Piden la reforma del funcionamiento del Tribunal de Cuentas Capitalino

30/03/2010

El concejal Carlos Saravia ha presentado proyecto de reforma de la Ordenanza n° 5552/89 del Tribunal de Cuentas Municipal, órgano encargado del control de la hacienda comunal. La iniciativa busca otorgarle autonomía financiera para fortalecerlo frente a la influencia política y que la mayoría de las vocalías se cubran con representantes de los partidos de oposición.

La actividad de este organismo ha despertado críticas por el magro control que ejecuta y la ausencia de decisiones que eviten actos de corrupción. Para Saravia, no se justifica que dos de sus tres vocales tengan inamovilidad cuando no se advierte imparcialidad ni objetividad en el control.

“Lamentablemente, operaciones fraudulentas como la permuta con el empresario Lozano, no fueron advertidas ni investigadas por este órgano de control. Tampoco hay funcionarios condenados en los escasos juicios de responsabilidad administrativa que se inician y su devaluación llega al punto que ni siquiera le responden los pedidos de informes porque han perdido autoridad” asegura.

El proyecto prevé la obligación de comunicar al Concejo Deliberante las resoluciones que abren juicios de responsabilidad administrativa y las observaciones legales que se realicen a los decretos que firma el Intendente, para que este cuerpo efectivice el control de los actos de gobierno. Actualmente estas notificaciones se realizan solamente al Departamento Ejecutivo y los cuestionamientos no toman estado público.

También se pretende que todas las operaciones de importancia económica cuenten con dictamen previo del Tribunal de Cuentas. “Cuando se pagó a Lozano un millón y medio de pesos por la demora en entregar los inmuebles comprometidos en la permuta el Procurador General dictaminó que no correspondía la intervención previa del Tribunal. Con la modificación proyectada se van a terminar este tipo de interpretaciones que buscan escaparle al control” afirma el edil.

Por último, se introducen reformas a los procedimientos del juicio de cuentas y al de responsabilidad administrativa y se elimina el recurso directo ante la Corte de Justicia que se considera inconstitucional en base a precedentes del tribunal superior.

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