El Tribunal de Superintendencia del Notariado destituyó a un escribano

El Tribunal de Superintendencia del Notariado resolvió destituir del cargo de titular del Registro Notarial 24 al escribano Sergio Juan Vélez y cancelarle la matrícula respectiva. La resolución fue apelada por el escribano, pero este recurso fue rechazado por el Tribunal del Notariado por improcedencia de la vía utilizada.

La decisión de destituirlo fue adoptada “al no ajustarse la conducta del escribano sumariado a los deberes y responsabilidades a que está obligado en el ejercicio de tan importante función y la trascendencia que los hechos comprobados producen en la comunidad –en cuanto sujeto en quien el Estado ha delegado en forma exclusiva el ministerio de la fe pública notarial-, corresponde aplicar la sanción de destitución del cargo”, con arreglo al artículo 97 inciso “e” de la Ley Notarial, con las consecuencias previstas en el artículo 101 inciso “c” de dicha norma.

La resolución firmada por el presidente de la Corte de Justicia como titular del Tribunal de Superintendencia del Notariado, Guillermo Posadas y los jueces de Corte Abel Cornejo y Fabián Vittar, fue comunicada al Poder Ejecutivo y al Colegio de Escribanos, para que tomen conocimiento de la vacante del registro.

El Tribunal del Notariado tomó intervención a partir de la resolución adoptada por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos que consideró necesaria la aplicación de una severísima sanción por las faltas detectadas en una inspección notarial extraordinaria. Por acta 1791 del 18 de octubre de 2006, el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos ordenó la instrucción de un nuevo sumario para investigar las observaciones que fueran efectuadas por Inspección Notarial el 22 de octubre de 2004.

Sostuvo el Tribunal que “uno de los deberes esenciales de los escribanos públicos consiste en observar fielmente el Código y las demás leyes, decretos o reglamentos concernientes al notariado, sin que exista excusa para su desconocimiento. Ello, porque el notario es el profesional del derecho investido por el Estado para el ejercicio de la función pública notarial y, por lo tanto, está sujeto a diversas responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones que le impone el ejercicio de esa función”.

Las faltas detectadas consistieron en la ausencia de escrituras en el protocolo, falta de inscripción de 42 escrituras, escrituras con certificado vencido, escrituras en inobservancia del artículo 318 del Código Civil, escrituras de poder irrevocable que incumplen con el artículo 1977 del Código Civil, escrituras de emancipación que incumplen con el artículo 131 del Código Civil, escrituras en las que el poder usado es insuficiente para el acto instrumentado y una escritura que violaba el artículo 135 del Código Civil.

El escribano había sido sancionado anteriormente por el Colegio de Escribanos con suspensiones y amonestaciones.

En su apelación posterior, el escribano buscó una medida cautelar que dispusiera la prohibición de innovar en relación a su destitución. Este recurso fue rechazado por el Tribunal de Superintendencia del Notariado al sostener que tiene “facultades jurisdiccionales en el juzgamiento de los asuntos relativos a la responsabilidad profesional de los escribanos públicos (Título V, capítulo I de la Ley 6486) y que sus fallos no admiten recurso alguno (artículo 81 del Código del Notariado)”, por lo que la impugnación es “improcedente”.

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