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Adhesiones nacionales al repudio por el Proyecto de Colegiación de Periodistas

Sr Director

Comisión Nacional de Libertad de Expresión (Fetraccom – CTA)
Colegiación de periodistas en Salta

La información no es un privilegio de una élite, sino un derecho de todos

Un proyecto que pretende vedar la voz de los sectores sociales

 

 

Una vez más, en forma inconsulta para con la opinión de todas las organizaciones que nuclean a los periodistas y trabajadores de prensa de todo el país, e incluso en grave violación a tratados internacionales celebrados por la Argentina, se observa el surgimiento de iniciativas legislativas que buscan amordazar a la prensa y domesticarla frente al poder político de turno.

Tal es el caso del proyecto de Ley de Colegiación Obligatoria de Periodistas ingresado en los últimos días a la Legislatura salteña. Su análisis revela graves contradicciones con los preceptos constitucionales, con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y entraña un atentado al principio de libertad de expresión, base del funcionamiento democrático.

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la FETRACCOM-CTA expresa su sorpresa y repudio por esta iniciativa presentada por la diputada provincial Mónica Petrocelli, proyecto que de convertirse en Ley lograría que el acceso a los medios sea un privilegio exclusivo de una élite periodística, y no un derecho de todos. La información es un bien social y derecho humano accesible a todos y no puede ser reducida a una mercancía o bien transable producido por un grupo especial de personas autorizadas por el Estado a hacerlo.

Sabemos de las demandas ciudadanas de ética y responsabilidad en el ejercicio de la profesión periodística; conocemos que en nuestra actividad cotidiana no sólo nos corresponden el ejercicio de derechos, sino que también nos atañen deberes para con la comunidad. La capacitación es necesaria para cumplir con nuestra responsabilidad social, pero nunca puede dejar afuera al resto de la sociedad en los alcances del artículo 13 y 14º de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos del informador y del informado. La atención a estas necesidades de profesionalización y mejoramiento de nuestra tarea jamás pasará por la intervención estatal regulatoria, que sólo puede provocar un empeoramiento de las condiciones de ejercicio de la democracia en nuestras sociedades.

Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 1985, el Tribunal cuyos fallos son ley para nuestro país emitió una opinión consultiva (la Nº 5/85, en el asunto referido a la Colegiación de Periodistas en Costa Rica), que introdujo la cuestión social al reafirmar que la libertad de expresión necesita que el opinante no sea “menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento”, pero implica también “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Y así lo sostienen innumerables foros jurídicos, sociales, profesionales y sindicales del mundo, así como de nuestro país. Confiamos entonces en un pronto retiro de la propuesta legislativa, que entendemos no ha contado con un asesoramiento técnico solvente para su redacción.

Sin embargo, sabemos que detrás de estas iniciativas subyacen sordos intentos del poder político, que seguirán presentes más allá del retiro o no del expediente en cuestión. Están presentes en especial en las provincias del interior del país. Buscan amordazar a la prensa y a los trabajadores que en esta actividad nos desempeñamos. Domesticarnos para construir una democracia a su medida, y no a la medida que la sociedad está decidida a avanzar.

Exigimos entonces el rápido retiro del proyecto de ley, o su más inmediato repudio legislativo. Asimismo, instamos a los actores políticos y legislativos de todo el país a buscar nuevas formas de colaborar con la difusión pública de las tareas de gobierno y con un mejor desarrollo de la opinión pública en democracia.

 

Cispren (Córdoba)

Repudio del Cispren al intento de colegiación obligatoria de periodistas

 

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) rechaza enérgicamente el intento de establecer la colegiación obligatoria de los periodistas y trabajadores de prensa de la provincia de Salta. Junto al resto de las organizaciones representativas de los trabajadores de prensa de todo el país, consideramos que una medida de ese tipo entraña una

 gravísima violación a la Constitución Nacional y a los Tratados internacionales celebrados por el país para proteger el principio de libertad de expresión.

El proyecto de Ley que impulsa de la diputada Mónica Petrocelli (PJ) tiene como objetivo, entre otras medidas repudiables, “Vigilar la conducta profesional de los colegiados, de conformidad a lo previsto en esta Ley”, según consta en el inciso C del Artículo 2, y la puesta en funcionamiento de un Tribunal de Honor que pueda establecer sanciones o exclusiones a los trabajadores que no ingresen dentro del concepto de profesión que imponga un tribunal inconstitucional como el nombrado.

Entre otras excluyentes medidas previstas por la polémica iniciativa, se cuenta que para ejercer el periodismo en Salta es necesario ser nativo de la provincia, exigencia que ni siquiera enfrenta el gobernador salteño.

Una vez más, vemos que desde el poder político se elaboran ideas mágicas que mediante ardides reguladores pretenden domesticar a la opinión pública vía el encorsetamiento de la actividad de prensa y comunicación. El proyecto como el ingresado no tiene otro resultado y merece nuestro más directo rechazo por antidemocrático, inconstitucional y violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es ley fundamental de la Nación.

Nicolás Fassi- Secretario de Prensa

 

APT (Tucumán)

 

La Asociación de Prensa de Tucumán adhiere al repudio emitido por la Asociación de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Salta respecto a la presentación del proyecto presentado por la Diputada Mónica Petrocelli para la creación del Colegio de Periodistas de la Provincia de Salta.

La Asociación de Prensa de Tucumán considera que cualquier herramienta que impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es por lo tanto generadora de desigualdades sociales, violatoria de derechos constitucionales además de pactos internacionales.

La Asociación de Prensa de Tucumán demanda a funcionarios públicos y la Diputada Petrocelli el no tratamiento y rechazo del proyecto.

 

Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa

La Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa suma su repudio al proyecto de la diputada salteña, que muestra, para nosotros,  un espíritu sectarísta y de fácil posición. La pregunta que nos surge es que hizo antes de ser funcionaria que no impulsó en Salta un mejor protagonismo del periodismo local y de una institución que contenga a los colegas en los parámetros que describe en su proyecto.

Tuvo que surgir una Asociación para romper el monopolio de la fatpren, que seguro ella también apoyó. El espíritu del periodismo, no es precisamente calificar el trabajo con la colegiación únicamente, sino abordar la problemática general y estructural del sector, donde se involucra la postergación social, la precarización laboral, las empresas que no reconocen los títulos y pagan lo que quieren, el estado que no realiza una buena distribución de las pautas publicitarias, no promueve la capacitación ni el perfeccionamiento laboral, el poder legislativo que no impulsa instrumentos que amparen a los trabajadores de prensa y hagan valer sus derechos, fomentado por los partidos políticos que califican el trabajo periodístico solamente cuando nos necesitan y están de campaña electoral. Por estas y muchas otras razones renovamos nuestro repudio a la iniciativa de la legisladora salteña y coincidimos en todo el pensamiento de la asociación de prensa local.

 

 

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