Avanza en la Cámara baja el proyecto que busca resarcir a las víctimas de la represión de 2001

El proyecto que establece un resarcimiento económico para las víctimas de la represión del 19, 20 y 21 de diciembre de 2001 podría ser aprobado por la Cámara baja antes de fin de mes, luego de haber obtenido dictamen en la reunión de comisión de Derechos Humanos realizada la semana pasada.


Antes de llegar al recinto, el proyecto debe ser analizado en las próximas semanas por las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda que, según sondeos realizados por Télam, acompañarían el dictamen firmado en la reunión de la comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda.

En caso de que esas comisiones emitan dictamen la próxima semana o en quince días, el proyecto estaría en condiciones de ser analizado por el recinto antes de fin de mes.

Esta iniciativa se estudia en paralelo con otro proyecto que también recibió dictamen de la comisión de Derechos Humanos el pasado martes, y que establece un resarcimiento económico para las víctimas del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.

Este último proyecto, de acuerdo al texto del dictamen aprobado la última semana y una vez que reciba sanción de Diputados, deberá volver para su estudio al Senado, debido a que se le realizaron modificaciones al texto original.

Los cambios, vinculados a los alcances de la reparación, establecen entre otras cuestiones equiparar ese monto al que perciben los familiares de las víctimas de desaparición forzada, por lo cual una vez que sea tratado en el recinto deberá volver a la cámara alta para su sanción definitiva.

Los dictámenes de ambos proyectos reúnen las firmas de diputados de Libres del Sur, Nuevo Encuentro Popular y Solidario, del Frente para la Victoria, del PRO y de SI por la Unidad Popular.

En tanto, el radicalismo y la Coalición Cívica están trabajando en la elaboración de un dictamen de minoría, aunque no descartan la posibilidad de firmar el de mayoría con algunas disidencias.

Elisa Carca, por la Coalición Cívica, y Ulises Forte, por la UCR, son quiénes llevan adelante los trabajos para fijar la posición de ambos bloques.

Consideran, entre otras cuestiones, que no se debe abordar el proyecto sólo desde el resarcimiento económico, sino que también se deben contemplar otros temas como la inclusión de la referencia a los hechos en las currículas educativas o garantizar el acceso a la salud de los sobrevivientes o de los familiares de las víctimas, según el caso.

También consideran que «no es lo mismo el terrorismo de Estado que un atentado» y sobre la posibilidad del resarcimiento a las víctimas de diciembre de 2001, que «aún hay casos pendientes de resolución en la justicia y que en caso de que se resuelvan favorablemente puede darse el caso de un doble reconocimiento».

Por otro lado, algunos diputados pretendían incluir también un resarcimiento para las víctimas del 18 de diciembre de 2001, pero finalmente se decidió no avanzar con esta alternativa al no existir pruebas fehacientes de que se hayan registrado heridos durante esa jornada.

Durante el debate de la semana pasada, el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto, aclaró que la palabra reparación -objetada por algunos bloques de la oposición- «es un término del derecho internacional» y tiene «un valor simbólico».

Destacó además que la iniciativa contempla «un régimen indemnizatorio al reconocer la responsabilidad política e institucional del Estado de Derecho, en concordancia con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que prevén este tipo de atropellos a la sociedad civil».

El proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo, establece que la indemnización de las víctimas comprenderá los casos de muerte (aproximadamente 600.000 pesos), lesiones gravísimas (alrededor de 200.000 pesos) y lesiones graves (unos 100.000 pesos).

El texto fija también que para determinar cuáles son lesiones graves y gravísimas se aplicarán las definiciones previstas por los artículos 90 y 91 del Código Penal y que a los efectos de la acreditación del carácter de víctima de la represión, se admitirá cualquier medio de prueba.

(Télam)

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