravada y falsificación de documentos. De esa manera sugiere que dos de los ocho juzgados de Instrucción Formal se conviertan en juzgados correccionales.

Un fiscal “todoterreno”

El proyecto II propicia la creación de una fiscalía general del fuero correccional en el Distrito Centro y la desaparición de la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias. De acuerdo con la propuesta, este fiscal “todoterreno” gozaría de amplísimas facultades para decidir si un hurto, una amenaza, un homicidio culposo o cualquier ot

ro delito leve, debe ser investigado o no. También se contempla la creación de la figura del asistente fiscal, una suerte de comisario del instructor de la causa. Este funcionario no pasará por el proceso de selección del Consejo de la Magistratura, como tampoco necesitará acuerdo del Senado. La potestad será del Ministerio Público y los “elegidos” rendirán un examen ante una comisión integrada por un senador, un diputado, el procurador y el ministro de Justicia.

“Esto es a todas luces anticonstitucional porque se le está quitando facultades al Senado”, sentenció Armando Frezze, ex juez de la Corte de Justicia salteña. En los fundamentos del proyecto, su autor remarca que el 60 por ciento de las causas leves van al archivo, lo que demanda mucho tiempo a los fiscales. Con su propuesta el proceso de selección de las causas será patrimonio exclusivo del fiscal general.

 

(El Tribuno)

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