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Proyecto provincial para regular la actividad de patovicas

En la Cámara de Diputados de la Provincia se encuentra en estudio un Proyecto de Ley, de autoría de Jorge Guaymás, para que la provincia adhiera a la Ley Nacional Nº 26.370, que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos.


La Ley Nacional a la que se busca adherir establece que su aplicación será en «eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general que se celebren o realicen en lugares de entretenimiento, aun cuando éstos se encuentren situados en espacios abiertos, en la vía pública, en zonas marítimo-terrestres o portuarias o en cualquier otra zona de dominio público».

Asimismo la norma indica que el derecho de admisión y permanencia «es el derecho en virtud del cual, la persona titular del establecimiento y/o evento, se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos».

La norma establece una serie de requisitos para desempeñarse como controlador de admisión y permanencia, como poseer 2 años de residencia en el país; ser mayor de 18 años; haber cumplido con la educación obligatoria; presentar certificado de antecedentes penales y reincidencia carcelaria; obtener un certificado de aptitud psicológica otorgado por la institución que la autoridad de aplicación de cada jurisdicción determine; obtener certificado técnico habilitante otorgadas por la autoridad de aplicación, según la jurisdicción que corresponda; y ser empleado bajo relación de dependencia laboral directa de la persona o empresa titular del lugar de entretenimiento o, en su caso, de una empresa prestadora de dicho servicio, siempre y cuando, en todos los casos, se cumpla con la legislación civil, laboral, impositiva y previsional.

Además se instituye que no podrán desempeñarse en esta actividad aquel que haya sido condenado por delitos de lesa humanidad; quienes se encuentren revistando como personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia; quien haya sido condenado por delitos cometidos en el desempeño de la actividad regulada por esta ley, o condenados con penas privativas de la libertad que superen los 3 años; o aquel que haya sido exonerado de alguna de las instituciones enumeradas.

También se prohíbe que el personal afectado al control que obstaculice «el legítimo ejercicio de los derechos políticos, sociales y gremiales de los concurrentes»; prestar el servicio con utilización de armas de cualquier tipo; encontrarse alcoholizado o tomar bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo; y desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes.

El personal podrá impedir la admisión y permanencia cuando existan personas que manifiesten actitudes violentas, que se comporten en forma agresiva o provoquen disturbios; cuando haya personas con evidentes síntomas de haber consumido sustancias alucinógenas o estupefacientes o se encuentren en un evidente estado de embriaguez que con sus actitudes molesten o sean un peligro para el resto de las personas; cuando los concurrentes porten armas, pirotecnia u otros objetos susceptibles de poner en riesgo la seguridad; cuando los concurrentes porten símbolos de carácter racista, xenófobo o inciten a la violencia; en aquellos casos de personas que con sus actitudes dificulten el normal desenvolvimiento de un espectáculo público.

Semanario El Legislador

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