Los herederos deberán pagar 85.115 por alquileres adeudados

La Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó un recurso de apelación y confirmó una sentencia de primera instancia en cuanto a la procedencia de la pretensión ejecutiva modificando el monto de la condena que quedó establecido en la suma de 85115 pesos en concepto de capital mas los intereses.

El juicio se desarrolló entre los sucesores del dueño de un inmueble y los sucesores de quien lo alquilaba por una deuda que se remonta al período que va entre octubre de 1996 a junio inclusive de 1999.

El juicio ejecutivo tiene como finalidad obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba. Y el crédito por alquileres es una de las causales que lo habilita, según el artículo 533 inciso 6 del Código Procesal Civil. También los artículos 1.578 y 1.582 del Código Civil de Vélez, y ahora con el artículo 1.208 del Código Civil y Comercial, que confieren acción ejecutiva a favor del locador en contra del locatario.

Los jueces Marcelo Domínguez y José Gerardo Ruiz recordaron que el artículo 271 del Código Procesal Civil y Comercial, establece que “el tribunal de segundo grado no puede entender respecto a aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior. En tal sentido se decidió que si el recurrente introduce otras materias en el escrito de agravios, que fueron soslayadas en la instancia en grado, la alzada no puede revisarlas”.

Y apuntaron que en nuestro sistema procesal, la segunda instancia es sólo un medio de revisión del decisorio emitido en la primera y no una renovación plena del debate.

Citaron los antecedentes de la causa para sostener que el trámite de preparación de la vía ejecutiva se encuentra cumplido en cuanto a los quejosos, y “ninguna objeción cabe formular a su respecto, no pudiendo exponer que desconocieron la calidad de inquilino y, por ende, la deuda generada.”

La suma denunciada como impaga en el expediente de embargo preventivo comprende las mensualidades que van de octubre de 1996 a junio de 1999, debiendo tenerse por acreditado que durante ese lapso de tiempo, el local comercial efectivamente estuvo ocupado por los demandados

Y en cuanto al monto, los jueces señalaron que se mande llevar adelante la ejecución por la suma de $ 85.115, “que es la equivalente al valor del canon locativo pactado, con más los intereses convenidos, dejando de lado la multa equivalente al 5 % del alquiler por cada día de mora, en primer lugar por tratarse de una cláusula exorbitante, y en segundo término porque al menos, hasta el momento en que se promueven las acciones judiciales, no consta que la ejecutante hubiera reclamado extrajudicialmente la devolución del local comercial alquilado.”

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