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Incremento excesivo en la tarifa del gas natural

Virginia Cornejo pide promover la derogación del Decreto 2067
La diputada provincial Virginia María Cornejo (PPS) presentó un proyecto de Resolución por el cual se solicita a los legisladores nacionales por Salta que “promuevan en el seno del Congreso de la Nación la derogación, en forma inmediata, del Decreto 2067/08”.

Por este decreto, el Poder Ejecutivo Nacional creó un Fondo Fiduciario para atender la importación del gas natural y cargó el costo del mismo a determinados usuarios residenciales e industriales.

El proyecto, ingresado a la Cámara de Diputados como expediente 91-21.668/09, incluye solicitar a los legisladores nacionales que “propicien un profundo análisis respecto de la política nacional relativa al servicio público de suministro de gas y su financiamiento, haciendo respetar las atribuciones del Poder Legislativo Nacional para la imposición de tributos, privilegiando la producción nacional del recurso, haciendo valer los derechos de las provincias productoras y considerando seriamente los efectos sociales de los incrementos tarifarios en el actual contexto de nuestra economía”.

La diputada Cornejo propone, asimismo, remitir copia de la Resolución a todas las legislaturas provinciales y a los Concejos Deliberantes de la Provincia, solicitando su acompañamiento.

La legisladora de Propuesta Salteña destacó que el mencionado decreto, en su artículo 6º, faculta al Ministerio de Planificación Federal, con la asistencia técnica de la Secretaría de Energía y del ENARGAS a “fijar el valor de los cargos y a ajustarlos en la medida que resulte necesario, a fin de atender el pago y/o repago de las importaciones de gas natural”.

 

Fundamentos del proyecto

“1. En los últimos días, miles de familias y empresas de Salta recibieron sus facturas de gas y quedaron asombradas con aumentos de hasta 200%, debido a exorbitantes cargos que impuso el gobierno nacional, principalmente mediante el decreto 2.067/08.

Por este decreto, el Poder Ejecutivo decidió unilateralmente modificar el modo en que se venía financiando la importación de gas desde el exterior, imponiendo un supuesto “cargo tarifario” que deberán abonar los usuarios residenciales de mayor consumo y los usuarios industriales y comerciales.

En la página “Denarioweb”, el periodista salteño Antonio Oieni desbarata con  datos concretos el argumento principal vertido desde el Gobierno Nacional para relativizar el alcance de la medida: “Se dijo que sólo alcanzaría a los usuarios residenciales que tienen un consumo anual superior a los 800m3 (los R3), pero no se puso en claro a la gente que cualquier familia que tenga cocina, un calefón y un calefactor que utilice sólo en los días más fríos de invierno supera ese techo por encima del cual los usuarios son penalizados con recargos que van desde el 50 hasta el 200% en su factura.

En barrios salteños con altos índices de pobreza, indigencia y necesidades básicas insatisfechas (NBI), no son pocas las viviendas donde reside más de un grupo familiar. Estos dependen, en muchos casos, de una sola fuente de ingresos y comparten un único medidor de gas. Son familias agrupadas por el INDEC como NBI, pero por Gasnor en la categoría residencial 3R, por lo tanto se las castiga  a  pagar su gas más caro.

Antes de ser conectados a la red estos mismos grupos carenciados pagaban la garrafa más cara del Mercosur. Y ahora el servicio que les daba algún respiro les puso la soga al cuello. Así está el mercado energético lleno de paradojas y absurdos, que no se superarán, como tampoco la crisis que sigue castigando al bolsillo de los sectores más apremiados. ¿Saben los genios  que una familia NBI paga el gas en Salta más caro que el dueño de un lujoso departamento en Buenos Aires?”

A este acertado análisis de la real incidencia social del nuevo aumento debe sumarse la constatación de que la actividad industrial – que precisamente ahora debe hacer números para sortear la crisis preservando puestos de trabajo – va a ser castigada con aumentos que llegan hasta a más del 200 por ciento respecto de la última factura previa a la vigencia del decreto.

2.  Es difícil comprender la lógica del gobierno nacional. O mejor dicho, se puede entender, pero es imposible compartirla.

Durante los años de bonanza que atravesó recientemente la Argentina, con niveles históricos de crecimiento, inflación en valores normales, disminución del desempleo, etcétera, el Gobierno Nacional congeló las tarifas de servicios públicos y los precios de la producción nacional de gas en boca de pozo.  Para ello tuvo que invertir altísimas sumas – que son recursos públicos – subsidiando y comprando en el exterior el gas que en nuestro país dejábamos de producir por falta de incentivo. No escuchó a ninguna de las voces que se alzaron ya hace varios años, denunciando la existencia de una verdadera crisis de la matriz energética y la ausencia total de una política al respecto. Peor que eso, trató por todos los medios de callar esas voces y, en una actitud que ha repetido en muchas otras ocasiones y materias, quiso sencillamente falsear la realidad, ya sea modificando los índices que la miden o recurriendo a paliativos caros y de poca vida útil.

Con la aparición de la crisis económica en el horizonte parece haber decidido modificar esta política, comenzando a sincerar el problema, lo que en realidad viene a demostrar que – tal como se denunciaba – no había un manejo serio de los recursos del estado, ni una política energética adecuada. Se imponía una concepción basada en definitiva en una postura demagógica e irresponsable, y en alianzas políticas e ideológicas internacionales que no debieron haber incidido en una materia de tanta importancia estratégica y tan ligada a la cuestión social y a las posibilidades de crecimiento de nuestro país.

De otra manera no puede explicarse cómo se opta por elevar las tarifas a muchísimas familias (por lo general de clase media y media-baja) y a quienes dan trabajo precisamente cuando comienza a apretar la crisis.

Desde Septiembre de 2008, los aumentos en el gas fueron tres: el primero fue dispuesto en septiembre del año pasado, por medio de la Resolución 1070/08 de la Secretaría de Energía. Se promocionó la medida como el camino para subsidiar la nunca respetada garrafa social de $16 mediante un acuerdo con los productores de gas.

El segundo aumento, que autorizó la misma Secretaría por Resolución 1417/08, encareció desde noviembre de 2008 las tarifas “para alentar la alicaída producción de gas natural en las cuencas argentinas”, según la expresión del periodista Oieni en la nota citada arriba.

El tercer incremento es el que se impuso por decreto 2.067/08, que creó un fondo fiduciario para pagar las importaciones de gas, que pagarán los usuarios residenciales afectados, las PYMEs, el comercio y las industrias.

Su imposición por decreto del Poder Ejecutivo es de muy dudosa constitucionalidad, dado que, como hicieron notar muchos perjudicados en sus presentaciones judiciales, mucho más parece tratarse de la aplicación de un impuesto que de una modificación tarifaria.

El presidente de la Unión Industrial de Salta, Guillermo Jakúlica, señaló por otra parte, a un medio periodístico que “lo primero que planteamos es que el nuevo monto a pagar no sea retroactivo. En segundo lugar pusimos en conocimiento el frágil momento económico que atraviesan las empresas, que están tratando de estabilizarse y estas medidas desalientan la producción, ya que representan un cargo y un costo más. Nosotros hacemos un esfuerzo por mantener el nivel de empleo, pero a la hora de recargarnos nadie lo toma en cuenta”.

Desde la UIS recordaron que este nuevo fideicomiso se suma a otros dos anteriores, para los que se dispusieron cargos tarifarios hace dos años y que ningún beneficio ocasionaron, habiendo incluso obras de uno de ellos que nunca se realizaron: el caso del escándalo Skanska.

3. En definitiva, la imposición de este nuevo aumento debe ser revisada en forma exhaustiva por el Congreso de la Nación. Ello no sólo por el motivo constitucional al que me refería más arriba (la naturaleza impositiva de este supuesto “cargo tarifario”), sino porque lo que en definitiva se discute es una política energética nacional, con enormes repercusiones sociales.

Hemos desperdiciado muy buenos años en los que podría haberse fomentado la prospección, exploración y explotación de gas. Se optó entonces por salir a subsidiar, a congelar precios a la producción nacional y a comprar combustible al exterior,  pagando precios que aquí se negaban. Todo ello al amparo de una bonanza que permitía paliar momentáneamente las deficiencias con gasto público.

Ha pasado la bonanza. Nos encontramos ahora conque el mismo gobierno nacional que antes optó por esa política decide abrupta y unilateralmente cuál será la nueva manera de juntar los fondos necesarios para pagar el gas que trae del exterior. Y lo hace cargando fuertemente la tarifa que paga un gran sector residencial (que muy lejos se halla de estar compuesto mayoritariamente por “gente rica”), y elevando a altísimos niveles el costo que representa el gas para algunas empresas.

Se trata de una materia demasiado sensible y demasiado compleja, en la que se han cometido grandes errores.

El Congreso de la Nación no puede estar apartado de su análisis, porque sería desertar de sus funciones esenciales”.
 
Fte Prensa Bloque PPS

 

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