Condenaron a los seis imputados en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de Salta condenó hoy a prisión perpetua a los represores Miguel Gentil, Virtom Mendíaz y Joaquín Guill, y a penas de entre dos y tres años a los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymas y Néstor Liendro, en el séptimo juicio que por delitos de lesa humanidad se desarrolló en esta provincia, con 18 víctimas entre las que se destaca el ex gobernador Miguel Ragone.

Los jueces condenaron a Guil, que era el encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta; y los militares retirados Gentil y Mendíaz, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación, por el delito de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.

También fueron encontrados responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad con abuso de funciones agravada por el empleo de violencia y por el tiempo de duración; e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político, mientras que Gentil resultó además condenado por violación de domicilio.

Los miembros del tribunal, que adoptaron la decisión por unanimidad, resolvieron además condenar a Saravia a tres años de prisión, y a sus pares Guaymás y Liendro a dos años de prisión, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, en concurso ideal.

Asimismo, determinaron no hacer lugar a la prescripción de la acción de los delitos analizados en el juicio, por configurar la categoría de lesa humanidad, y no hacer lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua solicitada por la defensa pública oficial.

Saravia, Liendro y Guaymás son los acusados de la causa Ragone II, que es la segunda que investiga el secuestro, la muerte y la desaparición del ex gobernador, ocurrida el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, de la capital salteña.
El tribunal también absolvió a Gentil y Guil por el beneficio de la duda, por los hechos ocurridos en perjuicio de Luis Destello Iñiguez Vázquez, encuadrados en los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos.

Finalmente, los magistrados determinaron mantener la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva de Gentil, Guil y Mendíaz, y las condiciones procesales de Saravia, Liendro y Guaymás hasta que la sentencia quede firme, y fijaron para el 9 de septiembre, a las 12, la lectura de los fundamentos del fallo.

Por otro lado, decidieron mandar por la vía que corresponde que se investigue a la plana mayor de la Policía de Salta de la época de los hechos, que se responsabilice al ex juez federal Ricardo Lona, y se investigue al entonces Destacamento de Inteligencia 143 y la plana mayor del Ejército.
Al comenzar la audiencia de hoy, los jueces Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Snopek, ofrecieron a los acusados la posibilidad de expresar sus últimas palabras, y el único que hizo uso de este derecho fue Saravia, quien aseguró que no tiene "absolutamente nada que ver" con los delitos que se le imputan y pidió justicia para él y toda su familia.

Luego, los jueces se tomaron dos horas para deliberar y retornaron a una colmada sala de audiencias de los tribunales federales salteños, en la que estaban familiares, víctimas, representantes de organizaciones de derechos humanos y de medios de comunicación, además de la ministra de Derechos Humanos de Salta, Marianela Cansino, y el secretario del área, Martín García Cainzo.

En la puerta del edificio se montó un escenario en el que actuaron distintos grupos musicales y se realizó un acto tras la lectura de la sentencia, que estuvo a cargo de la secretaria de Derechos Humanos del tribunal, Denise Blajeán.

La semana pasada, la defensa, integrada por los defensores oficiales María Ximena Colombres y Oscar del Campo, habían solicitado la absolución de los seis acusados en este juicio, que comenzó el 2 de diciembre último y que contó con la declaración de 77 testigos en 28 audiencias.

En tanto, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Francisco Snoppek y Juan Manuel Sivila, habían solicitado prisión perpetua para Guil, Gentil y Mendíaz, y para el comisario retirado Saravia, además de dos años de prisión efectiva para Guaymás y Liendro.

La querella de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Salta, integrada por los letrados Martín Ávila y Gastón Casabella, y la de la familia Ragone, representada por Matías Duarte, también pidieron perpetua para Saravia y dos años de prisión para los otros dos ex comisarios.

Este juicio analizó diez causas con 18 víctimas, de las cuales cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976.

Las víctimas fueron Carlos César Martínez, Ramón Díaz Romero, Esteban Locascio Terán, Alfinio
Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú, y Lucrecia Barquet.

A ellos se le suman Hugo Maza, Miguel Ragone, Santiago Arredes, Margarita Martínez de Leal, Rubén Yañez Velarde, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez.

Al principio eran 12 los expedientes que se iban a tratar en este proceso, pero debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años, cayeron dos causas.
"Si bien hoy se logró la condena de los tres imputados de la causa Ragone, nosotros creemos que Saravia merecía la pena de prisión perpetua porque fue un partícipe esencial en el secuestro del ex gobernador, y esto está probado", explicó Casabella, quien agregó que "esta querella va presentar oportunamente el recurso de casación".

Por su parte, el nieto de Ragone, Fernando Pequeño, consideró que Saravia "garantizó la zona liberada" el día del secuestro de su abuelo, y por esa razón la familia pidió la prisión perpetua, tras lo que agregó: "son tres años y esto es parte de la impunidad del genocidio. Ahora vamos a ver si apelamos o no".

Más sobre: Judiciales.