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Salta reclamó a la Corte por jurisdicción sobre desmonte

La Provincia defendió su competencia y descartó toda relación de la actividad agrícola con el alud de Tartagal. La Nación dio las razones por las que demoró 14 meses en reglamentar la ley de bosques.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación se realizó ayer la audiencia pública que fue convocada por los desmontes en Salta. Los ministros del tribunal escucharon las presentaciones de los representantes de las comunidades aborígenes presentados en el expediente, del Gobierno salteño y del Estado nacional.

 

La audiencia pública fue la respuesta a un reclamo planteado por un grupo de particulares, comunidades indígenas y asociaciones criollas de Salta. Según los denunciantes, la Provincia no cumplió con sus “obligaciones legales”, al haber otorgado autorizaciones para el desmonte y al “tolerar las prácticas realizadas en su jurisdicción de manera clandestina”. También atribuyeron responsabilidad al Estado nacional ante “la falta de control”. Los denunciantes son aborígenes y criollos de Rivadavia Banda Sur, Pilcomayo, Orán, Embarcación, Los Blancos y Morillo, Pichanal, Dragones, Hickmann, Pluma de Pato, la cuenca del río Itiyuro, a quienes acompañaron el Obispado de Orán, la FAA y otras entidades.

En la audiencia, el fiscal salteño Ricardo Casalí Rey objetó la participación del máximo tribunal nacional y entendió que la concesión de permisos para el desmonte es “una cuestión de derecho público provincial”, a lo que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, replicó que ese cuerpo analizará oportunamente las cuestiones de competencia. Esto significa que el expediente podría ser girado a la Justicia salteña, pero no se adelantó si convocará a una nueva audiencia o comenzará a trabajar en un fallo. Mientras tanto, está vigente la prohibición para desmontar en la provincia. Ante preguntas puntuales de los ministros de la Corte, tanto autoridades provinciales como nacionales sostuvieron que no existe vínculo directo entre los desmontes y el alud que arrasó parte de la ciudad de Tartagal. Relacionaron la catástrofe con desprendimientos de cerros ubicados fuera de la zona de cultivos.

Casalí Rey señaló que “no hay ninguna base científica que permita asociar el alud con el desmonte”. El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, aseguró que “toda deforestación tiene su incidencia”, aunque aclaró que “en este caso no fue determinante”.

Aludes, talas y controversias

El ministro de Medio Ambiente de Salta, Julio Nasser, descartó que la actividad agrícola tenga relación con lo ocurrido en Tartagal, ya que el desmonte se está produciendo en una región que no tiene pendiente hacia la ciudad. Afirmó que en el cauce de la cuenca media y alta de Tartagal no hay desmonte. El juez de la Corte Juan Carlos Maqueda quiso saber por qué se había demorado 14 meses la reglamentación para la puesta en marcha de la ley de bosques. El secretario Bibiloni respondió que “el proyecto originario era muy complejo, poco federal, muy burocrático, criticado por las provincias y sin apalancamiento económico”. La ley fue reglamentada la semana pasada, aunque desde el mismo momento de su vigencia se habían suspendido todas las autorizaciones de desmonte. El representante de Salta explicó que las autorizaciones se hacen a través de audiencias públicas y con requisitos para la preservación de la flora, la fauna y el agua. Además, señaló que “muchos desmontes se suspendieron”. El abogado Raúl Ferreyra afirmó que “hay desmonte actualmente. Se aprueba el ciento por ciento de los permisos, pese a las impugnaciones de las comunidades aborígenes y las ONG” en unas 195 audiencias públicas realizadas a nivel provincial. El criollo Alfredo Riera, de San Martín, se preguntó: “¿Cómo pueden permitir que al cerro le saquen la selva que actúa como contenedor, y dejan todo piedra y tierra?”.
Las organizaciones negaron que fueran invitadas por las autoridades a las audiencias y sostuvieron que recién se enteraron cuando ya fueron realizadas.
Tartagal está emplazada en la cuenca alta a media, sobre arenas y limos sin estructuración, altamente erosionables. No hay desmontes al oeste de la ciudad, porque allí las pendientes oscilan entre el 5 y el 15 %, y ningún inversor siembra en las laderas.
En 2006, Fundesnoa presentó un informe sobre las causas y las soluciones a los desastres hídricos del arroyo Galarza y los ríos Seco y Tartagal. Hasta el día de hoy no se instaló un solo pluviómetro en la alta cuenca, que comprende 8.400 ha, o sea el 38 % sobre 22.000 ha del total de la cuenca del río. Si no hay datos de lluvias, mal se puede interpretar la dinámica hídrica y, peor aún, no se pueden diseñar racionalmente las obras de regulación y control.

Fte eltribuno

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